«LAS FAKE NEWS SOBRE LIBERTAD DE ENSEÑANZA Y EDUCACIÓN PARTICULAR SUBVENCIONADA EN LA NUEVA CONSTITUCIÓN»

Por Eduardo González Navarro, Vicepresidente Colegio de Profesoras y Profesores, Encargado Departamento Educación Particular Subvencionada, Mg. en Educación.


La propuesta educativa que contiene la Constitución Democrática que se plebiscita el próximo 4 de septiembre aborda diversos aspectos: derecho a la educación, fines y principios educativos, sistema nacional de educación, financiamiento, participación, educación pública, entre otros. De estos temas, la regulación sobre libertad de enseñanza y educación particular ha sido objeto de fuertes críticas por parte de la derecha, sus medios de comunicación y los dueños de colegios privados. Son dos las fake news que se pretenden instalar por estos sectores, a saber: a) que no existirá libertad de enseñanza b) la educación particular desaparecerá imponiéndose un solo modelo educativo, estatal y homogeneizador.

Lo primero que habría que señalar es que la propuesta constitucional, sí consagra la libertad de enseñanza. En efecto, el articulo 41 afirma explícitamente: «La Constitución garantiza la libertad de enseñanza y es deber del Estado respetarla. Ésta comprende la libertad de padres, madres, apoderados y apoderadas a elegir el tipo de educación de las personas a su cargo, respetando el interés superior y la autonomía progresiva de niños, niñas y adolescentes. Las y los profesores y educadores son titulares de la libertad de cátedra en el ejercicio de sus funciones, en el marco de los fines y principios de la educación».

Como es evidente, la Libertad de Enseñanza implica la libertad de las familias para escoger el tipo de educación de sus hijos e hijas y la libertad de cátedra de las y los docentes. En ambos casos, esta libertad tiene límites que son el respeto a las y los niños, entendidos como sujetos de derecho y en el caso de los docentes, el circunscribirse a los fines y principios educativos, es decir, no pueden adoctrinar ni violar la conciencia de sus educandos.

Esta concepción de libertad de enseñanza tiene, entre otros aspectos, dos diferencias significativas respecto a lo establecido en la constitución de Pinochet:  a) la actual propuesta pone en su centro a las familias por sobre la libertad de empresa educativa que asegura la constitución del 80’, b) la forma de comprender los límites de la libertad de enseñanza en la constitución dictatorial es totalmente alejada de la educación. «No tiene otras limitaciones -dice- que las impuestas por la moral, las buenas costumbres, el orden público y la seguridad nacional». En su contraparte, la propuesta actual entiende los limites desde el derecho a la educación: los niños /niñas como sujetos de derecho y docentes orientándose por los propósitos educativos definidos por el país democráticamente.

Es evidente que no estamos en presencia del fin de la libertad de enseñanza, sino que de una nueva forma de comprenderla. Pasamos de una concepción ligada a la empresa educativa a una fundada en un enfoque de derechos, pedagógica y democrática.

La literatura internacional sobre la Libertad de Enseñanza incluye un tercer aspecto no explicitado en la actual propuesta constitucional, lo que no implica, por cierto, que no existirá. Nos referimos a la libertad que tienen los particulares para fundar establecimientos distintos a los del Estado. Cabe señalar que esta libertad había sido aprobada por la Comisión de Derechos Fundamentales el día 5 de mayo y, por tanto, fue presentada para su votación en el Pleno de la Convención el día 11. En efecto, el inciso tercero del artículo 19, señalaba explícitamente que la Libertad de Enseñanza comprendía «la libertad para crear y gestionar establecimientos educativos, en el marco de los fines y principios de la educación, de conformidad a la ley». Al momento de la votación de este inciso, la derecha lo rechazó (Arancibia, Canturias, Cubillos, Marinovic, Moreno y Zúñiga, entre otros) no lográndose, por tanto, los 103 votos requeridos (quorum de los 2/3) para su aprobación, siendo esta la razón del por qué explícitamente este punto no figura en la propuesta constitucional.

 

Cuadro de votación inciso 3, art. 19 en el Pleno de la Convención día 16 de mayo.

 

Ahora bien, el hecho que no figure de manera explícita la libertad de un privado para fundar un colegio ¿significa que esta libertad desaparecerá y que por tanto toda la educación estará en manos del Estado? No. Básicamente por dos razones: a) la misma propuesta constitucional que se plebiscitará reconoce esta libertad en el artículo 36 que crea el Sistema Nacional de Educación. Allí se afirma: «El Sistema Nacional de Educación estará integrado por los establecimientos e instituciones de educación parvularia, básica, media y superior, creadas o reconocidas por el Estado… La ley establecerá los requisitos para el reconocimiento oficial de los establecimientos educacionales».  Es decir, el SNE se compone de instituciones públicas («creadas» por el Estado) y por privadas («reconocidas por el Estado») y, al igual como lo establece la constitución del 80, los requisitos para el reconocimiento oficial serán, por razones obvias, materia de una ley.

Como segunda cuestión, es importante recordar lo señalado por la ley 21. 200 en cuanto a que «el texto de Nueva Constitución que se someta a plebiscito deberá respetar … los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes». Entre estos tratados está, entre otros, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en cuyo artículo 14, punto 4, se indica que los Estados no pueden restringir «la libertad de los particulares y entidades para establecer y dirigir instituciones de enseñanza», agregando que «la educación dada en esas instituciones» debe ajustarse «a las normas mínimas que prescriba el Estado».

Como queda claramente expuesto, la propuesta educacional de la nueva constitución resguarda la libertad de un privado para establecer una institución de enseñanza.

Por consiguiente, el sistema educativo que se propone sitúa en su centro el pluralismo y la libertad de las familias para escoger el tipo de educación para sus hijos e hijas. Señalar lo contrario, solo se explica por fines políticos que buscan crear un clima favorable al rechazo en el plebiscito. Los datos reales y concretos desmienten la postura de los dueños de colegios y las fake news de la derecha.

