[COLUMNA SEMANAL DE CARLOS DÍAZ MARCHANT] «LOS MALOS TIEMPOS DE UN GOBIERNO»

La segunda quincena de enero de 2023 comenzó con el lanzamiento del Consejo Asesor Presidencial para la Reactivación Educativa. Como Colegio de Profesoras y Profesores nos sumamos a participar en la instancia para aportar nuestra perspectiva y propuestas, pero hicimos notar de inmediato la fecha en la que se lanzaba.

Es que la segunda mitad de enero de 2023 ciertamente nos parece una fecha tardía para una iniciativa que era urgente instalar al comienzo del año escolar 2022. Múltiples actores educativos advertimos hace un año de la necesidad de afrontar la vuelta a clases presenciales haciéndonos cargo de los dos años de educación a distancia, implementando una priorización curricular, afrontando socioemocionalmente el retorno a las aulas y conteniendo a las comunidades educativas.

Poco de ello se hizo al principio y vimos las consecuencias en la convivencia escolar y el rezago de aprendizajes. Por ello, insistimos en la temporalidad, pues no basta con las buenas intenciones y la dirección de la acción: una buena política pública que llega tarde ya no es tan buena como podría haber sido.

Aquello se hace evidente en el Consejo Asesor presentado esta semana, que además tendrá sus conclusiones en julio de 2023, o sea un año y medio después de iniciado el Gobierno, en pleno segundo año escolar bajo esta administración y cuando quede poco más de la mitad de la actual gestión. Esperamos buenas propuestas del Consejo, pero la tardanza en su llegada y su posterior implementación seguramente reducirán el impacto positivo que podrían tener.

Pero esta situación no se circunscribe solamente al Consejo para la Reactivación Educativa. La verdad es que el Gobierno entero tiene problemas con los plazos. Ciertamente llegó tarde a la crisis de seguridad pública y recién se empezaron a tomar medidas cuando los problemas eran notorios y avanzados. Qué decir de la gestión política o de las reformas clave del programa de gobierno. A casi un año de Gobierno, pareciera que aún se está en una etapa de instalación, sin asumir el sentido de urgencia de la situación actual ni la brevedad de los períodos presidenciales en Chile.

En Educación, qué decir. Además de este Consejo tardío, tenemos tantos otros temas similares. El MINEDUC comprometió una Ley de Reparación a la Deuda Histórica durante el 2022, y el proyecto de ley simplemente no se presentó. Lo mismo sucedió con una iniciativa para mejorar los SLEP, que tienen gravísimos problemas de funcionamiento y seguirán así este 2023, porque el Gobierno no presentó ley alguna al respecto.

Recién para este año se vislumbra un plan de reparación de infraestructura, luego de un invierno en que vimos escuelas sin vidrios en sus ventanas y recién en 2023 llegaremos a 100 comunas con atención de salud mental en las escuelas, de un universo de más de 350 en todo el país.

En definitiva, vemos una buena dirección en este Consejo y en otras iniciativas del Gobierno, pero con una indolencia respecto de los tiempos y los plazos que hace que, al final del día, ya no sean tan buenas esas acciones. Vivimos, entonces, presos de los malos tiempos de un Gobierno.

Encuentra la nota en: https://www.biobiochile.cl/noticias/opinion/tu-voz/2023/01/18/los-malos-tiempos-de-un-gobierno.shtml

[COLUMNA SEMANAL DE CARLOS DÍAZ MARCHANT] «PRESIDENTE BORIC: CUMPLA TAMBIÉN CON LA DEUDA HISTÓRICA»

El año 2022 terminó noticioso: el Presidente de la República cerró el mes de diciembre indultando a una decena de presos condenados en el marco de las manifestaciones sucedidas a partir del 18 de octubre de 2019. Fue la materialización de una promesa de campaña realizada por Gabriel Boric, quien cumplió así con lo planteado cuando era candidato. Por cierto que felicitamos que las autoridades en ejercicio cumplan lo que prometieron en sus candidaturas, y por ello es que queremos pedirle al Presidente que también cumpla con sus compromisos en torno a la Deuda Histórica.

Cuando era candidato, el Primer Mandatario se comprometió pública y abiertamente a resolver una herida lacerante del profesorado chileno que se extiende por más de cuarenta años: la Deuda Histórica. Fue nada menos que en la sede nacional del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile donde el candidato presidencial Gabriel Boric Font abordó abiertamente el tema, en una entrevista transmitida por todas las plataformas del Magisterio y que hasta el día de hoy puede revisarse cómodamente en Youtube.

