COLEGIO DE PROFESORES REALIZARÁ CONSULTA NACIONAL QUE PODRÍA LLEVAR A MOVILIZACIONES DOCENTES EN TODO EL PAÍS

Con el inicio del Gobierno de Sebastián Piñera, el gremio de los maestros presentó una serie de demandas ante el Ministerio de Educación, que pasaron a ser abordadas en una Mesa de Negociación. Luego de varias semanas de trabajo, el Magisterio pidió una respuesta formal al Petitorio expuesto. La oferta ministerial entregada fue rechazada por la dirigencia docente, que llamó a una Consulta Nacional a todo el profesorado, la que se desarrollará el 4 y 5 de julio próximos.

Entre los puntos planteados por los profesores, se cuentan la Deuda Histórica, el agobio laboral docente, los profesores a contrata, la discriminación a los docentes de educación diferencial, el fin a la doble evaluación, la carrera directiva y otros. Respuesta ministerial fue rechazada por la Asamblea Nacional del Colegio de Profesores, de manera unánime por los casi doscientos dirigentes llegados desde todo el país a la instancia.

La Asamblea Nacional acordó, además, una Consulta Nacional que se desarrollará el próximo miércoles 4 y jueves 5 de julio en todas las escuelas del país, y en la cual pueden votar profesores colegiados y no colegiados y docentes activos y jubilados. Voto considera cuatro preguntas, que abordan el apoyo al Petitorio planteado al MINEDUC, la aceptación o rechazo de la respuesta ministerial, la voluntad de participar en movilizaciones y la forma de resolución final de la negociación con el Ministerio de Educación.

En cada escuela se contará con los votos en papel, urnas, registro de votación y encargados de los comicios que reportarán los resultados al Directorio Nacional. En el caso de los profesores jubilados, deberán acudir a la escuela pública más cercana para ejercer su derecho a voto, el que también quedará oficialmente registrado.

“Hay que pronunciarse sobre el petitorio y sobre la respuesta pobrísima, pobrísima, que entregó el Ministerio como primera respuesta. Tenemos que participar, involucrarnos en este proceso para que podamos conseguir algo”, comentó Mario Aguilar, Presidente Nacional del Colegio de Profesores.

ESTE ES EL VOTO DE LA CONSULTA NACIONAL CON LA QUE EL PROFESORADO EVALUARÁ RESPUESTA DEL MINEDUC

El 4 y 5 de Julio, los maestros de todo el país podrán participar en la Consulta Nacional que realizará el Colegio de Profesores sobre el Petitorio planteado por el gremio docente al Ministerio de Educación y la respuesta ministerial entregada. Voto de la Consulta considera cuatro preguntas que, además, abordan un eventual plan de movilizaciones y cómo evaluar la respuesta definitiva del MINEDUC al profesorado.

VOTO Consulta Negociacion 2018

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MATERIALES PARA LA CONSULTA NACIONAL DOCENTE: EL PROFESORADO EVALÚA LA RESPUESTA DEL MINEDUC AL PETITORIO DOCENTE

El 4 y 5 de Julio el gremio docente evaluará, mediante una Consulta Nacional a todos los profesores del país, la respuesta entregada por el Ministerio de Educación al Petitorio planteado por el Colegio de Profesores. Dicha consulta determinará la aceptación o rechazo de la respuesta ministerial y la eventual realización de un Plan de Movilizaciones. Aquí, los materiales para implementar la Consulta Nacional en todo Chile.

CIRCULAR 26-06-2018

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INSTRUCTIVO ConsultaNegociacion 2018

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VOTO Consulta Negociacion 2018

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REGLAMENTO ESCRUTINIOS Consulta Negociacion 2018

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PADRON COLEGIADOS

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PADRON NO COLEGIADOS

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ACTA ESCRUTINIO ESCUELA

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ACTA ESCRUTINIO COMUNA

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MAGISTERIO SE SUMA A LA ORGANIZACIÓN DE LA INICIATIVA POPULAR DE LEY NO+AFP

El Colegio Profesores participará en el desarrollo de esta instancia, que busca generar un proceso participativo mediante el cual la ciudadanía construirá un Proyecto de Ley con un Nuevo Sistema de Pensiones basado en la Propuesta de la Coordinadora NO+AFP para reemplazar el modelo de capitalización individual de las AFP.

