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Escribo estas líneas en medio de la incertidumbre. Se rumorea un cambio de Gabinete Ministerial desde hace días y quizá cuando esta columna sea publicada aquello ya haya sucedido. Dependiendo del medio de comunicación y del momento, se especula con un cambio en el Ministerio de Educación o con la confirmación de su actual autoridad máxima.

Se inician en estos días, también, las clases escolares. Pero en 15 escuelas de la región de Atacama no, porque los arreglos en su infraestructura se atrasaron tanto que dejaron a estudiantes y docentes sin clases. Por su parte, en Calbuco y en Antofagasta las lecciones no parten bien, por escuelas sucias o en pésimas condiciones. Y en demasiadas comunas del país las maestras y maestros ingresan agobiados desde ya, por las millonarias deudas en previsión y licencias médicas de responsabilidad de las municipalidades, que simplemente por años han robado fondos de los trabajadores de la educación.

Y si de incertidumbre se trata, de eso saben los cientos de profesores que hace años quieren jubilarse y salir del sistema escolar, pero no lo pueden hacer porque el Estado no les paga el Bono de Retiro que les asignó hace años.

O sea, no partimos con las condiciones ideales este año escolar, que resulta ser decisivo. El 2022 vivimos la instalación de un nuevo gobierno que llegó con nuevas directrices para la educación… las que luego de 12 meses han sido ante todo eso, directrices, pero no tanto medidas concretas, acciones, cambios notorios. Si desde el Magisterio hemos abogado insistentemente por el sentido de urgencia, la agilidad, la rapidez, la necesidad de acciones materiales, no solo es por las apremiantes necesidades de nuestro sistema escolar, sino porque entendemos muy bien como funciona nuestra institucionalidad y sabemos que los períodos presidenciales de 4 años requieren de un impulso decidido desde el comienzo, porque 4 años se hacen cortos en temas tan complejos como Educación.

Por ello, este segundo año de gestión de este gobierno es clave. Ya no caben las explicaciones en torno a la instalación, los diagnósticos, las instancias pre-legislativas. Tenemos un Gobierno que ya cumplió sus primeros doce meses y no puede estar eternamente prometiendo resolver más adelante. Este es, sin duda, el año para acometer con la materialización de esas promesas, el año de las iniciativas legislativas y el año de empezar con los cambios concretos, para tener tiempo para el debate, la tramitación, la aprobación y la puesta en marcha durante la segunda mitad de este período presidencial.

Porque una cosa es proponer una ley, otra que se tramite, otra que se apruebe y, finalmente, que se implemente y funcione. Y el Gobierno no tiene un tiempo infinito, menos aún en el área educativa, donde la envergadura del sistema hace que siempre se requiera de importantes recursos materiales y de tiempo.

Por eso, si este Gobierno quiere dejar un legado, marcar un cambio en Educación, este es su año decisivo, el año de implementar las transformaciones prometidas para que sean efectivas. Porque, simplemente, no hay mucho tiempo.

 

Encuentra la columna original en: https://www.biobiochile.cl/noticias/opinion/tu-voz/2023/03/06/2023-un-ano-decisivo-en-educacion.shtml

La segunda quincena de enero de 2023 comenzó con el lanzamiento del Consejo Asesor Presidencial para la Reactivación Educativa. Como Colegio de Profesoras y Profesores nos sumamos a participar en la instancia para aportar nuestra perspectiva y propuestas, pero hicimos notar de inmediato la fecha en la que se lanzaba.

Es que la segunda mitad de enero de 2023 ciertamente nos parece una fecha tardía para una iniciativa que era urgente instalar al comienzo del año escolar 2022. Múltiples actores educativos advertimos hace un año de la necesidad de afrontar la vuelta a clases presenciales haciéndonos cargo de los dos años de educación a distancia, implementando una priorización curricular, afrontando socioemocionalmente el retorno a las aulas y conteniendo a las comunidades educativas.

Poco de ello se hizo al principio y vimos las consecuencias en la convivencia escolar y el rezago de aprendizajes. Por ello, insistimos en la temporalidad, pues no basta con las buenas intenciones y la dirección de la acción: una buena política pública que llega tarde ya no es tan buena como podría haber sido.