Y su compromiso fue claro y transparente: avanzar en una solución definitiva a la Deuda Histórica, que sabemos no será el pago completo de los enormes montos que en justicia les corresponden a las y los profesores afectados, sino que se tratará de una Reparación que, al menos, permita paliar el daño patrimonial y previsional provocado por el Estado a miles y miles de maestras y maestros.

Por ello, la Reparación a la Deuda Histórica no puede ser algo meramente simbólico, porque la Deuda Histórica es un daño salarial que impactó y sigue impactando materialmente en la calidad de vida de miles y miles de profesionales de la Educación, en su inmensa mayoría mujeres trabajadoras que hoy están en la tercera edad y que luego de toda una vida de trabajo efectivo y sin lagunas previsionales igualmente reciben pensiones modestas, como la inmensa mayoría de las y los pensionados de Chile.

Durante el 2022, el profesorado percibió una buena disposición de parte del Ministerio de Educación sobre el punto. La Deuda Histórica ha estado entre los temas que conversa el gremio docente con el MINEDUC e incluso se instaló una Mesa de Trabajo al respecto, instancia donde las autoridades informaron formalmente de la instrucción presidencial de presentar un Proyecto de Ley de Reparación de la Deuda Histórica durante el año 2022, por lo que buena parte del trabajo de esta Mesa ha sido intentar consensuar los puntos de ese Proyecto de Ley comprometido.

Sin embargo, llegó el último día del 2022 y no vimos ninguna iniciativa legislativa presentada ante el Congreso Nacional o, al menos, a la opinión pública. En una lamentable tendencia del actual Gobierno, la buena disposición al diálogo tampoco ha llegado a medidas concretas en esta urgente materia.

Por ello, comenzando el año 2023 el llamado del Magisterio chileno es uno y es claro: Presidente Gabriel Boric, cumpla también con la Deuda Histórica que afecta a miles y miles de profesoras y profesores. Este tema, también, es uno de los compromisos de su campaña, que la ciudadanía espera con urgencia que sea cumplido.

 

Encuentra la nota en: https://www.biobiochile.cl/noticias/opinion/tu-voz/2023/01/04/presidente-boric-cumpla-tambien-con-la-deuda-historica.shtml

[COLUMNA SEMANAL DE CARLOS DÍAZ MARCHANT] 2022: LA EDUCACIÓN SIGUIÓ A LA ESPERA

El cierre de un año siempre da pie para evaluaciones del ciclo que se cumple. En Educación, lamentablemente dicha evaluación está lejos de ser satisfactoria, porque básicamente se trató de un período en el que seguimos a la espera.

Sintetizando al extremo, este 2022 diversos actores educativos planteamos una serie de problemáticas urgentes en el sistema educativo que solo pueden ser abordadas por una gestión gubernamental rápida y decidida. Entre ellas se cuentan las graves deficiencias de infraestructura en escuelas y liceos del país; las dificultades de convivencia escolar; las severas cifras de exclusión y deserción de estudiantes; y las grandes deudas que sufren las y los trabajadores de la educación.

Sobre la infraestructura, desde Marzo de 2022 que planteamos la urgencia de un plan robusto que le hiciera frente a la situación de escuelas cerradas por casi dos años por la pandemia. Documentamos casos de estudiantes en salas sin ventanas, incluso. Recién a fines de este año el MINEDUC anunció un Plan al respecto y está empezando a transferir los dineros. De las obras concretas, esperamos noticias para los próximos meses, recién.

Los problemas de convivencia escolar surgieron casi con el inicio mismo de las clases. Desde el año pasado que advertíamos, desde el Colegio de Profesoras y Profesores, de la necesidad de una vuelta a clases que se hiciera cargo de dos años de educación a distancia y que, por lo tanto, priorizara la contención y el trabajo socioemocional. Aquello no sucedió al principio, se sucedieron hechos de connotación pública nacional, y solo después de eso se avanzó en algunos programas, pero de forma parcial y fragmentada. El cuidado de la salud mental en escuelas y liceos sigue al debe en nuestro país.