En esta dirección, el Magisterio organizó en la Casa del Maestro de Santiago una jornada de capacitación con delegados de todo el país para abordar cada una de las etapas, contenidos y formas de participación de los docentes en la Iniciativa Popular de Ley (IPL).

Desde mayo la ciudadanía ha participado a través de los Encuentros Sociales que se proponen ser representativos de la mayor cantidad de sectores de la sociedad. Los resultados de estos eventos serán sistematizados por un Equipo Técnico de la IPL para que sean un aporte en el Anteproyecto (la forma de articulado legal de la Propuesta Técnica). A su vez, los Comunales de la Coordinadora Nacional No+AFP y el Frente Sindical – del cual forma parte el gremio docente- organizarán Cabildos participativos para deliberar entre julio y agosto sus propuestas que serán sumadas al proyecto definitivo de la IPL.

La propuesta de No+AFP se caracteriza por un sistema de reparto, solidario y con financiamiento tripartito de trabajadores, empresas y el Estado que se propone reemplazar al sistema de capitalización individual de las AFP.

 

PROFESORES Y PROFESORAS RURALES DISCUTEN SOBRE NUEVA EDUCACIÓN PÚBLICA

El pasado sábado 16 de junio en la Casa del Maestro, ubicada en la comuna de Santiago, el Departamento de Profesores Rurales, a cargo del 2º vicepresidente nacional, el profesor Jaime Gajardo, realizó un encuentro nacional para discutir los alcances de la implementación de la ley 21.040 que crea el Sistema de Educación Pública, en el que participaron tanto dirigentes del Colegio de Profesores como representantes de la Agrupación Nacional de Profesores Rurales.

Los 23 delegados que participaron del encuentro además de conocer los elementos fundamentales de la ley de Nueva Educación Pública, sobre todo aquellos relativos al proceso de traspaso de los establecimientos escolares, pudieron compartir las experiencias vividas durante la implementación de la ley 21.040, ya que entre los participantes había docentes de comunas ya traspasadas, como Coquimbo y Andacollo (SLE Puerto Cordillera); de comunas en Plan de Transición y que al 1 de julio de 2018 ya habrán abandonado la dependencia municipal, como Huasco, Freirina y Vallenar (SLE Huasco) y Nueva Imperial (SLE Costa Araucanía); y finalmente, de comunas que están iniciando el proceso de traspaso, como Arica que a contar del año 2019 formará parte del SLE Chinchorro.

Los y las participantes valoraron el encuentro y coincidieron en que el proceso de Desmunicipalización ofrecerá a la educación pública en general y a la educación rural, en particular, mejores condiciones para su desarrollo*, ya que la ley 21.040 contempla, entre otras cosas, recursos inéditos para la educación pública y la obligación de los nuevos SLE de entregar apoyo técnico-pedagógico a las escuelas*. Sin embargo, los y las docentes señalaron, en base a su propia experiencia, que hay aspectos de la ley que deberían ser mejorados y que el proceso de implementación requerirá de parte de los docentes una actitud de vigilancia.

Las opiniones de los y las docentes respecto a la creación de los nuevos SLE se plasmaron en el trabajo de taller que abordó aspectos de la ley tales como las acciones para el fortalecimiento y mejora del servicio educacional; estrategias y acciones para el traspaso de bienes muebles e inmuebles; acciones para el resguardo de los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras de la educación (traspaso sin deudas), entre otros.

El encargado del Departamento de Educación Rural, Jaime Gajardo, señaló que las conclusiones de los talleres se transformarán en un documento que permitirá realizar encuentros con autoridades ministeriales y de los nuevos SLE, buscando resguardar los intereses del profesorado y fortalecer la educación pública. Finalmente, señaló que “en general, la ley avanza en los 5 puntos definidos por el gremio durante la discusión de la ley de nueva educación pública, es decir, que los establecimientos pasen a una administración estatal; que los docentes tengan la figura de funcionarios públicos; que se paguen todas las deudas antes de los traspasos; que se avance en la creación de una escuela democrática y que termine el sistema de vouchers para financiar las escuelas”. Sin embargo, señaló que “es necesario seguir profundizando estos cambios, sobre todo, avanzar en el financiamiento basal a las escuelas”*.

