OPINIÓN: «EL CIERRE DEL LICEO AMUNÁTEGUI»
Por Álvaro Mardones
Profesor e investigador del Departamento de Educación del Colegio de Profesores
La toma y posterior incendio en parte de las dependencias del Liceo Amunátegui, perteneciente a la Municipalidad de Santiago, permiten al Alcalde Alessandri tener la argumentación mediática y comunicacional perfecta para clausurar un Liceo con 128 años de tradición educativa en el Barrio Yungay de Santiago, con un alto número de estudiantes migrantes que permitió a esta unidad educativa, y otras de Santiago Centro, aumentar la matricula y evitar el cierre por baja subvención y déficit estructural.
Sin embargo, la argumentación incendiaria del Alcalde, tan buena comunicacionalmente, tiene falencias y debilidades jurídicas evidentes. Él se encubre ligeramente de un decreto de la SEREMI de Educación Metropolitana del 10 de Enero del 2010, según el cual la Secretaría Regional Ministerial puede suspender las clases por sismos, cortes de luz, agua o fuerza mayor.
El propio Seremi autoriza, en el caso del Liceo Amunátegui, la suspensión de clases a través de resolución exenta el día 18 de Junio, sobre hechos ocurridos el día 16 del mismo mes. La celeridad de la tramitación de la suspensión es sorprendente, mas aún cuando la misma resolución informa que fue la propia Directora de Educación de la Municipalidad de Santiago quién pidió la suspensión. Y por tanto, me hago las siguientes preguntas al respecto:
- ¿Dicha resolución fue un pedido por escrito o meramente verbal de la Directora de Educación de la Municipalidad? La resolución no identifica una carta formal.
- ¿Por qué la respuesta tarda solo dos días, siendo que lo normal frente a un pedido administrativo es de 20 días hábiles? ¿Existe un procedimiento exprés disponible para cualquier usuario que requiera los servicios burocráticos de la SEREMI Metropolitana?
- ¿Por qué no se informa primariamente a la Superintendencia de Educación? Es esta dependencia la que debe velar si se cumple a cabalidad el derecho a la educación, y no la SEREMI de Educación. ¿Realizó la denuncia a la Superintendencia de Educación la Directora de Educación del Municipio, como indica la Ley?
- Finalmente, ¿la SEREMI Metropolitana de Educación actuó de oficio o por pedido oficial de la Directora de Educación Municipal de Santiago?
El cierre o suspensión indefinida en pleno año lectivo de una escuela es, como dirían los políticos gringos, “ la opción nuclear”. Debe tener herramientas jurídicas y administrativas muy potentes e irrefutables para que evite una reversibilidad por
- a) impugnación administrativa en la misma SEREMI Metropolitana, quien decreta el cierre técnicamente, ya que esta vulnerando el principio de imparcialidad administrativa entre otras,
- b) denuncia a la Superintendencia de Educación, por vulneración de derecho a la educación y cancelación masiva de matrículas en forma arbitraria sin proceso administrativo alguno
- c) Recurso administrativo ante la Contraloría General de la República, por sobrepasar decretos y leyes
- d) Recurso de Protección ante la Corte de Apelaciones en contra la resolución antojadiza de la SEREMI
- e) Denuncia al TRICEL al propio Alcalde por notable abandono de deberes, al promover y destruir la educación publica de su comuna. En este último caso puede suponer la pérdida de su condición edilicia.
El Alcalde debe tener espaldas muy anchas de respaldo político del propio Gobierno para actuar con este nivel de despliegue escénico. Sin duda, está poniendo en riesgo su propio puesto alcaldicio. Por su parte, la opinión pública, los estudiantes, docentes y apoderados están ad portas -si el recurso de cierre arbitrario de escuelas es exitoso- de enfrentar el cierre masivo de establecimientos educativos municipales por parte de alcaldes que usan para aquello eventos desgraciados que pueden seguir ocurriendo al interior de las escuelas públicas y, en consecuencia, las SEREMIS de Educación -por medio de resoluciones compulsivas- terminen clausurando escuelas por situaciones impredecibles o intrigas de dudoso origen.