Con respecto al financiamiento público a instituciones educativas privadas se viene sosteniendo que, de aprobarse la nueva constitución, el Estado acabará con los colegios particulares subvencionados. Falso también. Para que eso ocurra, el Pleno de la Convención Constitucional debió haber admitido, el 16 de mayo, la indicación número 48 que señalaba: «El Estado no participa del financiamiento al sector privado de la educación». Esto no fue aprobado, por tanto, no está en la propuesta de nueva constitución.

Por el contrario, la Comisión de Derechos Fundamentales presentó al Pleno la propuesta de otorgar, bajo el cumplimiento de altas exigencias y regulaciones, financiamiento público a instituciones educativas privadas (particular subvencionado). Esta propuesta se expresó en el artículo 20, ter. Al momento de la votación de este artículo la derecha lo rechazó (Fontaine, Cretton, Canturias, Montealegre, Cubillos, Marinovic, Moreno y Zúñiga, entre otros) no lográndose, por tanto, los 103 votos requeridos (quorum de los 2/3) para su aprobación, siendo esta la razón del por qué no figura en la propuesta constitucional el financiamiento a la educación privada.

 

Cuadro de votación art. 20, ter. en el Pleno de la Convención día 16 de mayo.

 

Ahora bien, el hecho que no figure en la propuesta constitucional el aporte en financiamiento público a privados ¿significa que estos colegios cierran, se quedan sin financiamiento y habrá despidos masivos si se aprueba la nueva Constitución? No. En lo esencial se deben considerar dos cuestiones. En primer término, regular en la Constitución el aporte estatal para financiar a la educación privada no es materia constitucional. No es una obligación. Es más, prácticamente ninguna constitución del mundo lo hace, ni siquiera la del 80’. La observación general número 13, del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su párrafo 54, indica expresamente que los Estados no tienen la obligación de financiar establecimientos educacionales de carácter particular. Esta directriz internacional ha sido ratificada en Chile por el propio Tribunal Constitucional en su sentencia rol número 2787-15, considerando 96.

La razón de lo anterior radica en una distinción fundamental: si bien el Estado debe garantizar la posibilidad de elegir establecimientos educacionales distintos a los estatales junto con la obvia perspectiva de fundarlos, no está obligado a asegurar su sostenimiento económico. Esto es lo que establecen todos los tratados internacionales que se pronuncian sobre la materia.

De la no obligatoriedad constitucional que existe sobre el Estado para financiar a proyectos privados, no se sigue la prohibición de no hacerlo. El asunto es simple: esta no es materia constitucional, sino que, de política pública, es decir, de ley. Esto queda claramente ratificado en el Artículo Trigésimo Primero Transitorio de la Propuesta Constitucional, donde se indica que: «La ley que crea el Sistema Nacional de Educación deberá contemplar la regulación del financiamiento basal de las instituciones que forman parte del Sistema de Educación Pública y el financiamiento de aquellas instituciones que cumplan con los requisitos que establezca la ley y sean parte del Sistema Nacional de Educación, según lo dispuesto en el artículo 36 del capítulo de Derechos Fundamentales…» El plazo para este mandato es de 24 meses a partir de la entrada en vigencia de la Constitución.

Finalmente cabe señalar que la propuesta constitucional, siguiendo las orientaciones de los tratados internacionales en materia educativa, establece normas básicas y del todo razonables para regular a la educación privada que pueda recibir recursos públicos. Estas son las siguientes: a) estar exentos de toda forma de lucro; b) regirse por los fines y principios educativos que aseguran el derecho de todas y todos los niños a recibir una educación integral en el marco de un objetivo general, público y común de país, es decir, por sobre el interés ideológico particular de cada dueño de colegio como hoy ocurre, c) democratizarse, dado que las comunidades tendrán derecho a la participación vinculante, elemento que hoy no aplica en las escuelas particulares subvencionadas en donde reina derechamente un despotismo y autoritarismo de los sostenedores dueños de colegios. En ese sentido habría que preguntarse ¿por qué negarse a la participación democrática de las familias, docentes, asistentes y estudiantes?  y, d) respetar la igualdad de derechos que pasarán a tener los docentes y asistentes de la educación, cuestión que pone fin a la discriminación odiosa que hoy opera del momento que, ante el mismo trabajo y funciones, las y los trabajadores de este sector tienen derechos inferiores, asunto fuera de todo sentido común dado que es el Estado, con fondos públicos, el que paga sus sueldos.

Quienes promueven el rechazo usarán todos los medios para manipular. Con ese fin, el sector particular subvencionado en donde estudia más de un millón de niños y niñas se presenta como un «nicho» relevante para sembrar miedo en las familias. Ad portas del plebiscito del 4 de septiembre es importante no dejarse engañar. La propuesta educativa de la nueva constitución consagra a la educación como un derecho humano y asume el desafío de reconstruir la educación pública y en ello, comprender el rol colaborador que debe cumplir el sector privado, como ocurrió en Chile hasta antes de la implantación del fanatismo neoliberal. Una razón más para Aprobar.

 

COLUMNA DE CARLOZ DÍAZ: «AHORA FUE UN PROFESOR ELECTROCUTADO, MAÑANA QUÉ?»

El viernes 3 de junio el profesorado se sobresaltó con una noticia impactante: un docente del Servicio Local de Educación Pública de Barrancas sufrió un choque eléctrico al cerrar un portón de su escuela, ubicado justamente en el área donde circulan los estudiantes más pequeños que concurren a dicho establecimiento.

Si bien el docente logró sobrevivir a la fuerte descarga eléctrica, la situación reviste la mayor gravedad, porque se trata de un serio accidente laboral en un lugar que por su naturaleza debería brindar las mayores condiciones de seguridad para el alto número de personas que ocupa diariamente el espacio: cientos de estudiantes, maestros y trabajadores de la educación.

Al ahondar en las causas de la severa descarga eléctrica, la estupefacción no hace más que aumentar: la raíz del choque energético está en las precarias condiciones de infraestructura de la escuela, que tiene su sistema eléctrico montado básicamente sobre una interminable red de alargadores, enchufados unos con otros y que el cuerpo docente ha denunciado desde hace más de ¡tres años!