Finalmente, la presidenta de la Agrupación Nacional de Profesores Rurales, Jeannette Torrealba, agradeció la invitación y señaló la importancia de estos encuentros para visibilizar las características de la educación rural y la importancia que esta tiene dentro del sistema.


* El Colegio de Profesores oficialmente tiene una opinión crítica sobre la Ley de Nueva Educación Pública, que ha sido ratificada por su Directorio Nacional y por la Asamblea Nacional.

ALCALDE DE SANTIAGO SE COMPROMETE A NO CERRAR EL LICEO AMUNÁTEGUI

En reunión con el Colegio de Profesores y con los docentes del centenario recinto educativo, Felipe Alessandri aseguró que “el establecimiento educacional no se cierra, lo que se cierra es el inmueble para reparaciones”. La medida se anuncia luego de la movilización de toda la comunidad educativa por mantenerse unida y asegurar la continuidad del liceo de 128 años ubicado en el Barrio Yungay.

“La comunidad escolar puede tener la tranquilidad de que estamos haciendo todos los esfuerzos, porque así me lo solicitó el Colegio de Profesores, de trasladar a toda la comunidad a un solo establecimiento y ya desde la semana pasada estamos buscando algún inmueble que los albergue. Quedamos de aquí al viernes poder darles una respuesta definitiva, soy auspicioso de que así va a poder ser”, afirmó el edil santiaguino al término de la cita con docentes.

“Hoy día hemos aclarado que el Liceo Amunátegui no se cierra, y es una noticia tranquilizadora. Nos interesa mucho, y así lo han solicitado los profesores y la comunidad educativa, es que el traslado transitorio que se tiene que hacer sea a la comunidad en su conjunto”, comentó Mario Aguilar, Presidente de Colegio de Profesores.

Desde el gremio docente valoraron el anuncio del Alcalde. “Que esto sea una oportunidad de producir una reparación integral a este colegio, nosotros creemos que este es un Liceo que se debe recuperar, si ya está descartada la amenaza de cierre, cosa que celebramos”, agregó el líder de los docentes.

“Esperamos que el Alcalde pueda hacerse cargo de sus dichos y su buena voluntad y encontrar una solución al respecto, pero por lo pronto aún nos falta espacio para poder sentirnos triunfadores, nos faltan elementos concretos”, concluyó el profesor Luis Velarde, Secretario del Consejo Gremial del Liceo Amunátegui.

ATENCIÓN PROFESORES COLEGIADOS: CENTROS RECREACIONALES DEL MAGISTERIO DISPONIBLES PARA VACACIONES DE INVIERNO

Desde el 22 de mayo y hasta el 29 de junio se encuentran abiertas las postulaciones para utilizar los Centros Recreacionales del Colegio de Profesores en El Quisco y Tongoy durante las vacaciones de invierno (16 al 29 de julio). Pueden postular todas y todos los maestros colegiados.

El uso de los Centros Recreacionales del Magisterio es uno de los beneficios que conlleva ser parte de la organización docente y están disponibles durante todo el año para los profesores colegiados. Sin embargo, en épocas de alta demanda el uso de las distintas cabañas se sortea entre todos los maestros interesados, asegurando la rotación entre los profesores.

Las cabañas de los Centros Recreacionales están equipadas, cuentan con un grato ambiente familiar, se ubican dentro de recintos cerrados, y cuentan con piscina y estacionamientos. Para postular al uso durante las Vacaciones de Invierno, puede hacerse una reserva para la semana que más le acomode a los teléfonos 224704213 y 224704232

 

1era Semana de vacaciones: Mes Julio

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
16 17 18 19 20 21 22

2da Semana de vacaciones: Mes Julio

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
23 24 25 26 27 28 29

*Mínimo a reservar por semana: 4 noches

*Máximo a reservar por semana: 6 noches

Tarifas

RECINTO TARIFA (x noche)
TONGOY (8/personas) $36.500
El Quisco (2/personas) $20.500
El Quisco (6/personas) $30.500
  El Quisco (10/personas) $45.000

 

*Informaciones y reservas al: 224704213 – 224704232

“TODOS AL AULA: BUROCRACIA, AGOBIO Y MERCADO EDUCATIVO”

Por Fabián Guajardo M.

