Sin duda, la Deuda Histórica es uno de los temas más sentidos por los docentes del país. Desde el retorno a la democracia, más de 13 mil profesoras y profesores han fallecido esperando una reparación por parte del Estado pero hasta ahora ningún Gobierno de turno se ha hecho cargo de esta injusticia. Por ello, las dirigentas Elizabeth Ferrada y Cecilia Campos y el dirigente Dario Quezada del Regional Ñuble del Magisterio, junto a una veintena de profesores, realizaron un mitin frente a la Gobernación Regional donde se hicieron una serie de proclamas sobre el tema.

Mientras eso sucedía en la ciudad de Chillán, el presidente regional del gremio, Manuel Chávez, se reunía con la Coordinadora de Trabajadores de la Educación Pública con el fin de organizar, para el día 26 de agosto, una marcha y manifestación en contra de la implementación de los Servicios Locales de Educación: Costa Itata y Valle Diguillín, que se sumarían al de Punilla Cordillera que ya está en tramitación. «Lo que estamos solicitando es suspender este proceso de traspaso a los Servicios Locales de Educación Pública, hasta que se modifique la Ley 21.040 que permita cumplir con lo que decía su espíritu: que es fortalecer la educación pública y que el costo de su implementación no lo paguen los trabajadores», agregó el dirigente. Uno de los gremios más afectados con los traspasos a los SLEP, ha sido el de los Asistentes de la Educación, por ello los gremios en conjunto están exigiendo que el pago del Bono que se les da a los asistentes por entrar a los SLEP se les dé a todos, independientemente bajo qué modalidad de administración trabajen y además, solicitan un plan de retiro permanente de los trabajadores que puedan jubilar.

Cabe recordar que en junio de este año, el Directorio Nacional del gremio docente concurrió hasta la oficina central del Ministerio de Educación para formalizar la posición adoptada por la Asamblea Nacional del Magisterio, según la cual el profesorado exige la postergación de los traspasos a nuevos SLEP en atención a las múltiples deficiencias detectadas en los Servicios Locales que ya están en funcionamiento. En la oportunidad, el presidente nacional del Magisterio, Carlos Díaz Marchant, aseguró que: «la aprobación en el año 2017 de la Ley 21.040, fue un duro golpe a la Educación Pública del país, pues luego de décadas de lucha por desmunicipalizar el sistema educativo y fortalecer la educación pública, se aprueba una ley que le da continuidad a las políticas del mercado de la educación y la precarización de ésta».

En ese sentido, la Coordinadora de Trabajadores de la Educación Pública de Ñuble, exige estabilidad laboral y que el financiamiento de los SLEP sea basal por proyecto educativo, terminando así con la figura del sostenedor; y por otra parte, que se establezca una política de real apoyo y fomento a la educación pública, con un sentido de integración social y de proyecto país donde el Estado se haga responsable de llevar adelante aquellos objetivos.