Sí, como se lee: desde ¡antes de la pandemia! que el profesorado de esa escuela viene denunciando ante las autoridades del SLEP local la urgente necesidad de poner atajo a la mala red eléctrica del establecimiento y hasta el día de hoy no hay soluciones.

Lo dijeron antes de la pandemia, pasó toda la nefasta gestión del Ministro Figueroa y sus inconducentes llamados a clases presenciales sin condiciones para ello, pasaron los supuestos arreglos en las escuelas, llegó un nuevo Gobierno, se anunciaron planes de recuperación de infraestructura y todavía en la Escuela Finlandia de Pudahuel esperan tener algo tan elemental como un sistema eléctrico que no electrocute a las personas.

Los docentes lo dijeron hace tiempo y este viernes sucedió, por suerte sin consecuencias fatales. ¿Pero mañana qué?

Esta peligrosa situación sucedida en el territorio del SLEP Barrancas ilustra con gravísima certeza todas las demandas que como Colegio de Profesoras y Profesores hemos levantado en torno a la infraestructura de las escuelas de todo Chile: vivimos una crisis de condiciones materiales en los establecimientos educativos.

En Pudahuel es el sistema eléctrico; en la Región de La Araucanía son las ventanas sin vidrios en el corazón del Sur del país, con sus bajísimas temperaturas; en Quinta Normal son las aulas con goteras que inundan las salas; en la Región del Bío Bío son los pabellones completos inutilizados porque se llueven.

Los ejemplos se cuentan por decenas y confirman la urgente necesidad de tomar medidas fuertes, inmediatas y contundentes al respecto. Se trata, en definitiva, de terminar con el abandono de la Educación, especialmente en su faceta más concreta y material, aquella donde se juega algo tan elemental como que nuestros estudiantes y docentes puedan estudiar sin frío y sin el riesgo de electrocutarse. Pero se trata de hacerlo ahora, ya, con la urgencia debida.

En los medios se habla de la violencia escolar, pero se mencionan poco estos casos. ¿Y acaso electrocutarse en la escuela donde se trabaja no es violento? ¿si esto no es violencia, qué es? Si hoy se electrocutó un profesor ¿mañana qué?


Columna de opinión semanal en Bio Bio de Carlos Díaz Marchant, Profesor y Doctor en Educación, Presidente del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile.

Publicada originalmente en: https://www.biobiochile.cl/noticias/opinion/tu-voz/2022/06/06/ahora-fue-un-profesor-electrocutado-manana-que.shtml

«EDUCACIÓN EN LA NUEVA CONSTITUCIÓN: SIETE RAZONES PARA APROBAR»

Por Eduardo González Navarro, Vicepresidente Colegio de Profesoras y Profesores, Mg. En Educación. Diplomado en Cambio Climático.


Estas breves notas tienen como propósito contribuir a la comprensión profunda de la transformación democrática que contiene la Propuesta de Nueva Constitución en materia educativa; transformación que justifica el por qué debemos Aprobar el próximo 4 de septiembre.

UNO: Se establece a nivel constitucional el Derecho a la Educación, entendido como un derecho social fundamental. Son sujetos de éste todas las personas. El resguardo de este derecho será función «primordial e ineludible del Estado». Estas formulaciones que pueden aparecer obvias en el escenario internacional, no estaban contenidas en la Constitución del 80, la cual llegó al fanatismo de negar a las y los niños como sujetos del derecho a la educación y de entender a la educación como un bien de consumo e inversión.   

DOS: Se establece una clara definición sobre educación y sus fines y principios. La propuesta conceptualiza la educación como un «proceso de formación y aprendizaje permanente, a lo largo de la vida» e «indispensable para el ejercicio de los demás derechos». Tiene propósitos sociales e individuales. Está vinculada al desarrollo del país basado en la «justicia social, respeto de los derechos humanos, convivencia democrática entre los pueblos, con conciencia ecológica, sin discriminación». Su fin individual apunta a una educación integral del ser humano considerando su «dimensión cognitiva, física, social y emocional». En cuanto a los principios, se establece que serán la «cooperación, no discriminación, inclusión, justicia, participación, solidaridad, interculturalidad, enfoque de género, pluralismo y no sexista», desplegándose éstos de forma «contextualizada, considerando la pertinencia territorial, cultural y lingüística». Es decir, junto con establecer una experiencia formativa básica e integral para todas y todos los niños del país, independiente de su condición socioeconómica, se avanza en un principio central para todo sistema educativo: la diversidad entendida desde una perspectiva pedagógica (no economicista como hoy) ligada a las distintas realidades en que se inserta la escuela. Nada de esto, por cierto, figura en la actual constitución del 80. 

TRES: Para implementar el derecho a la educación se crea un Sistema Nacional de Educación (SNE) al cual se adscriben todas las instituciones, privadas y públicas, tanto del ámbito escolar como superior, las cuales deben ser democráticas y tendrán prohibida toda forma de lucro. Es una mentira infame lo que acusa la derecha al señalar que no habrá educación privada, puesto que este SNE la reconoce.

Todas las instituciones que conforman el SNE deberán regirse por los fines y principios de la educación, es decir, se resguarda el desarrollo de un proyecto educativo al servicio del conjunto de los intereses del país lo que está lejos de ser un proyecto único u homogeneizador. Todo lo contrario, como nunca antes se instala en el sistema educativo el equilibrio entre la diversidad (contextualización) como eje del sistema escolar junto a un proyecto compartido de interés general que se sitúa por sobre los intereses particulares.

Al interior del SNE, es el Sistema de Educación Pública el que tendrá el rol estratégico, estableciéndose la obligación constitucional del Estado de «fortalecer» y «ampliar» este sistema. En efecto, haciéndose cargo de la profunda crisis a la que las políticas de mercado llevaron a la educación pública, promovida por la constitución del 80, la propuesta constitucional democrática establece el «deber primordial del Estado» respecto de ella, para lo cual se establece un financiamiento «permanente, directo, pertinente y suficiente, a través de aportes basales». Es decir, se pone fin a una cuestión que no existe en otra parte del mundo y que nunca en la historia de Chile había ocurrido: mismo tipo de financiamiento para la escuela pública y privada, que lejos de aumentar la excelencia del sistema educativo solo trajo consigo hacer de la educación un negocio. El voucher sale de la educación pública.