Las cifras de exclusión escolar, los datos de miles y miles de estudiantes que salieron del sistema educativo, golpearon a la sociedad en la segunda mitad del año. Todos coincidimos en la gravedad de la situación y la urgencia de enfrentarla, pero no sucede nada concreto al respecto. La única noticia en relación a esta gravísima realidad proviene del Congreso, donde se reactivó por iniciativa parlamentaria un proyecto de ley de subvención de reingreso, que lleva más de un año de tramitación y cuya publicación como norma legal es incierta aún.

Y en lo que tiene que ver con las eternas deudas hacia las y los trabajadores de la educación, hacia quienes sostienen día a día el sistema escolar, las noticias no son tanto mejores. La Deuda Histórica, el agobio, la discriminación salarial a profesoras diferenciales, la Doble Evaluación Docente, son agendas urgentes que no tienen respuesta concreta, aún, y solo han recibido declaraciones de buenas intenciones y ánimos de solución, pero sin proyectos de ley presentados, decretos publicados o medidas concretas al respecto.

La única Ley aprobada por el Ministerio de Educación este año en el Congreso Nacional este año fue la Ley Miscelánea de Educación 2022, tramitada completamente apenas 10 días antes del fin de año y con una fuerte presión de los gremios y organizaciones educativas de por medio. Efectivamente aquella ley es un avance en varias temáticas, pero por su naturaleza se trata de avances valiosos, pero puntuales, específicos, distantes aún de los cambios estructurales que la educación necesita.

En definitiva, este 2022 que se cierra con solo una ley de educación aprobada en todo el año y con una amplísima agenda de deudas pendientes, solo puede ser evaluado, lamentablemente, como un año en que la Educación siguió a la espera.

 

Puedes revisar la columna aquí: https://www.biobiochile.cl/noticias/opinion/tu-voz/2022/12/27/2022-la-educacion-siguio-a-la-espera.shtml

[COLUMNA SEMANAL DE CARLOS DÍAZ MARCHANT] «LEY MISCELÁNEA: AVANCES EN DIGNIDAD PARA EL PROFESORADO»

El Congreso Nacional aprobó definitivamente la Ley Miscelánea de Educación 2022, que presenta una serie de medidas para resolver problemáticas urgentes de nuestro sistema educativo. Pero en particular, presenta una serie de avances en las condiciones de trabajo del profesorado chileno.

En primer lugar, se consagra una conquista histórica que viene a hacer justicia al gremio docente: las horas gremiales para dirigentes comunales, regionales y nacionales del Colegio de Profesoras y Profesores, que recién en el año 2023 podrán ejercer su rol gremial equiparándose a los representantes de cualquier organización sindical o gremial.

Este es un avance notable, pues por décadas esta materia no estuvo regulada y solo hace un par de años los dirigentes del Magisterio cuentan con Fuero Gremial: aunque parezca increíble, durante muchos años los profesores electos por sus pares desempeñaron su labor sin ninguna protección legal, con el consecuente menoscabo a la organización gremial y sindical que aquello significaba.

En este punto, vale la pena hacer mención a algunas lamentables declaraciones de diputados de derecha en la Sala de la Cámara, donde sin pudor alguno lanzaron las más furibundas diatribas en contra de que la organización docente tuviera siquiera las mismas garantías de cualquier organización de trabajadoras y trabajadores. Es lamentable el nivel de fanatismo ideológico de algunos parlamentarios, que quieren negar derechos laborales básicos al profesorado únicamente porque el gremio docente no ha acompañado sus posiciones extremas en torno a la privatización y la competencia en educación.

Además de ello, la Ley Miscelánea consagró las Vacaciones de Invierno para profesoras y profesores, lo que constituye también una garantía y asegura a las maestros y maestros una calendarización seria, responsable y anticipada, todo lo cual contribuye sin duda a la salud mental en tiempos de altísima exigencia para los docentes de Chile.

En esa misma línea, la iniciativa legal regula las capacitaciones en los meses de Enero, las que ahora solo podrán realizarse si son citadas antes del 30 de noviembre del año lectivo correspondiente, lo que también contribuye a la necesaria planificación y reduce malas prácticas en algunos sostenedores, que han llegado a utilizar estas capacitaciones para «citar a nada» a docentes hasta avanzado el mes de enero, de manera más que nada represiva antes que profesional.