Investigador Depto. Educación Colegio de Profesores

 

El Gobierno anunció en los últimos días la presentación de su plan “Todos al Aula”, instancia que gozó de una amplia atención mediática no tanto por su contenido, sino más bien por la conformación de la Comisión de Expertos que encabezará la iniciativa, presidida por Mariana Aylwin, ex ministra de Educación de Ricardo Lagos y conocida figura del mundo democratacristiano.

Las críticas desde parte importante de la oposición centradas en la figura de Aylwin arreciaron significativamente. Más allá de la grandilocuencia verbal, tal crítica tiene escaso sustento. La verdad sea dicha, Aylwin en educación ha sido siempre de una sola línea, impulsando activamente políticas enmarcadas dentro del carácter mercantil del sistema educativo chileno y el carácter subsidiario y evaluador del Estado, sosteniendo la irrelevancia del predominio público o de mercado en la educación. Mal puede sorprender entonces su colaboración con un Gobierno dispuesto a impulsar políticas del mismo signo, ya sin necesidad de presentarlas bajo ropajes progresistas.

Los actores sociales de la educación y las fuerzas de cambio que emergieron en sus luchas no pueden distraerse en la lectura fácil, centrada únicamente en una figura puntual. Aquello es precisamente lo que el Gobierno quiere. Es responsabilidad de las fuerzas de cambio poner sobre la mesa el problema de fondo en esta materia: la postergación de la Educación Pública y la autonomía en el ejercicio profesional docente para que la educación chilena sea, como todos deseamos, de mejor calidad. Conviene en tal sentido prestar cierta atención a la elección del objeto de preocupación: ¿por qué la burocracia y no el agobio laboral docente? ¿Por qué no poner en el centro el nombre que los actores de la educación dieron a las consecuencias pedagógicas de la sobrecarga durante sus movilizaciones del 2014 y el 2015?

Mercantilizar para “desburocratizar”

La apelación al combate a la burocracia como fundamento de legitimación de políticas educativas de mercado ha sido muy recurrente durante las últimas décadas. Sin ir más lejos, uno de los principales argumentos esgrimidos para la privatización de los años ochenta fue precisamente la pesada mochila de la burocracia estatal, incapaz de responder a las múltiples necesidades e intereses de las familias. Así, en nombre de la desburocratización se promovió la entrada masiva de proveedores privados, bajo el entendido que la competencia y los estímulos de mercado a la libre elección de las familias permitirían orientar los esfuerzos de manera eficiente hacia la calidad. También en aras de enfrentar la burocracia se municipalizaron las escuelas públicas, bajo el supuesto de que la administración local permitiría un mayor dinamismo de la gestión y cercanía con las familias en comparación al control centralizado. En el mismo nombre, se equipara a escuelas públicas y privadas en el sistema de subvenciones, de manera de estimular a todas por incentivos a la demanda y a la asistencia de los estudiantes. Finalmente, se dispuso la creación de pruebas estandarizadas que permitirían mostrar objetivamente quienes lo hacían bien y quienes lo hacían mal respecto a objetivos genéricos de aprendizaje.

A mediados de los noventa se repitió la escena. Los gobiernos concertacionistas ya entonces asumieron como propio el sistema de mercado heredado de la dictadura, complementándolo con programas focalizados de mejoramiento hacia escuelas desventajadas y emprendiendo posteriormente una reforma que comprendía la extensión de la jornada escolar y la consiguiente ampliación de la infraestructura de los establecimientos subvencionados. El problema burocrático esta vez se hallaba en la mentalidad de los docentes y de los encargados directivos de la gestión escolar, la mayoría también  pedagogos.

La retórica oficial presentaba a estos actores como anclados en la nostalgia del Estado Docente y su otrora condición de funcionarios públicos, e incapaces de comprender que la educación del siglo XXI demandaba disposición al cambio y voluntad de competir y moverse por incentivos. Se requería, pues, flexibilizar su régimen laboral mediante modificaciones del reciente Estatuto Docente, presentado como un lastre para la gestión eficiente de las escuelas. Se instalan también en este proceso, bajo el discurso de que la reforma “entre al aula”, las primeras iniciativas abiertamente orientadas hacia la tecnificación de la labor docente, comenzando así un largo camino de desprofesionalización del quehacer pedagógico.