Aquello se hace evidente en el Consejo Asesor presentado esta semana, que además tendrá sus conclusiones en julio de 2023, o sea un año y medio después de iniciado el Gobierno, en pleno segundo año escolar bajo esta administración y cuando quede poco más de la mitad de la actual gestión. Esperamos buenas propuestas del Consejo, pero la tardanza en su llegada y su posterior implementación seguramente reducirán el impacto positivo que podrían tener.

Pero esta situación no se circunscribe solamente al Consejo para la Reactivación Educativa. La verdad es que el Gobierno entero tiene problemas con los plazos. Ciertamente llegó tarde a la crisis de seguridad pública y recién se empezaron a tomar medidas cuando los problemas eran notorios y avanzados. Qué decir de la gestión política o de las reformas clave del programa de gobierno. A casi un año de Gobierno, pareciera que aún se está en una etapa de instalación, sin asumir el sentido de urgencia de la situación actual ni la brevedad de los períodos presidenciales en Chile.

En Educación, qué decir. Además de este Consejo tardío, tenemos tantos otros temas similares. El MINEDUC comprometió una Ley de Reparación a la Deuda Histórica durante el 2022, y el proyecto de ley simplemente no se presentó. Lo mismo sucedió con una iniciativa para mejorar los SLEP, que tienen gravísimos problemas de funcionamiento y seguirán así este 2023, porque el Gobierno no presentó ley alguna al respecto.

Recién para este año se vislumbra un plan de reparación de infraestructura, luego de un invierno en que vimos escuelas sin vidrios en sus ventanas y recién en 2023 llegaremos a 100 comunas con atención de salud mental en las escuelas, de un universo de más de 350 en todo el país.

En definitiva, vemos una buena dirección en este Consejo y en otras iniciativas del Gobierno, pero con una indolencia respecto de los tiempos y los plazos que hace que, al final del día, ya no sean tan buenas esas acciones. Vivimos, entonces, presos de los malos tiempos de un Gobierno.

Encuentra la nota en: https://www.biobiochile.cl/noticias/opinion/tu-voz/2023/01/18/los-malos-tiempos-de-un-gobierno.shtml

El cierre de un año siempre da pie para evaluaciones del ciclo que se cumple. En Educación, lamentablemente dicha evaluación está lejos de ser satisfactoria, porque básicamente se trató de un período en el que seguimos a la espera.

Sintetizando al extremo, este 2022 diversos actores educativos planteamos una serie de problemáticas urgentes en el sistema educativo que solo pueden ser abordadas por una gestión gubernamental rápida y decidida. Entre ellas se cuentan las graves deficiencias de infraestructura en escuelas y liceos del país; las dificultades de convivencia escolar; las severas cifras de exclusión y deserción de estudiantes; y las grandes deudas que sufren las y los trabajadores de la educación.

Sobre la infraestructura, desde Marzo de 2022 que planteamos la urgencia de un plan robusto que le hiciera frente a la situación de escuelas cerradas por casi dos años por la pandemia. Documentamos casos de estudiantes en salas sin ventanas, incluso. Recién a fines de este año el MINEDUC anunció un Plan al respecto y está empezando a transferir los dineros. De las obras concretas, esperamos noticias para los próximos meses, recién.

Los problemas de convivencia escolar surgieron casi con el inicio mismo de las clases. Desde el año pasado que advertíamos, desde el Colegio de Profesoras y Profesores, de la necesidad de una vuelta a clases que se hiciera cargo de dos años de educación a distancia y que, por lo tanto, priorizara la contención y el trabajo socioemocional. Aquello no sucedió al principio, se sucedieron hechos de connotación pública nacional, y solo después de eso se avanzó en algunos programas, pero de forma parcial y fragmentada. El cuidado de la salud mental en escuelas y liceos sigue al debe en nuestro país.

Las cifras de exclusión escolar, los datos de miles y miles de estudiantes que salieron del sistema educativo, golpearon a la sociedad en la segunda mitad del año. Todos coincidimos en la gravedad de la situación y la urgencia de enfrentarla, pero no sucede nada concreto al respecto. La única noticia en relación a esta gravísima realidad proviene del Congreso, donde se reactivó por iniciativa parlamentaria un proyecto de ley de subvención de reingreso, que lleva más de un año de tramitación y cuya publicación como norma legal es incierta aún.