La gravísima situación del Bono de Retiro ve con esta ley también un camino de avance, porque facilita y agiliza el pago de un beneficio que ha llegado a convertirse en un lastre para profesoras y profesores, que han llegado a tener que esperar ¡cinco años! desde que se les concede nominalmente hasta que se les paga y pueden, por fin, retirarse de las aulas.

Finalmente, solo en lo que concierne a condiciones laborales del profesorado, esta ley recientemente aprobada permite al MINEDUC pagar directamente cotizaciones previsionales adeudadas, con lo que se puede paliar un robo a mansalva por parte de las municipales que sufren las profesoras y profesores de Chile.

En síntesis, con esta ley, conseguida con amplias gestiones del Colegio de Profesoras y Profesores a nivel nacional, pero también en cada región del país con diálogo directo con las y los parlamentarios, sin siquiera llamar a movilización alguna, sino que logrando persuadir de la importancia de las medidas que incluye, logramos algunos puntos urgentes para el profesorado, para su dignidad y para la educación. En síntesis, avanzamos.

 

Puedes revisar la columna aquí: https://www.biobiochile.cl/noticias/opinion/tu-voz/2022/12/21/ley-miscelanea-avances-en-dignidad-para-el-profesorado.shtml

«LA MENTIRA TIENE PATAS CORTAS, A PROPÓSITO DE MARIO AGUILAR», POR EDUARDO GONZÁLEZ

Eduardo González Navarro
Vicepresidente Nacional
Colegio de Profesoras y Profesores de Chile.


No contento con un primer video, Mario Aguilar, en su intento (ya casi desesperado por lo que se ve) por lavarse las manos sobre el grave hecho en el que incurrió al vulnerar el derecho de un trabajador y despedirlo sin respetar la institucionalidad del gremio (no le consulta a ningún dirigente nacional) sacó un segundo video, en donde vuelve a responsabilizarme por haber ser testigo, como dirigente nacional, en el juicio laboral que involucraba al mismo colegio de profesores y profesoras.

Ante esta situación, me veo obligado a señalar mi opinión.

Al respecto es importante señalar que el primer dirigente nacional en la historia que fue «testigo» en un juicio laboral que implicaba al Colegio de Profesores, es decir, se testificaba en contra del gremio, fue Mario Aguilar, siendo, el mismo, dirigente nacional. Por entonces, era presidente Jaime Gajardo y Aguilar se presentó en tribunales como el insigne defensor de una trabajadora a honorarios despedida por el gremio. Años más tarde, misma situación, pero con el poder de ser presidente, verdugo de un trabajador a honorarios. Cuando él lo hace, está bien. Cuando otro lo hace, está mal. ¿Cómo se explica eso? ¿oportunismo? ¿doble moral? El lector podrá establecer su propia conclusión. Lo que sí está claro es que devela quien está mintiendo en esta historia y como se busca eximir las responsabilidades.

Respaldo de juicio cuando Mario Aguilar fue testigo en juicio laboral

Ante todo, soy trabajador y dirigente sindical y no gerente de una empresa como algunos dirigentes entienden al Colegio. ¿Qué prima en estos casos? ¿Un dirigente nacional debe tener prohibido ser testigo en un juicio laboral que afecta al mismo gremio? ¿Prima el ser «jefe» o ser trabajador y dirigente sindical? Nunca estuve de acuerdo con la vulneración de derecho del despido y el acta de directorio (N° 91, dic. 2020, pag. 6) así lo comprueba. Ese año sostuve:

¿Es que un trabajador a honorarios no tiene derechos? ¿La precarización laboral justifica hacer lo que se quiera con un trabajador que lleva más de 10 años boleteando? Al menos preocupante, que un ex presidente nacional siga justificando que por «necesidades de la empresa», es decir, la causal de despido que creó el Código del Trabajo de la dictadura militar se despidió.

No me arrepiento de haber manifestado mi voluntad de ser testigo; por el contrario, el máximo honor que puede tener un dirigente es defender a un trabajador; es una obligación ética y sindical realizarlo. Es una vergüenza que una organización de trabajadores vulnere derechos laborales y no estoy dispuesto a ser dirigente de una organización que así opere. No me presto ni prestaré para ello. No tengo doble moral: un discurso y videítos para afuera aparentando ser el paladín de la justicia y en mi casa ser un explotador.