Con la llegada de Ricardo Lagos al poder, y la mencionada Mariana Aylwin al Ministerio de Educación, la discusión sobre la burocracia dará un paso más. Frente a las escasas demostraciones de mejora del sistema escolar a partir de las reformas emprendidas en los noventa comienza una intensa y sistemática apelación hacia la necesidad de control y rendición de cuentas por parte de los actores educacionales. Ya el programa de Gobierno de Lagos era explícito sobre este punto, señalando que “Seremos exigentes en todos los aspectos de la calidad y los resultados de la educación. Promoveremos metas altas en todos los niveles; exigiremos que los establecimientos asuman mayor responsabilidad sobre su desempeño y sobre los resultados que obtienen; daremos amplio apoyo a los docentes, y ejerceremos una exigente evaluación de su formación, perfeccionamiento y trabajo en la sala de clase (…) y aplicaremos continuamente medios de evaluación y acreditación de la calidad, sobre todo en el caso de los programas que atienden a los niños y jóvenes de los sectores más vulnerables”.

Así, en nombre de la desburocratización y la rendición de cuentas, la educación escolar chilena se irá convirtiendo en un sistema cargado de paradojas. Con más recursos y capacidades que nunca en su historia, el Estado multiplica su accionar, pero ya no como productor de educación. Ante el predominio privado, la labor estatal se orienta al aseguramiento de la calidad, a dejar que los actores funcionen con autonomía de un plan de orden nacional, pero los obliga a que respondan a los incentivos y exigencias que impone el orden institucional de un Estado Evaluador.

Comienza una carrera por orientar la calidad mas no por producirla. De esta forma se multiplican las evaluaciones, en distintos momentos y a los distintos actores. Las presiones sobre los docentes, en sus evaluaciones o en los incentivos académicos, se instalan en mecanismos que precisamente  están fuera del aula y de la escuela. La planificación y seguimiento de la gestión se vuelve una demanda adicional de trabajo para el conjunto de los actores escolares, especialmente directivos, pero que en muchos casos no pasan de ser rituales de llenado de formularios para obtener recursos que simplemente se usan para que las escuelas sigan funcionando, como sucede en la práctica con los recursos SEP en las escuelas públicas. Se estandarizan los objetivos educativos y los procedimientos, mediante evaluaciones como el SIMCE que han demostrado tener consecuencias nefastas en la reducción de las experiencias de aprendizaje de los estudiantes y ser un aporte muy limitado en orientar decisiones pedagógicas de directivos y docentes. Proliferan también los convenios de gestión y la rendición de cuentas, haciendo que las preocupaciones estén cada vez más en el logro de metas definidas en abstracto, por fuera de la escuela, y menos en el trabajo pedagógico.  

Vinculadas a altas consecuencias –recibir o no asignaciones económicas, continuar o no con el proyecto educativo- esta serie de elementos de evaluación y control constante se vuelve el corazón de las preocupaciones de las escuelas, y no si los niños, niñas y jóvenes desarrollan todas su posibilidades de aprendizaje. El giro de la labor estatal a los aspectos evaluativos, que suponía una solución a la burocracias, conllevó, a la larga más, y peor burocracia para las escuelas. Inclusive, de manera más dramática, es difícil imputar a dichos mecanismos algún tipo de mejora significativa de la calidad en la educación.

No es extraño entonces que en las escuelas se instale una suerte de evidenciofrenia, donde todo requiere de evidencias para rendir cuentas. Hoy a nadie le parece extraño ver a una profesora o profesor que al final de una salida pedagógica o un taller con sus alumnos, comience a sacar  fotos compulsivamente a todo lo que permita demostrar que el trabajo se hizo como se comprometió en el formulario por el cual se aprobaron los recursos para la actividad; o que se intente porfiadamente dar cuenta de una experiencia extracurricular en una rúbrica que demuestra que esa acción sirve para mejorar la lecto-escritura de los estudiantes -que será lo evaluado al final del periodo-.

La verdadera paradoja de “Todos al Aula”

La reforma del último gobierno, de la Nueva Mayoría, no modificó en lo esencial las disposiciones señaladas en los párrafos precedentes. Es más, llevó la lógica del Estado Evaluador y la rendición de cuentas a nuevos ámbitos: el control de los convenios de contratación de los directivos mediante el sistema de Alta Dirección Pública; la instalación del sistema de desarrollo profesional docente basado en evaluaciones ajenas al aula; y la definición de una serie de disposiciones dirigidas a empujar al sistema escolar -en teoría- a mayores niveles de inclusión.