Y en lo que tiene que ver con las eternas deudas hacia las y los trabajadores de la educación, hacia quienes sostienen día a día el sistema escolar, las noticias no son tanto mejores. La Deuda Histórica, el agobio, la discriminación salarial a profesoras diferenciales, la Doble Evaluación Docente, son agendas urgentes que no tienen respuesta concreta, aún, y solo han recibido declaraciones de buenas intenciones y ánimos de solución, pero sin proyectos de ley presentados, decretos publicados o medidas concretas al respecto.

La única Ley aprobada por el Ministerio de Educación este año en el Congreso Nacional este año fue la Ley Miscelánea de Educación 2022, tramitada completamente apenas 10 días antes del fin de año y con una fuerte presión de los gremios y organizaciones educativas de por medio. Efectivamente aquella ley es un avance en varias temáticas, pero por su naturaleza se trata de avances valiosos, pero puntuales, específicos, distantes aún de los cambios estructurales que la educación necesita.

En definitiva, este 2022 que se cierra con solo una ley de educación aprobada en todo el año y con una amplísima agenda de deudas pendientes, solo puede ser evaluado, lamentablemente, como un año en que la Educación siguió a la espera.

 

Puedes revisar la columna aquí: https://www.biobiochile.cl/noticias/opinion/tu-voz/2022/12/27/2022-la-educacion-siguio-a-la-espera.shtml

Eduardo González Navarro
Vicepresidente Nacional
Colegio de Profesoras y Profesores de Chile.

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No contento con un primer video, Mario Aguilar, en su intento (ya casi desesperado por lo que se ve) por lavarse las manos sobre el grave hecho en el que incurrió al vulnerar el derecho de un trabajador y despedirlo sin respetar la institucionalidad del gremio (no le consulta a ningún dirigente nacional) sacó un segundo video, en donde vuelve a responsabilizarme por haber ser testigo, como dirigente nacional, en el juicio laboral que involucraba al mismo colegio de profesores y profesoras.

Ante esta situación, me veo obligado a señalar mi opinión.

Al respecto es importante señalar que el primer dirigente nacional en la historia que fue «testigo» en un juicio laboral que implicaba al Colegio de Profesores, es decir, se testificaba en contra del gremio, fue Mario Aguilar, siendo, el mismo, dirigente nacional. Por entonces, era presidente Jaime Gajardo y Aguilar se presentó en tribunales como el insigne defensor de una trabajadora a honorarios despedida por el gremio. Años más tarde, misma situación, pero con el poder de ser presidente, verdugo de un trabajador a honorarios. Cuando él lo hace, está bien. Cuando otro lo hace, está mal. ¿Cómo se explica eso? ¿oportunismo? ¿doble moral? El lector podrá establecer su propia conclusión. Lo que sí está claro es que devela quien está mintiendo en esta historia y como se busca eximir las responsabilidades.

Respaldo de juicio cuando Mario Aguilar fue testigo en juicio laboral

Ante todo, soy trabajador y dirigente sindical y no gerente de una empresa como algunos dirigentes entienden al Colegio. ¿Qué prima en estos casos? ¿Un dirigente nacional debe tener prohibido ser testigo en un juicio laboral que afecta al mismo gremio? ¿Prima el ser «jefe» o ser trabajador y dirigente sindical? Nunca estuve de acuerdo con la vulneración de derecho del despido y el acta de directorio (N° 91, dic. 2020, pag. 6) así lo comprueba. Ese año sostuve:

¿Es que un trabajador a honorarios no tiene derechos? ¿La precarización laboral justifica hacer lo que se quiera con un trabajador que lleva más de 10 años boleteando? Al menos preocupante, que un ex presidente nacional siga justificando que por «necesidades de la empresa», es decir, la causal de despido que creó el Código del Trabajo de la dictadura militar se despidió.

No me arrepiento de haber manifestado mi voluntad de ser testigo; por el contrario, el máximo honor que puede tener un dirigente es defender a un trabajador; es una obligación ética y sindical realizarlo. Es una vergüenza que una organización de trabajadores vulnere derechos laborales y no estoy dispuesto a ser dirigente de una organización que así opere. No me presto ni prestaré para ello. No tengo doble moral: un discurso y videítos para afuera aparentando ser el paladín de la justicia y en mi casa ser un explotador.

El Directorio Nacional obró bien, así lo ratifica que 7 de 9 dirigentes nacionales se pronunciaran a favor. Y de esos 7 dirigentes, 3 dirigentes son del mismo sector político de Aguilar. Más claro echarle agua. Es decir, acá no hay una confabulación de unos contra otros. Mayoritaria y transversalmente hay acuerdo sobre lo ocurrido, las responsabilidades y la forma de resolución, todo orientado por un informe de los abogados del gremio.