El Directorio Nacional obró bien, así lo ratifica que 7 de 9 dirigentes nacionales se pronunciaran a favor. Y de esos 7 dirigentes, 3 dirigentes son del mismo sector político de Aguilar. Más claro echarle agua. Es decir, acá no hay una confabulación de unos contra otros. Mayoritaria y transversalmente hay acuerdo sobre lo ocurrido, las responsabilidades y la forma de resolución, todo orientado por un informe de los abogados del gremio.

Lamentable que el ex presidente nacional insista en mantener instalada la polémica públicamente, alimentando a El Mercurio, sacando ya dos videos. ¿Habrá una intensión de querer posicionarse para las elecciones del próximo año, a las cuales, por cierto, yo no voy? El lector tiene la palabra.
La mentira tiene patas cortas.


Publicada en resumen.cl el 16 de diciembre de 2022: https://resumen.cl/articulos/la-mentira-tiene-patas-cortas-a-proposito-de-mario-aguilar

[COLUMNA SEMANAL DE CARLOS DÍAZ MARCHANT] «LA URGENTE NECESIDAD DE UN PLAN NACIONAL DE EDUCACIÓN 2023»

Lamentablemente, este 2022 fue un año decepcionante en Educación. Múltiples actores educativos advertimos, desde marzo inclusive, la necesidad de acometer con urgencia y fuerza una acción decidida que hiciera frente a la situación del sistema educativo, que venía de dos años de clases telemáticas y cargaba con sus históricos problemas estructurales. Esperanzados en los nuevos bríos que siempre trae un nuevo Gobierno, esperábamos justamente una acción potente que marcara un cambio con la gestión anterior. Quedamos decepcionados.

Advertimos desde el inicio de año de la urgente necesidad de abordar los graves problemas de infraestructura de escuelas y liceos, que hicieron que niñas, niños y adolescentes volvieran a clases presenciales a salas sin ventanas o calefacción, en pleno invierno. Recién ahora, a fin de año, se empieza a materializar la entrega de fondos para resolver estos temas urgentes y aún falta por ver las obras terminadas.

También en marzo dimos aviso de las gravísimas situaciones de mala convivencia que desembocaron en preocupantes casos de violencia al interior de comunidades educativas y llamamos a las autoridades a potenciar la contención emocional y preparar una llegada a clases presenciales que diera el tiempo y el espacio para asumir la nueva realidad que les tocaba vivir a los estudiantes y trabajadores de la educación. Volvimos a clases como si fuera un año normal, con SIMCE incluido, y los resultados son los conocidos.

Señalamos, también, el ausentismo y la deserción en todo el sistema escolar, que son a largo plazo las problemáticas más graves que sufre la Educación del país y vemos que, por ahora, solo hay como medida paliativa un proyecto de ley presentado hace varios años sobre subvención de reingreso, la que aún debe pasar un largo trámite legislativo en el Congreso.

Esos son solo tres de los muchos problemas y desafíos que enfrenta la educación chilena, pero grafican bastante bien la situación en general, tanto en las problemáticas que hay como en la falta de iniciativa de parte de las autoridades del Mineduc para enfrentarla. Repetimos aquí lo que ya hemos dicho antes: en la actual gestión del Ministerio de Educación encontramos ideas interesantes, discursos valiosos, una actitud de escucha genuina y receptiva, pero falta mucha, muchísima, capacidad ejecutora y de llevar a la acción y la práctica lo que se dice.

Por ello, creemos que después de un año completo de instalación, en un Gobierno que dura apenas 4 años, el 2023 tiene que ser sí o sí un período decididamente materializador. No podemos pasar otros doce meses esperando que tal vez en el año siguiente sí se concrete aquello que sabemos de hace tiempo que debe enfrentarse. Como mínimo, el Mineduc debería poner en acción un Plan Nacional que enfrente la deserción, la convivencia escolar y la infraestructura, que son las urgencias más acuciantes de nuestro sistema escolar, sin descuidar el necesario avance en temas históricos y estructurales.

Llegó la hora de que el Gobierno asuma, por fin, la urgencia en la que está la Educación y, con ello, asuma la urgencia necesaria en su propia acción.

