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Las agrupaciones de funcionarias y funcionarios de la Educación Municipal de Penco han iniciado una serie de acciones para clarificar y resolver una sinnúmero de irregularidades de dicha administración sobre los fondos destinados a educación. Sin embargo, ante la nula respuesta del Alcalde, Víctor Hugo Figueroa, decidieron levantar un pliego de demandas afirmando que están comprometidos en tomar un rol activo en la solución de la crisis, pero que no lo están para asumir la responsabilidad de la administración local.

EN QUÉ CONSISTEN DICHAS IRREGULARIDADES

Compras cuantiosas no vinculadas a educación, el pago a funcionarios municipales y el pago de servicios de reparticiones externas a la Dirección de Educación Municipal con recursos destinados a educación. En cifras: El 2014 se gastaron más de 27 millones de pesos en realizar Dioramas de Museo de la Historia de Penco, el mismo año se destinaron más de 11 millones de pesos en realizar el «Libro de Oro de la Historia de Penco» y «la guinda de la torta» fue el 2022, cuando se destinaron más de 178 millones de pesos a pagar sueldos externos.

Bajo ese contexto el petitorio, entregado el día de ayer, demanda en lo medular: traspasar de inmediato aquellos funcionarios que, aun siendo financiados por el DEM, cumplen funciones en otras reparticiones municipales; restituir todas las prestaciones y servicios para los estudiantes de la comuna; trasparentar los gastos realizados en educación durante los últimos cinco años, garantizar los pagos previsionales para los funcionarios de la educación; formación de una mesa de trabajo y cumplir con los compromisos establecidos y firmados por el alcalde en octubre de 2022 referidos a los asistentes de la educación.

A continuación, imágenes de lo que fue la jornada de entrega del Petitorio de Demandas de las y los funcionarios de la Educación a la Municipalidad de Penco:

 

Desde la Escuela República del Perú vecinas, padres, apoderados, profesores y organizaciones medioambientales se movilizaron para decirle basta a las Zonas de Sacrificio. Manifestación que se detonó luego de que cuatro establecimientos educacionales, sin contar un sinnúmero de jardines infantiles, tuvieron que suspender sus clases la semana pasada a raíz de un cuadro de intoxicación provocada por las emaciones de gas de la refinería de la Empresa Nacional del Petróleo. Acción al que se agrega el sumario sanitario que llevará a cabo la Seremi de Salud contra la empresa.

Al respecto el seremi de Salud, Dr. Eduardo Barra le señaló al medio TVU: «Hemos iniciado un sumario sanitario a la empresa ENAP Refinerías S.A, en atención a evento de olores molestos ocurrido el pasado 10 de marzo, producto de una falla operacional, que consistió principalmente en el calentamiento de un estanque que contenía combustible, lo que generó emisiones, colocando en riesgo la salud de la población». Por su parte, el edil de Hualpén afirmó: «Están quemando y tirando al aire un sin fin de contaminantes que no tenemos idea. Este tipo de emergencias han pasado dos o tres veces durante este año, la responsabilidad es tanto de la empresa como del Estado de Chile».

Cabe recordar la refinería tiene una gran prontuario de irregularidades:

• En septiembre del 2013 luego de un proceso de investigación de 10 meses, la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) aplicó una multa a ENAP Refinerías S.A., titular del proyecto “Enap Refinerías Biobío”, consistente en 865 UTA ($ 422.787.780).
• En el 2018 seis ejecutivos de ENAP enfrentaron una querella por la intoxicación de más de 1.400 personas de Quintero-Puchuncaví, Región de Valparaíso, y Talcahuano, Región del Biobío, por la descarga, drenaje y almacenamiento de petróleo proveniente de Irán.
• y hace dos años, el 3 de junio de 2021, sobre la base de denuncias ciudadanas por grandes llamaradas observadas, la SMA fiscalizó y distinguió dos faltas a la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) en la refinería ubicada en Hualpén. Específicamente, se verificó que no se efectuó el reemplazo de una de las antorchas y no se han entregado todos los reportes mensuales de monitoreo de emisiones que están obligados a rendir. Lo primero implicó una formulación de cargos por 588 UTA, y lo segundo, por 277 UTA.

Hechos que para el Magisterio no pueden quedar en la impunidad o restringirse al pago de multas: «Hasta cuándo vamos a aguantar que las comunidades paguen los costos del impacto que tienen grandes empresas en el medio ambiente. El acceso a la educación y vivir en un ambiente libre de contaminación son derechos fundamentales, hasta cuándo vamos a esperar a que el Estado se haga cargo verdaderamente de efectivas fiscalización y tome medidas de mitigación para terminar con estas situaciones que lamentablemente repercuten en la educación de nuestros estudiantes», cerró Carlos Díaz Marchant, presidente del gremio docente.