CUATRO: Se democratizan las escuelas (públicas y privadas) que forman parte del SNE, al establecerse el derecho de las y los integrantes de cada comunidad (familias, docentes, asistentes de la educación, estudiantes) a la participación «vinculante». Los ámbitos de acción serán: «definiciones del proyecto educativo y en las decisiones de cada establecimiento, así como en el diseño, implementación y evaluación de la política educacional local y nacional». Dicho de otro modo, se fortalecen las «comunidades escolares» y se enfrenta el profundo despotismo que hoy reina en las escuelas. En el caso concreto de las familias hay un viraje fundamental: pasan de ser entendidas como consumidoras y clientes a sujetos de derecho. Es la comunidad y no el «dueño del colegio» la que pasa a tomar protagonismo de los procesos educativos. El derecho a la educación implica la participación democrática. Por cierto, la actual constitución dictatorial ni una palabra dedica a este tema.

CINCO: «La Constitución garantiza la Libertad de Enseñanza y es deber del Estado respetarla», señala explícitamente la propuesta. Asimismo, se consagra la libertad de «padres, madres, apoderados y apoderadas a elegir el tipo de educación de las personas a su cargo, respetando el interés superior y la autonomía progresiva de niños, niñas y adolescentes». El giro fundamental de esta forma de entender la Libertad de Enseñanza es poner en su centro a las familias por sobre la libertad de empresa educativa y el negocio que asegura la constitución del 80.

SEIS: Se reconoce el rol de docentes y asistentes de la educación para la garantía del derecho a la educación, estableciéndose algo fundamental: la igualdad de derechos ante mismas funciones. Todo lo contrario a lo que se deriva de la constitución dictatorial del 80.

SIETE: Las instituciones que integran el sistema de educación superior tendrán prohibida toda forma de lucro, y deberán guiarse por los fines y principios educativos. Junto a ello, se establece el principio de gratuidad con respecto a los procesos formativos que conducen a la obtención de títulos.

En definitiva, la propuesta educativa que contiene el borrador de Nueva Constitución Democrática que se plebiscita el próximo 4 de septiembre establece un avance fundamental: reorienta a Chile hacia el camino de lo que establecen los tratados internacionales sobre el derecho a la educación, superando ampliamente las definiciones de la constitución dictatorial que consagran la privatización escolar. Parafraseando al importante filósofo chileno Carlos Ruiz Schneider, nuestro país inicia el tránsito de una concepción de la educación de mercado a una republicana democrática. Pero esto es una propuesta, la tarea inmediata para hacerla viable es Aprobar por el Derecho a la Educación en el plebiscito de salida.

«NUEVA CONSTITUCIÓN, NUEVA EDUCACIÓN»

El miércoles 11 de mayo el Pleno de la Convención Constitucional aprobó una serie de normas sobre Educación presentadas en el Segundo Informe de la Comisión de Derechos Fundamentales. Se trató de una aprobación histórica, porque entraron al Borrador de la Nueva Constitución múltiples demandas del movimiento estudiantil y el movimiento social por la educación, que han hecho que cientos de miles de ciudadanas y ciudadanos se hayan movilizado por las calles de todo el país durante los últimos años.

Recordemos que, en Educación, el Siglo XXI partió con el Mochilazo del año 2001, siguió con la Revolución Pingüina del 2006, continuó con las movilizaciones estudiantiles del 2011, prosiguió con las movilizaciones docentes del 2014 y 2015 y tuvo su punto cúlmine con el gran Paro Docente del 2019 que antecedió al Despertar de Chile de octubre de ese año, que nos tiene ahora en un Proceso Constituyente y ad portas de una Nueva Constitución.

Y todas esas movilizaciones educativas coincidieron en una serie de demandas que fueron aprobadas el 11 de mayo por la Convención Constitucional. De partida, se aprobó garantizar constitucionalmente el Derecho a la Educación, convirtiendo en norma constitucional el grito tantas veces cantado en las calles de Chile de «La Educación es un Derecho, no un privilegio».

También, se elevó a rango constitucional el papel ineludible del Estado en Educación, materializando el anhelo de un Estado presente en un sistema educativo sistemáticamente abandonado. Y, en esa línea, se instauró un nuevo Sistema de Educación Pública como eje estratégico del futuro Sistema Nacional de Educación, integrado por establecimientos del más diverso tipo, porque se consagró explícitamente la Libertad de Enseñanza, pero con una preocupación preferente del Estado por las escuelas y liceos públicos, como es en todos los países desarrollados a los que Chile quiere acercarse.

Profundizando en ello, la Convención Constitucional aprobó el financiamiento basal de la educación, lo que es una muy profunda transformación al modelo educativo actual, basado en el muy cuestionado sistema de voucher. Además, se estableció el principio de la Escuela Democrática, que es justamente hacia donde deben caminar las escuelas en este siglo.

En esta selección de demandas recogidas por amplísima mayoría en la Convención Constitucional, no podemos dejar de destacar el reconocimiento constitucional realizado al rol fundamental de las profesoras y profesores como profesionales en la Educación del país. Con ello, se abre la puerta a un nuevo período donde el ninguneo y el maltrato sean historia y avancemos a una etapa de reconocimiento y valoración de las y los docentes y trabajadores de la Educación del país.

En definitiva, con estos artículos ya consagrados en el Borrador de la Nueva Constitución, podemos decir con total responsabilidad que cualquier persona que haya participado alguna vez del movimiento estudiantil, que haya ido a alguna marcha por la Educación, que haya apoyado alguna movilización de estudiantes, de profesores o de trabajadores de la educación, hoy tiene todas las razones del mundo para votar Apruebo este 4 de septiembre, porque la Nueva Constitución está abriendo, por fin, el camino a esa Nueva Educación que millones venimos demandando en todo Chile hace mucho tiempo.


Columna de opinión semanal en Bio Bio de Carlos Díaz Marchant, Profesor y Doctor en Educación, Presidente del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile.