 

Puedes revisar la columna aquí: https://www.biobiochile.cl/noticias/opinion/tu-voz/2022/12/14/la-urgente-necesidad-de-un-plan-nacional-de-educacion-2023.shtml

[COLUMNA SEMANAL DE CARLOS DÍAZ MARCHANT] «FAVORES PRIVADOS, PROBLEMAS PÚBLICOS»

Esta semana, como tantas otras veces, ha vuelto a ser noticia el Conservador de Bienes Raíces de Santiago y la extensa red de favores que desarrolla vía contratación de parientes y amigos en sus dependencias, que son un servicio público entregado a la administración de un particular para lograr supuestas ventajas para todos pero que, en la práctica, terminan siendo favores para unos cuantos privados y problemas para todo el público. Esto que no es nuevo en materias de Bienes Raíces pasa también en Educación, y con consecuencias tanto más graves.

La idea de que un particular administre y sostenga un servicio público que provee bienes públicos necesarios para toda la comunidad no solo está a la base del sistema de Notarios y Conservadores en Chile, sino que también se exportó al mundo de la Educación a través de la creación de las Corporaciones Municipales de Educación. La lógica impuesta decía que, en vez de fortalecer y agilizar los Departamentos Municipales de Educación, debían crearse Corporaciones de Derecho Privado que recibieran los fondos públicos municipales destinados a Educación y los administraran con las reglas de cualquier entidad privada, permitiendo con ello más eficiencia, rapidez, ahorro y tantas otras ventajas de lo privado frente a lo estatal, en teoría.

Por supuesto, el resultado de ello ha sido un desastre. Si en Notarios y Conservadores se vive un monopolio legal, tarifas abultadas, mala atención y tramitación lenta, en Educación las consecuencias de este modelo privado sobre un servicio público son bastante más severas. De partida, las Corporaciones Municipales están violando hoy, día a día, derechos fundamentales de trabajadoras y trabajadores de la Educación, en tanto les privan a maestras y maestros de su sueldo y de cotizaciones previsionales, lo que redunda directamente en perjuicio de su derecho a la seguridad social.

Escribo estas líneas desde Chiloé, provincia icónica al respecto, pues prácticamente todas las comunas de la zona convirtieron sus Departamentos de Educación Municipal en Corporaciones, y en prácticamente todas esas comunas hay problemas de pagos de sueldos y, sobre todo, de pago de cotizaciones previsionales, que están afectando ahora mismo a cientos de docentes, pero que les afectarán aún más en los próximos años cuando no puedan jubilar porque lisa y llanamente no tienen fondos en su AFP para hacerlo. Si el sistema de pensiones chileno ya es malo, imagínese como es enfrentarlo con lagunas de años, lagunas producidas por la inoperancia de Corporaciones que basadas en «lo privado» iban a ser más eficientes y terminaron siendo todo lo contrario.

El no pago de cotizaciones es solo uno de tantos problemas de estas Corporaciones, que administran mal la educación de nuestro país, despilfarran fondos y, más encima, cargan con un manto de dudas sobre cómo se las utiliza como aparatos de favores políticos de las autoridades de turno, ya que al ser Corporaciones de Derecho Privado se hace más difícil la fiscalización por parte de la Contraloría, el Concejo Municipal u otras instancias que podrían verificar lo que sucede en cada una de estas instituciones.

En síntesis, la aplicación de la lógica privada en lo que debiese ser un servicio público de excelencia golpea tanto a los Notarios y Conservadores como a las Corporaciones de Educación, generando pésimos resultados. Es hora, pues, de avanzar en una administración y sostenimiento directo del Estado, con las mejores prácticas, las mayores garantías, el financiamiento correcto y todo aquello que constituye un servicio público de excelencia, como debe ser. Si no, seguiremos teniendo favores entre privados y unos gigantescos problemas públicos.

 

Puedes revisar la columna aquí: https://www.biobiochile.cl/noticias/opinion/tu-voz/2022/12/02/favores-privados-problemas-publicos.shtml

[COLUMNA DE OPINIÓN BÍO BÍO] «INSISTIMOS: ES EL MODELO»

Escribo estas líneas desde la región de Los Ríos, donde la aprobación del PADEM de una comuna amenaza el empleo de 45 docentes. Al mismo tiempo, hay movilizaciones en Quellón por el no pago de cotizaciones previsionales a profesoras y profesores.

Hace unos días, estuvimos enfrentando los despidos a trabajadores de la educación en diferentes comunas del país. En otras tantas hay no pago de sueldos o la amenaza real de la suspensión de pagos el próximo mes, o el siguiente.

En el intertanto, nos enteramos de las gravísimas cifras de deserción escolar que afectan al sistema escolar chileno y vivimos una polémica en torno a Aula Segura, la ineficaz ley que no ha servido para reducir la violencia que viven nuestras escuelas y que ha recrudecido especialmente durante este año de vuelta a clases presenciales.