En este escenario, lo realmente llamativo del PlanTodos al Aula del actual gobierno no es la convocatoria de actores partícipes o colaboradores de los gobiernos concertacionistas, como es el caso de la mencionada Mariana Aylwin. La verdadera contradicción está en pretender desburocratizar las escuelas convocando a los mismos actores que han sostenido y promovido una organización del sistema escolar basada en la sobrecarga burocrática, a través de intrincados -y cada vez más sofisticados- sistemas de rendición de cuentas de altas consecuencias hacia las escuelas y hacia los docentes. Se convoca a “devolver la educación al aula” precisamente a quienes han trabajado sistemáticamente en sacarla de allí, a punta de apoyos, incentivos, evaluaciones y presiones orientados de manera externa.

En tal sentido, la presencia de Mariana Aylwin encabezando la comisión del plan, más que un atrevimiento debe ser visto como un cazabobos, en una vuelta al tronco guía de las políticas de mejoramiento y aseguramiento de la calidad escolar que han sido sostenidas de manera continuada en el sistema chileno, ahora sin maquillajes ni retóricas de ajuste.

Entonces, ¿por qué hablar de burocracia y no de agobio? Tal diferencia no es casual. En la definición se juega quién ingresa y con qué autoridad ingresa al aula y el argumento antiburocracia se apresta una vez más a ser enarbolado como sostén para políticas de privatización del sistema, de desprofesionalización de los docentes y la profundización de la acción subsidiaria del Estado. El asunto detrás del agobio es que deja de manifiesto que la rendición de cuentas y el Estado Evaluador en realidad se ha vuelto un impedimento para que los docentes puedan hacer su trabajo pedagógico. No es sólo un asunto de condiciones mínimas para el ejercicio laboral -como el respeto por los tiempos de descanso- sino que la sobrecarga anida precisamente en un sistema atiborrado de evaluaciones desprovistas de sentido pedagógico, en incentivos por desempeño fuera del aula, y en un sin fin de instituciones públicas entregando directrices -a veces contradictorias- sobre qué se debe hacer en las escuelas y fijando metas ajenas al trabajo pedagógico. Este conjunto de mecanismos simplemente generan un escenario que hace imposible que los docentes puedan producir lo que interesa que produzcan: más y mejores experiencias pedagógicas para que los estudiantes chilenos generen aprendizajes significativos.

Está por verse si cuando se habla de “Todos al Aula” se busca abrir la posibilidad real de eliminar presiones en los espacios escolares, o por el contrario se continuará en la porfiada proliferación de éstas. Pero por ahora, en su sencillez, la imagen de una sala atiborrada de gente, de expertos en educación, de asesores técnicos pidiendo el llenado de uno y otro formulario, de tomadores de decisiones diciéndoles a los profesores cómo hacerlo bien, y de encargados ministeriales presionando por el cumplimiento de alguna meta, todos juntos entrado al aula, como el plan lo propone, no puede sino representar el peor de los mundos para las escuelas, más burocracia y más agobio.

OPINIÓN: “EL CIERRE DEL LICEO AMUNÁTEGUI”

Por Álvaro Mardones
Profesor e investigador del Departamento de Educación del Colegio de Profesores

La toma y posterior incendio en parte de las dependencias del Liceo Amunátegui, perteneciente a la Municipalidad de Santiago, permiten al Alcalde Alessandri tener la argumentación mediática y comunicacional perfecta para clausurar un Liceo con 128 años de tradición educativa en el Barrio Yungay de Santiago, con un alto número de estudiantes migrantes que permitió a esta unidad educativa, y otras de Santiago Centro, aumentar la matricula y evitar el cierre por baja subvención y déficit estructural.

Sin embargo, la argumentación incendiaria del Alcalde, tan buena comunicacionalmente, tiene falencias y debilidades jurídicas evidentes. Él se encubre ligeramente de un decreto de la SEREMI de Educación Metropolitana del 10 de Enero del 2010, según el cual la Secretaría Regional Ministerial puede suspender las clases por sismos, cortes de luz, agua o fuerza mayor.