Publicada originalmente en: https://www.biobiochile.cl/noticias/opinion/tu-voz/2022/05/16/nueva-constitucion-nueva-educacion.shtml

«DEUDA HISTÓRICA: JUSTICIA PARA CHILE»

Una entrevista radial del Presidente de la República volvió a poner en la palestra pública la Deuda Histórica por la cual miles de profesoras esperan hace más de 41 años. En su alocución, Gabriel Boric reafirmó su compromiso con una Reparación a los miles de docentes afectados, pero condicionó dicha reparación a los resultados de la Reforma Tributaria y señaló que más bien hacia el final de su Gobierno habría justicia para las educadoras y educadores que esperan por décadas.

Las declaraciones del Primer Mandatario tuvieron un sabor dulce y agraz para el profesorado. Por un lado, valoramos la confirmación inequívoca de un compromiso de campaña y la certeza de la decisión política tomada en dirección a hacer justicia a quienes sufren hasta hoy la Deuda Histórica. Por otra parte, el condicionamiento a la Reforma Tributaria y la ubicación temporal de la reparación en tres o cuatro años más generan incertidumbre y preocupación, más aún teniendo en cuenta el alto número de docentes ya fallecidos que nunca tuvieron respuesta alguna y aquellos que están en la cuarta edad y siguen esperando.

Para quienes no estén enterados, la Deuda Histórica es uno de los agravios de la Dictadura que ha tenido mayor duración en el tiempo. Entre los múltiples perjuicios que provocó el régimen a las trabajadoras y trabajadores de Chile, uno de los más graves fue el cercenamiento salarial que sufrieron las profesoras y profesores del país.

En 1981, cuando la Dictadura transformó a los docentes en funcionarios municipales, les quitó el reajuste salarial que como funcionarios públicos les correspondía, reduciendo su salario de manera ilegal. Durante años, las profesoras y profesores del país ganaron menos de lo que les correspondía e incluso ganaron menos de lo que ganaban unos años antes. Ese perjuicio salarial, por cierto, afectó directamente su calidad de vida, pero además afectó su cotización previsional y sus jubilaciones actuales, porque a muchas maestras y maestros se les impuso el traslado a las AFP.

Así las cosas, la Deuda Histórica se trata de un daño material, concreto y permanente que tiene consecuencias hasta el día de hoy en profesoras de avanzada edad. Pero además se trata de un legado de la Dictadura que se mantiene y que debe ser reparado, más aún en tiempos constituyentes donde nos preparamos para la superación, por fin, de la Constitución de Pinochet y su régimen.

Por todo ello, creemos que la reparación de la Deuda Histórica no es «un tema más» en el listado de las múltiples demandas que recibe todo Gobierno por parte de gremios y organizaciones, sino que corresponde a una lucha de la mayor importancia, porque su reparación contribuirá material y directamente a mejorar la vida de miles de profesoras de avanzada edad; la solución de este tema significará un cumplimiento político de primer orden para el Presidente Boric, que será el primer Presidente del país en cumplir con el profesorado en una demanda de décadas; y la solución de la Deuda Histórica, simbólicamente, será entendida como la superación, por fin, de una de las peores herencias de la Dictadura.

En ese marco, insistimos: hay que reparar la Deuda Histórica con sentido de urgencia, lo antes posible y con la mejor reparación que se pueda lograr. Así, repararemos no solo a las y los docentes directamente afectados, repararemos a todo un país, que por fin verá justicia para las y los profesores de Chile.


Columna de opinión semanal en Bio Bio de Carlos Díaz Marchant, Profesor y Doctor en Educación, Presidente del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile.

Publicada originalmente en: https://www.biobiochile.cl/noticias/opinion/tu-voz/2022/05/06/deuda-historica-justicia-para-chile.shtml

«VIOLENCIA ESCOLAR Y VIOLENCIA SEXISTA: CON UNA JORNADA NO BASTA»

Luego de la solicitud realizada por el Colegio de Profesoras y Profesores, estudiantes secundarias y diversos actores sociales, el Ministerio de Educación impulsó una Jornada Nacional de Educación No Sexista en todo el país la semana pasada. Saludamos la iniciativa, pero somos claros al respecto: con una jornada no basta.

La violencia escolar ha sido un tema ampliamente abordado este 2022, ya que el año académico se inició con las manifestaciones de estudiantes de enseñanza media denunciando casos de violencia sexista al interior de escuelas y liceos; siguió con los graves incidentes, riñas y conflictos sucedidos en todo el país y ha llegado incluso a la violencia contra docentes y las amenazas a comunidades educativas completas.

Ante esta difícil realidad es claro que una Jornada Nacional es un buen punto de partida, pero en ningún caso resuelve la problemática, cuyos orígenes son sistémicos y requiere transformaciones profundas para su superación.

En primer lugar, las escuelas están inmersas en la sociedad y no existen aisladas de ella. Así, el abordaje a la violencia escolar debe darse en un contexto donde la sociedad entera reflexiona sobre la situación, decide superarla y se aboca a ese objetivo. Y ello implica, por cierto, no limitarse a las violencias más mediáticas o más contingentes, sino que abordar las injusticias, opresiones y violencias estructurales que padece la sociedad chilena.

En lo propiamente educativo, la superación de la violencia escolar requiere de redefiniciones y reorientaciones de nuestro sistema escolar. ¿Cómo se pretende tener una convivencia sin violencia si se estimula el individualismo y la competencia? ¿Cómo se espera que los estudiantes se sientan integrados y valorados si desde el Estado se ha llegado a marcar escuelas con “semáforos rojos” y se ha validado el estigma?

Venimos de un sistema escolar profundamente segregado, competitivo y estandarizado y por ello nuestro reclamo es sistémico: necesitamos cambiar el sistema escolar porque en su configuración actual está el fermento para la violencia que vivimos en la práctica.

No se trata de un reclamo en abstracto o un alegato ideológico: las educadoras y educadores de Chile sabemos que en el esquema competitivo e individualista está el abono de la violencia, que solo se superará verdaderamente cuando avancemos a una lógica colaborativa y de trabajo en conjunto.