Como se ve, Educación tiene muchos temas y todos parecen muy distintos, pero en realidad se trata de las problemáticas evidentes, notorias y urgentes de un modelo educativo que no da para más y que es necesario volver a denunciar, con la insistencia que provoca la urgencia de ver la mala situación en los establecimientos educacionales de nuestro país.

Por una parte, está el modelo de financiamiento, que tiene quebrados a la mayor parte de los sistemas comunales de educación en todo el territorio nacional y que está a la base de la crisis de infraestructura y falta de atención en las escuelas y liceos. Faltan profesores, faltan psicopedagogos, faltan psicólogos… faltan hasta ventanas en las escuelas de Chile. Falta, en realidad, un financiamiento basal a los establecimientos educacionales de todo el país que entregue un piso mínimo de dignidad y eficiencia al ejercicio educativo.

Por otra parte, está el modelo pedagógico, que insiste en las mediciones estandarizadas, el individualismo y la competencia, y que es la raíz de fondo de la crisis de convivencia y violencia en las escuelas y liceos del país: si el otro es, a fin de cuentas, un rival al que vencer y superar, no hay un soporte conceptual profundo que permita construir entre todos una comunidad y, por lo tanto, desarrollar una cultura de convivencia, paz y reconocimiento mutuo. Si algo ha mostrado la crisis de violencia actual es la falta de comunidad escolar y eso, precisamente, tiene que ver con el modelo pedagógico y de sociedad que tenemos.

Y, finalmente, además del modelo de financiamiento y el modelo pedagógico, está el modelo organizativo de nuestro sistema educacional, que justamente se caracteriza por evitar ser un sistema propiamente tal y consistir solo en unidades educativas aisladas, precariamente apoyadas por un sostenedor y sin la concepción ni características de un servicio nacional respaldado por el Estado y estructurado con una mirada país. Tenemos, por ahora, escuelas que compiten entre sí y tratan de salvarse ante la vorágine de desafíos que enfrentan, pero no un sistema nacional correctamente articulado con una dirección común ni que aproveche las sinergias propias de un sistema propiamente tal.

En definitiva, ante los muchos problemas que tiene la educación en Chile, insistimos con convicción: es el modelo el que hay que cambiar.

 

Puedes revisar la la columna completa aquí: https://www.biobiochile.cl/noticias/opinion/tu-voz/2022/11/25/insistimos-es-el-modelo.shtml

SUSPENSIÓN DE LA EVALUACIÓN DOCENTE 2022: UNA VENTANA DE OPORTUNIDAD PARA UNA MEJOR EDUCACIÓN

Luego de intensas gestiones del Magisterio, el Congreso Nacional aprobó la Suspensión de la Evaluación Docente 2022, y eso tiene importantes consecuencias favorables para la educación del país.

Concretamente, este año de vuelta total a la educación presencial ha sido especialmente desafiante para las comunidades educativas de todo Chile. Tras dos años de pandemia se ha confirmado la importancia central de las escuelas y el rol insustituible de profesoras y profesores en el proceso educativo, que durante este año escolar han debido contener a estudiantes afectados por dos años de encierro y sobrellevar las falencias que dejó la mala conectividad de la que el Gobierno anterior nunca se hizo cargo y que privó a miles de estudiantes de su derecho a la educación en tiempos de cuarentenas.

Justamente por esa situación concreta que se vive en los recintos educativos, es que la Suspensión de la Evaluación Docente es una buena noticia, pues permite a las profesoras y profesores dedicarse con todo a sus labor educativa y no distraerse en los instrumentos evaluativos hoy suspendidos.

Es que esos instrumentos no son poca cosa. Cuando hablamos de la Evaluación Docente, algunos perdidos que opinan sin saber creen que se habla de una evaluación en abstracto, o de un mero diálogo entre jefaturas y subalternos, como puede darse cotidianamente en cualquier trabajo. Esas voces desconocen que cuando hablamos de Evaluación Docente en Chile hablamos de dos procedimientos evaluativos altamente regulados por dos leyes distintas, que externalizan la evaluación de profesorado y que implican una amplia carga de trabajo y tiempo extra para las y los docentes del país, fuera de su horario de trabajo y sin pago por esas labores.