El propio Seremi autoriza, en el caso del Liceo Amunátegui, la suspensión de clases a través de resolución exenta el día 18 de Junio, sobre hechos ocurridos el día 16 del mismo mes. La celeridad de la tramitación de la suspensión es sorprendente, mas aún cuando la misma resolución informa que fue la propia Directora de Educación de la Municipalidad de Santiago quién pidió la suspensión. Y por tanto, me hago las siguientes preguntas al respecto:

  1. ¿Dicha resolución fue un pedido por escrito o meramente verbal de la Directora de Educación de la Municipalidad? La resolución no identifica una carta formal.
  2. ¿Por qué la respuesta tarda solo dos días, siendo que lo normal frente a un pedido administrativo es de 20 días hábiles? ¿Existe un procedimiento exprés disponible para cualquier usuario que requiera los servicios burocráticos de la SEREMI Metropolitana?
  3. ¿Por qué no se informa primariamente a la Superintendencia de Educación? Es esta dependencia la que debe velar si se cumple a cabalidad el derecho a la educación,  y no la SEREMI de Educación. ¿Realizó la denuncia a la Superintendencia de Educación la Directora de Educación del Municipio, como indica la Ley?
  4. Finalmente, ¿la SEREMI Metropolitana de Educación actuó de oficio o por pedido oficial de la Directora de Educación Municipal de Santiago?

El cierre o suspensión indefinida en pleno año lectivo de una escuela es, como dirían los políticos gringos, “ la opción nuclear”. Debe tener herramientas jurídicas y administrativas muy potentes e irrefutables para que evite una reversibilidad por

  • a) impugnación administrativa en la misma SEREMI Metropolitana, quien decreta el cierre técnicamente, ya que esta vulnerando el principio de imparcialidad administrativa entre otras,
  • b) denuncia a la Superintendencia de Educación, por vulneración de derecho a la educación y cancelación masiva de matrículas en forma arbitraria sin proceso administrativo alguno
  • c) Recurso administrativo ante la Contraloría General de la República, por sobrepasar decretos y leyes
  • d) Recurso de Protección ante la Corte de Apelaciones en contra la resolución antojadiza de la SEREMI
  • e) Denuncia al TRICEL al propio Alcalde por notable abandono de deberes, al promover y destruir la educación publica de su comuna. En este último caso puede suponer la pérdida de su condición edilicia.

El Alcalde debe tener espaldas muy anchas de respaldo político del propio Gobierno para actuar con este nivel de despliegue escénico. Sin duda, está poniendo en riesgo su propio puesto alcaldicio. Por su parte, la opinión pública, los estudiantes, docentes y apoderados están ad portas -si el recurso de cierre arbitrario de escuelas es exitoso- de enfrentar el cierre masivo de establecimientos educativos municipales por parte de alcaldes que usan para aquello eventos desgraciados que pueden seguir ocurriendo al interior de las escuelas públicas y, en consecuencia, las SEREMIS de Educación -por medio de resoluciones compulsivas-  terminen clausurando escuelas por situaciones impredecibles o intrigas de dudoso origen.

PRESIDENTE DE COLEGIO DE PROFESORES PRESENTÓ LIBRO SOBRE EDUCACIÓN EN ROSARIO

Este jueves en la Escuela Normal Superior Nº 36 “Mariano Moreno” de Rosario, Argentina, y ante una audiencia de estudiantes de educación primaria, el líder del Magisterio chileno, Mario Aguilar, presentó su libro “Pedagogía de la Intencionalidad. Educando para una conciencia activa”, un texto coescrito con la docente e investigadora Rebeca Bize, en el cual se proponen un nuevo paradigma educativo. En la presentación participó también la investigadora de la Universidad Nacional de Rosario, Cecilia Bixio.

“Pedagogía de la Intencionalidad” ha sido editado en varios países de Latinoamérica y en Argentina ya cuenta con una segunda edición por parte de la destacada editorial educativa Homo Sapiens. El texto inicia con un comentario reflexivo escrito por Humberto Maturana y plantea una concepción original del concepto de ser humano para, desde ahí, plantear nuevos fundamentos para la teoría y práctica educativa.

El sábado 23 de junio, Aguilar realizará el taller “Aplicaciones prácticas de la pedagogía de la intencionalidad” dirigido a estudiantes y educadores en la Jornada de Educación Humanizadora organizada por COPEHU en Parque de Estudio y Reflexión Carcarañá.

 

 

Cobertura de prensa local a presentación: