DIPUTADOS PRESENTARON ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL CONTRA EL MINISTRO FIGUEROA

Hoy en el Congreso Nacional, parlamentarias y parlamentarios de oposición ingresaron la acusación constitucional en contra del ministro de Educación, Raúl Figueroa. El documento está compuesto por tres capítulos donde se le acusa a Figueroa de haber presuntamente infringido la Constitución en el artículo 19 Nº10, referido al Derecho a la Educación; el 19 Nº1, referido al Derecho a la Vida; el inciso segundo del artículo 5, relativo a tratados internacionales, y el artículo 7, relativo al principio de legalidad. Además, de haber vulnerado varios textos legales referidos al retiro voluntario y subvención escolar.

Referente a este último punto, la diputada de Comunes, Camila Rojas, quien lidera la presentación de la acusación, señaló que: “la falta de nueva regulación hizo que muchos establecimientos recibieran en 2020 menos recursos que en un año normal, incluso tenemos casos de escuelas sin financiamiento. Chile es uno de los pocos países que no invirtió más en educación en pandemia, cuando muchos niños, niñas y adolescentes ni siquiera tienen acceso adecuado a la conectividad”.

De hecho en el documento se indica que en pandemia no hubo un aumento de fondos: “la maniobra comunicacional omitió señalar que los beneficiados corresponden sólo a 389 establecimientos educacionales, lo que representa apenas un 7,56% del total de 5.141 establecimientos de educación pública (…). El 48,58% de establecimientos educacionales que reciben subvención del Estado, recibieron menos ingresos el año pandémico 2020 que lo que recibieron el año 2019 por concepto de subvención general. Por su parte, en el caso de los establecimientos municipales, más de la mitad de ellos, un 54,02%, recibió menos recursos”.

Al respecto, el presidente del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile, Carlos Díaz Marchant, recalcó que como gremio apoyan plenamente la acusación pues hay elementos de sobra que la justifican: “en estos tiempos críticos no hubo por parte del Ministro apoyo para los miles de estudiantes que no han tenido conectividad para desarrollar sus clases telemáticas. Tampoco ha cumplido con leyes tan importantes para el profesorado como la Ley de Bono de Retiro y por último, ha puesto en seria dificultad la vida y la salud de las comunidades escolares al tratar de implementar las clases presenciales sin que estén las condiciones para ello”.  Argumento que es avalado por un informe de fiscalización de la Contraloría al “Programa de Retorno a Clases Presenciales de los Establecimientos Educacionales”, el que arrojó un sinnúmero de irregularidades, omisiones e incumplimientos, los que evidentemente reflejan la deficitaria situación en los establecimientos que no garantizan un retorno seguro.