Y finalmente, en lo estrictamente escolar requerimos una fuerte inversión. Por un lado, inversión de recursos para hacer de los establecimientos educacionales espacios dignos, seguros y completos que permitan atender a niñas, niños y adolescentes en las condiciones dignas que se merecen, lo que implica no solo salas que no se lluevan, baños que tengan agua y salas de deportes, artes y tecnologías correctamente habilitadas, sino que profesionales a cargo sin agobio, equipos de trabajo multidisciplinarios y capacitación en salud mental y los nuevos desafíos de una sociedad y unas infancias más complejas.

Y esa fuerte inversión implica, también, una inversión dentro de la propia escuela. Significa invertir lógicas, usos y rutinas. Significa pasar de la competencia entre escuelas municipales y subvencionadas a escuelas con control comunitario y garantía estatal de financiamiento. Significa pasar de las escuelas como espacios rígidos y verticales a escuelas democráticas, con participación y poder de decisión de sus propias comunidades educativas. Significa pasar del actual enfoque curricular de llenado de información a un nuevo currículo, acorde a estos tiempos y necesidades.

En definitiva, para superar la violencia escolar está bien comenzar con una Jornada Nacional, pero no basta: lo de la semana pasada debe ser el inicio de un proceso intenso de cambios profundos. Las y los profesores estamos entusiasmados en transitar por ese camino.


Columna de opinión semanal en Bio Bio de Carlos Díaz Marchant, Profesor y Doctor en Educación, Presidente del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile.

Publicada originalmente en: https://www.biobiochile.cl/noticias/opinion/tu-voz/2022/04/28/violencia-escolar-y-violencia-sexista-con-una-jornada-no-basta.shtml

«EDUCACIÓN RURAL: UN FUTURO AL QUE MIRAR»

Este 7 de abril se conmemoró un nuevo Día de la Educación Rural, con el epicentro de las celebraciones en la ciudad de Castro, capital de Chiloé, donde se inauguró el primer monumento público del país en homenaje a las profesoras y profesores rurales de todo Chile.

La fecha sirvió, como todos los años, para valorar y reconocer el aporte que hacen las maestras y maestros que se desempeñan en todos los rincones del país y que educan a niñas, niños y adolescentes en los más diversos contextos, que no son otra cosa que el reflejo de la variedad de realidades que existen en nuestro Chile.

Por supuesto, en la efeméride también se recordaron las demandas y luchas del profesorado rural, que van desde la exigencia de recursos hasta la decisión política del Estado de mantener y potenciar las escuelas rurales, que en muchas partes se han abandonado y dejado morir.

Pero este año 2022 el Día de la Educación Rural se dio en un contexto particular, el contexto de la vuelta a clases presenciales y la verdadera pandemia de violencia que azota a las escuelas a nivel nacional.

En ese marco, la educación rural cobra más importancia aún, porque sus características no la hacen un objeto del pasado en extinción, sino que un faro al cual mirar y de donde sacar lecciones para la educación de todo Chile. Como todo patrimonio cultural, su mayor relevancia no está en lo que nos recuerda del pasado, sino en lo que nos ilumina hacia el futuro.

Vamos viendo. En primer lugar, en la educación rural se da una fortísima autonomía y capacidad de decisión por parte de los docentes. Las maestras y maestros que ejercen en las escuelas rurales muchas veces componen pequeños grupos de educadores o, incluso, son el único profesor de todo el establecimiento. Aquella realidad les permite tomar decisiones efectivas sobre su propia escuela e incidir directamente en lo que sucede en el establecimiento.

Así, al contrario de lo que podría pensarse, las escuelas rurales tienen una altísima capacidad de respuesta ante la contingencia, puesto que están habilitadas para el cambio y reaccionan en la marcha ante imprevistos. Todo eso dista mucho de la realidad de los establecimientos urbanos masivos, donde las profesoras y profesores se ven aprisionados en un cúmulo de labores administrativas que pretenden dirigir desde afuera y desde una supuesta expertise técnica la labor en la cual las y los docentes son los verdaderos especialistas.

En la ciudad hay más internet y escuelas más grandes, pero mucha menor capacidad de parte de las profesoras y profesores de ejercer su rol pedagógico como los profesionales de la educación que efectivamente son.

En segundo lugar, las escuelas rurales tienen un fortísimo vínculo con las comunidades en las que están insertas. Aquello se da no solo porque los establecimientos rurales estén ubicados en pequeños pueblos -porque de hecho hay escuelas que no tienen casa vecinas- sino porque en la ruralidad impera una lógica donde los colegios son un eje articulador de la comunidad, lo que hace que no solo se utilicen para labores educativas, sino que de reunión, actividades deportivas e incluso como hub de conectividad en las que tienen internet.

Ese vínculo cercano con las comunidades hace que las escuelas rurales sean espacios más participativos, receptivos a la realidad de sus estudiantes y familias, y donde impera una valoración social de sus profesoras y profesores mucho mayor que en las áreas urbanas.

Y en tercer lugar, en las escuelas rurales se vive desde hace años una educación intercultural, pues el currículum educativo nacional que rige en todo el país es adaptado de manera pertinente al contexto donde se desarrolla en concreto la pedagogía, gracias al vínculo efectivo de la escuela con su comunidad y la capacidad real de las profesoras y profesores de tomar decisiones. Así, las escuelas rurales no solo son un espacio donde se entrega educación a las y los estudiantes, sino donde se genera un círculo virtuoso de diálogo con sus comunidades.

Esos tres elementos, de entre muchos más que se pueden rescatar de la Educación Rural, son elementos a observar y valorar para el conjunto de la educación en nuestro país. Una escuela con profesores empoderados, una escuela con vínculo con su comunidad y una escuela intercultural, es una escuela de y con futuro, que nos sirve a todo el país. Eso es lo que podemos aprender de la Educación Rural hoy. Y con ese aprendizaje construir un mejor mañana.


 

Columna de opinión semanal en Bio Bio de Carlos Díaz Marchant, Profesor y Doctor en Educación, Presidente del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile.

