La segunda quincena de enero de 2023 comenzó con el lanzamiento del Consejo Asesor Presidencial para la Reactivación Educativa. Como Colegio de Profesoras y Profesores nos sumamos a participar en la instancia para aportar nuestra perspectiva y propuestas, pero hicimos notar de inmediato la fecha en la que se lanzaba.
Es que la segunda mitad de enero de 2023 ciertamente nos parece una fecha tardía para una iniciativa que era urgente instalar al comienzo del año escolar 2022. Múltiples actores educativos advertimos hace un año de la necesidad de afrontar la vuelta a clases presenciales haciéndonos cargo de los dos años de educación a distancia, implementando una priorización curricular, afrontando socioemocionalmente el retorno a las aulas y conteniendo a las comunidades educativas.
Poco de ello se hizo al principio y vimos las consecuencias en la convivencia escolar y el rezago de aprendizajes. Por ello, insistimos en la temporalidad, pues no basta con las buenas intenciones y la dirección de la acción: una buena política pública que llega tarde ya no es tan buena como podría haber sido.
Aquello se hace evidente en el Consejo Asesor presentado esta semana, que además tendrá sus conclusiones en julio de 2023, o sea un año y medio después de iniciado el Gobierno, en pleno segundo año escolar bajo esta administración y cuando quede poco más de la mitad de la actual gestión. Esperamos buenas propuestas del Consejo, pero la tardanza en su llegada y su posterior implementación seguramente reducirán el impacto positivo que podrían tener.
Pero esta situación no se circunscribe solamente al Consejo para la Reactivación Educativa. La verdad es que el Gobierno entero tiene problemas con los plazos. Ciertamente llegó tarde a la crisis de seguridad pública y recién se empezaron a tomar medidas cuando los problemas eran notorios y avanzados. Qué decir de la gestión política o de las reformas clave del programa de gobierno. A casi un año de Gobierno, pareciera que aún se está en una etapa de instalación, sin asumir el sentido de urgencia de la situación actual ni la brevedad de los períodos presidenciales en Chile.
En Educación, qué decir. Además de este Consejo tardío, tenemos tantos otros temas similares. El MINEDUC comprometió una Ley de Reparación a la Deuda Histórica durante el 2022, y el proyecto de ley simplemente no se presentó. Lo mismo sucedió con una iniciativa para mejorar los SLEP, que tienen gravísimos problemas de funcionamiento y seguirán así este 2023, porque el Gobierno no presentó ley alguna al respecto.
Recién para este año se vislumbra un plan de reparación de infraestructura, luego de un invierno en que vimos escuelas sin vidrios en sus ventanas y recién en 2023 llegaremos a 100 comunas con atención de salud mental en las escuelas, de un universo de más de 350 en todo el país.
En definitiva, vemos una buena dirección en este Consejo y en otras iniciativas del Gobierno, pero con una indolencia respecto de los tiempos y los plazos que hace que, al final del día, ya no sean tan buenas esas acciones. Vivimos, entonces, presos de los malos tiempos de un Gobierno.
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