Lamentable que el ex presidente nacional insista en mantener instalada la polémica públicamente, alimentando a El Mercurio, sacando ya dos videos. ¿Habrá una intensión de querer posicionarse para las elecciones del próximo año, a las cuales, por cierto, yo no voy? El lector tiene la palabra.
La mentira tiene patas cortas.

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Publicada en resumen.cl el 16 de diciembre de 2022: https://resumen.cl/articulos/la-mentira-tiene-patas-cortas-a-proposito-de-mario-aguilar

Esta semana, como tantas otras veces, ha vuelto a ser noticia el Conservador de Bienes Raíces de Santiago y la extensa red de favores que desarrolla vía contratación de parientes y amigos en sus dependencias, que son un servicio público entregado a la administración de un particular para lograr supuestas ventajas para todos pero que, en la práctica, terminan siendo favores para unos cuantos privados y problemas para todo el público. Esto que no es nuevo en materias de Bienes Raíces pasa también en Educación, y con consecuencias tanto más graves.

La idea de que un particular administre y sostenga un servicio público que provee bienes públicos necesarios para toda la comunidad no solo está a la base del sistema de Notarios y Conservadores en Chile, sino que también se exportó al mundo de la Educación a través de la creación de las Corporaciones Municipales de Educación. La lógica impuesta decía que, en vez de fortalecer y agilizar los Departamentos Municipales de Educación, debían crearse Corporaciones de Derecho Privado que recibieran los fondos públicos municipales destinados a Educación y los administraran con las reglas de cualquier entidad privada, permitiendo con ello más eficiencia, rapidez, ahorro y tantas otras ventajas de lo privado frente a lo estatal, en teoría.

Por supuesto, el resultado de ello ha sido un desastre. Si en Notarios y Conservadores se vive un monopolio legal, tarifas abultadas, mala atención y tramitación lenta, en Educación las consecuencias de este modelo privado sobre un servicio público son bastante más severas. De partida, las Corporaciones Municipales están violando hoy, día a día, derechos fundamentales de trabajadoras y trabajadores de la Educación, en tanto les privan a maestras y maestros de su sueldo y de cotizaciones previsionales, lo que redunda directamente en perjuicio de su derecho a la seguridad social.

Escribo estas líneas desde Chiloé, provincia icónica al respecto, pues prácticamente todas las comunas de la zona convirtieron sus Departamentos de Educación Municipal en Corporaciones, y en prácticamente todas esas comunas hay problemas de pagos de sueldos y, sobre todo, de pago de cotizaciones previsionales, que están afectando ahora mismo a cientos de docentes, pero que les afectarán aún más en los próximos años cuando no puedan jubilar porque lisa y llanamente no tienen fondos en su AFP para hacerlo. Si el sistema de pensiones chileno ya es malo, imagínese como es enfrentarlo con lagunas de años, lagunas producidas por la inoperancia de Corporaciones que basadas en «lo privado» iban a ser más eficientes y terminaron siendo todo lo contrario.

El no pago de cotizaciones es solo uno de tantos problemas de estas Corporaciones, que administran mal la educación de nuestro país, despilfarran fondos y, más encima, cargan con un manto de dudas sobre cómo se las utiliza como aparatos de favores políticos de las autoridades de turno, ya que al ser Corporaciones de Derecho Privado se hace más difícil la fiscalización por parte de la Contraloría, el Concejo Municipal u otras instancias que podrían verificar lo que sucede en cada una de estas instituciones.

En síntesis, la aplicación de la lógica privada en lo que debiese ser un servicio público de excelencia golpea tanto a los Notarios y Conservadores como a las Corporaciones de Educación, generando pésimos resultados. Es hora, pues, de avanzar en una administración y sostenimiento directo del Estado, con las mejores prácticas, las mayores garantías, el financiamiento correcto y todo aquello que constituye un servicio público de excelencia, como debe ser. Si no, seguiremos teniendo favores entre privados y unos gigantescos problemas públicos.

 

Puedes revisar la columna aquí: https://www.biobiochile.cl/noticias/opinion/tu-voz/2022/12/02/favores-privados-problemas-publicos.shtml