Publicada originalmente en: https://www.biobiochile.cl/noticias/opinion/tu-voz/2022/04/08/educacion-rural-un-futuro-al-que-mirar.shtml

LAS INICIATIVAS EDUCATIVAS APROBADAS EN LA COMISIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES. ¿DÓNDE ESTÁ EL DEBATE?

Por Eduardo González Navarro

1° Vicepresidente del Colegio de Profesoras y Profesores


El pasado viernes, la Comisión de Derechos Fundamentales aprobó en general las iniciativas educativas que deberá analizar y votar en particular durante esta semana. La Comisión aprobó tres grandes propuestas sobre las cuales debe trabajar a fin de diseñar una proposición para presentar al Pleno, instancia en la cual se requieren 2/3 para la aprobación definitiva.

Las propuestas aprobadas en general son las de los Movimientos Sociales Educativos respaldada por el Gremio Docente; la del Frente Amplio, Independientes no Neutrales y Colectivo Socialista y, la de Acción Colectiva por la Educación de la cual forma parte Elige Educar, Educación 2020 y otras fundaciones privadas que, dicho sea de paso, algunas son financiadas por Luksic.

La propuesta de Iniciativa de Norma levantada por las más de treinta organizaciones de la Articulación de Organizaciones Sociales Educativas (entre ellas el Colegio de Profesoras y Profesores, C8M, Confech, Conaech, FENATED) sostiene como idea central que la nueva constitución debe sentar las bases para establecer el derecho a la educación como un derecho social con garantía estatal. La materialización de este derecho debe operar por medio de la creación de un sistema educativo articulado de provisión pública estatal, con participación comunitaria, financiamiento basal, con garantía de derechos para asistentes de la educación y docentes, un entendimiento de la libertad de enseñanza en sentido pedagógico y una definición robusta sobre los propósitos educativos que se buscan como país, entre otros: una educación integral, no sexista, intercultural, inclusiva y contextualizada. Lo anterior implica romper la igualdad de trato entre la escuela pública y privada, principio estructural que instauró la Constitución del 80’ al sobreponer la libertad de enseñanza (entendida como libertad de empresa) por sobre el derecho a la educación.

Esta iniciativa, construida a partir de las propuestas desarrolladas por las organizaciones educativas en casi treinta años de lucha contra el modelo neoliberal, intenta hacerse cargo del dramático estado actual de la educación tras 40 años de políticas educativas extremistas de mercado, competencia y privatización. Para ello postula claramente las bases de un proyecto educativo estratégico fundado en los aportes históricos del pensamiento pedagógico nacional, que hunde sus raíces en la década de los años 20 del siglo pasado. No se trata simplemente de restituir el rol rector del Estado en el ejercicio del derecho a la educación, se trata también, por sobre todo, de pensar una forma moderna y actualizada de este principio para el siglo XXI, el cual se sintetiza en el concepto de “público-estatal-comunitario”. Se enuncia, en esta noción, por tanto, un proyecto educativo-pedagógico denso y rico en tanto se funda en una epistemología que hunde sus raíces en la practica educativa concreta para delinear un camino que permita sentar las bases para la superación del neoliberalismo, entendido no solo como un patrón de acumulación de riquezas, sino que también como un proyecto de dominación ideológico cultural. No hay superación del neoliberalismo, si no hay otra escuela y sistema escolar y eso pasa, entre otras cuestiones, por modificar las relaciones sociales que se constituyen diariamente en la institución escolar, de ahí la importancia de lo comunitario.

Desde otro lugar, y con otros fines, encontramos la propuesta de Acción Colectiva por la Educación que aglutina a Educación 2020, Elige Educar, SUMMA, entre otras fundaciones privadas financiadas por empresarios como Luksic, destinada a mantener con otros ropajes la lógica estructural del actual sistema educativo de mercado. El proyecto de este sector es, en su esencia, llevar a rango constitucional los principios que hoy rigen al sistema escolar. Por cierto, con algunas modificaciones. De ahí que no sea casual que Daniel Rodríguez, defensor tenaz de la educación de mercado, representante de Acción Educar (fundada por el ex Ministro Figueroa) felicitara la aprobación de esta iniciativa, aun cuando su propia iniciativa fuese rechazada.  La derecha no se pierde en sus intereses de largo plazo.

La tercera propuesta aprobada es la del Frente Amplio, el Colectivo Socialista e Independientes No Neutrales. En esta propuesta conviven planteamientos recogidos de Acción Colectiva por la Educación y de los Movimientos Sociales Educativos lo que nos permite afirmar que en esta iniciativa existe una dualidad de miradas y enfoques.

Esta propuesta tiene varios aspectos interesantes y que van, en términos generales, en una dirección correcta, desde ya defiende formalmente la educación pública (diferenciándola de la privada) sin embargo, no propone medidas estructurales materiales para sustentar esta distinción. Al igual que la propuesta de las fundaciones privadas, el FA propone, también, establecer en la constitución el financiamiento a las instituciones privadas al amparo del derecho a la libertad de enseñanza, siendo este punto extremadamente grave y preocupante, puesto que se deriva de este planteamiento que no hay libertad de enseñanza si no hay financiamiento a privados. Cabe señalar que esta relación no se establece en ningún tratado internacional y no existe en ningún país del mundo. Por el contrario, estos tratados –suscritos por Chile- son muy claros en señalar que la libertad de enseñanza opera con la obligación del Estado de respetar el derecho de un particular a fundar establecimientos y el derecho de las familias a elegir el tipo de educación para sus hijos, pero nunca en la obligación constitucional del Estado de financiar estos colegios privados, cuestión radicalmente distinta. Esto es materia de política pública. Tal es así, que incluso el vilipendiado Tribunal Constitucional chileno, en su sentencia rol número 2787-15, considerando 96, ha ratificado este principio internacional de no obligatoriedad del Estado a financiar proyectos privados.

Al no existir obligación jurídica, la razón de esta decisión es netamente política. Llama la atención que el FA-INN-CS, se preocupen más de otorgarle una señal de tranquilidad al sector privado que al pueblo que posibilitó la instalación de la Convención Constitucional, puesto que no se pronuncian explícitamente sobre establecer un tipo especifico de financiamiento para la escuela pública como lo propone la ciudadanía con la tesis del financiamiento basal, ligada a la idea de un trato primordial de la educación pública acorde a su relevancia para el país.

Ciertamente, desprivatizar la educación después de más de 40 años de desarrollo no es tarea fácil. Pero ese desafío se construye desde un lugar y con sujetos concretos: el pueblo. El peligro de dar señales ambiguas en estos momentos, contrariamente al propósito de que no se quiere entregar mas argumentos para el Rechazo, puede terminar minando las propias fuerzas sociales que sostienen las transformaciones y que deben sustentar materialmente la política del Apruebo.

El resto del articulado, ya lo decíamos, va en una dirección correcta, pero requiere precisiones. Ejemplo, la regulación de los docentes y trabajadores de la educación no puede limitarse a una cuestión de reconocimiento de la labor, sino que debe avanzarse en definir el rango del trabajo docente como practica reflexiva, colaborativa y autónoma, lo que supone garantizar condiciones de enseñanza universales y no fragmentadas como hoy ocurre. Del mismo modo, su noción de participación y democratización, como la perspectiva de educación no formal, en estricto rigor, se limitan a llevar a rango constitucional lo que actualmente indica la Ley General de Educación.

Es de esperar que la dualidad de posturas existentes en la propuesta del FA-INN-CS se resuelva a favor y en conjunto con los intereses del pueblo soberano que por años viene pagando el costo de no tener una educación pública y observar como la educación sigue siendo un negocio.

«AQUÍ DE LO QUE SE TRATA ES DE AVANZAR HACIA UN NUEVO SISTEMA EDUCATIVO EN CHILE»

«Hay que hacer propuestas, no solo lamentarnos de lo que tenemos. Y esta propuesta de una Educación Pública, Estatal, Comunitaria apunta precisamente a entender a la educación como algo integral y no desde la lógica estandarizada que es donde está hoy día instalada la educación chilena», planteó Carlos Díaz Marchant, Presidente del Colegio de Profesoras y Profesores, en conversación en Mentiras Verdaderas de LaRed TV.

VIOLENCIA EN LAS ESCUELAS: UN DESAFÍO A TOMARSE EN SERIO

El año académico 2022 apenas partió y la opinión pública se sorprendió con estudiantes secundarias marchando por las calles para reclamar ante casos de acoso y abuso sucedidos en establecimientos educacionales. Pasaron un par de días y el país se enteró de riñas entre estudiantes en diversos lugares del territorio nacional. La siguiente noticia fue el apuñalamiento a un profesor que, precisamente, buscaba separar una pelea. Ahora hemos sumado amenazas anónimas a comunidades educativas enteras.

Las noticias recientes nos alertan, entonces, de la violencia sexista, de los problemas de convivencia, de los amedrentamientos que sufren liceos completos. Pero hay más. Asedio de la delincuencia a establecimientos escolares, con robos o balaceras en las puertas de escuelas; estigmatización a estudiantes de tal o cual colegio; agobio y estrés de trabajadoras y trabajadores de la educación. Las escuelas y liceos de Chile viven violencia, pero esta es más profunda y más multidimensional de lo que han alcanzado a mostrar las pantallas de televisión en las últimas semanas.

Por ello, abordar la violencia en las escuelas no puede convertirse en un espacio oportunista que llene portadas con medidas efectistas que sean solo un espectáculo pero que abandonen a las comunidades educativas en el mediano y largo plazo. Hoy vivimos una urgencia que debe ser atendida, pero las medidas urgentes del ahora deben posibilitar también el trabajo largo, profundo y más lento que permitirá una solución integral a la violencia, abordando toda su difícil complejidad.

En ese sentido, cabe hacer notar que han sido muy minoritarias las voces que han pedido medidas “a la gringa”, del tipo detector de metales en las puertas de colegios, expulsiones a mansalva o policías en las escuelas. Parece ser que hay una conciencia común de que la violencia no se soluciona con más violencia, ni con represión o solo con control policial.

Es que el desafío de la violencia nos obliga a hablar en serio y abordar las variadas facetas que contribuyen al fenómeno de la violencia. Hay cuestiones concretas y hasta domésticas, como el espacio físico donde habita el proceso educativo, que en muchas escuelas raya en la indignidad; las relaciones de poder dentro de las comunidades educativas, que muchas veces son de un muy marcado autoritarismo; o el trato entre los miembros de cada establecimiento educacional, que en no pocas ocasiones está cruzado por clasismo o discriminación.

Hay otros puntos más estructurales del sistema educativo, como el currículum que habla de victorias militares sobre los ancestros mapuche de nuestros estudiantes; la progresión académica basada en la competencia individual y el rendimiento en pruebas estandarizadas; o las divisiones en diferentes tipos de educación, que muchas veces le dicen de antemano a las y los estudiantes quienes podrán proseguir estudios superiores y quienes no.

Y también hay, por cierto, nudos centrales que competen a la sociedad entera. El machismo y la cultura de la violencia de género, que campea hasta en las calles de nuestras ciudades. La cultura del exitismo y del triunfar por sobre otros o, incluso, perjudicando a otros.

El empobrecimiento instalado en amplios sectores de la población, que hace a muchos validar referentes delictuales como “la alternativa” para disfrutar de lujos que otros gozan.

En definitiva, la violencia escolar no es un fenómeno aislado de la violencia de la sociedad ni se puede separar de ella. En las escuelas se reproduce lo que las comunidades educativas ven y viven en sus casas y en sus barrios. Nada de esto, por cierto, es una excusa ante la violencia, sino todo lo contrario: es un llamado a la urgente y apremiante necesidad de hacerse cargo de la violencia escolar y de la violencia social. Y para eso hay que hablar en serio y en profundidad. Los profesores estamos dispuestos.


Columna de opinión semanal en Bio Bio de Carlos Díaz Marchant, Profesor y Doctor en Educación, Presidente del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile.

Publicada originalmente en: https://www.biobiochile.cl/noticias/opinion/tu-voz/2022/03/31/violencia-en-las-escuelas-un-desafio-a-tomarse-en-serio.shtml