Y si hoy, muy concretamente, la Suspensión de la Evaluación Docente va a permitir que miles de profesoras y profesores se concentren en su tarea más importante, educar a sus estudiantes; también va a permitir que el profesorado tenga, al menos, un agobio laboral del que no preocuparse durante este año; y, además, liberará al Estado del gasto de ingentes sumas de dinero que se pagan año a año a empresas privadas, que han formado una verdadera industria de la evaluación. Pero, junto a todo ello, la Suspensión de la Evaluación Docente 2022 está permitiendo desde ya discutir cómo debe ser una buena y útil evaluación del profesorado en nuestro país.

Ese debate se reactiva hoy luego de haber sido una de las banderas de lucha del Magisterio en el Paro Docente del 2019, en el que exigimos el fin de la Doble Evaluación Docente, compromiso no cumplido por el Estado hasta el día de hoy. Porque la duplicidad de las Evaluaciones es una realidad agobiante y estéril que aún está vigente, pero es solo una de las fallas del actual modelo educativo del país.

Las otras fallas que se pueden enumerar tienen que ver con su carácter punitivo y no formativo; sus perfil estandarizado; su carácter externo y ajeno a las comunidades educativas donde concretamente se realiza la tarea educativa; la débil retroalimentación que entrega al profesorado; su altísimo costo en beneficio de privados; y, ante todo, la ausencia de evidencia que demuestre que ha sido un aporte a la educación del país.

Por todo eso es que desde el Colegio de Profesoras y Profesores de Chile afirmamos que la Suspensión de la Evaluación Docente no solo es una lucha obtenida por el empuje de la organización del profesorado en el país, ni tampoco es únicamente una medida específica orientada a dirigir tiempo y energía en la educación de las y los estudiantes del país, sino que es, también, el inicio de una discusión seria y con perspectiva que permita construir una nueva evaluación que no agobie a las comunidades educativas y que, por sobre todo, sí sea útil a la Educación del país. Justamente aquello que la actual Evaluación Docente no ha logrado.


Columna de opinión semanal en Bio Bio de Carlos Díaz Marchant, Profesor y Doctor en Educación, Presidente del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile.

Publicada originalmente en: https://www.biobiochile.cl/noticias/opinion/tu-voz/2022/11/10/suspension-de-la-evaluacion-docente-2022-una-ventana-de-oportunidad-para-una-mejor-educacion.shtml

 

«LAS FAKE NEWS SOBRE LIBERTAD DE ENSEÑANZA Y EDUCACIÓN PARTICULAR SUBVENCIONADA EN LA NUEVA CONSTITUCIÓN»

Por Eduardo González Navarro, Vicepresidente Colegio de Profesoras y Profesores, Encargado Departamento Educación Particular Subvencionada, Mg. en Educación.


La propuesta educativa que contiene la Constitución Democrática que se plebiscita el próximo 4 de septiembre aborda diversos aspectos: derecho a la educación, fines y principios educativos, sistema nacional de educación, financiamiento, participación, educación pública, entre otros. De estos temas, la regulación sobre libertad de enseñanza y educación particular ha sido objeto de fuertes críticas por parte de la derecha, sus medios de comunicación y los dueños de colegios privados. Son dos las fake news que se pretenden instalar por estos sectores, a saber: a) que no existirá libertad de enseñanza b) la educación particular desaparecerá imponiéndose un solo modelo educativo, estatal y homogeneizador.

Lo primero que habría que señalar es que la propuesta constitucional, sí consagra la libertad de enseñanza. En efecto, el articulo 41 afirma explícitamente: «La Constitución garantiza la libertad de enseñanza y es deber del Estado respetarla. Ésta comprende la libertad de padres, madres, apoderados y apoderadas a elegir el tipo de educación de las personas a su cargo, respetando el interés superior y la autonomía progresiva de niños, niñas y adolescentes. Las y los profesores y educadores son titulares de la libertad de cátedra en el ejercicio de sus funciones, en el marco de los fines y principios de la educación».

Como es evidente, la Libertad de Enseñanza implica la libertad de las familias para escoger el tipo de educación de sus hijos e hijas y la libertad de cátedra de las y los docentes. En ambos casos, esta libertad tiene límites que son el respeto a las y los niños, entendidos como sujetos de derecho y en el caso de los docentes, el circunscribirse a los fines y principios educativos, es decir, no pueden adoctrinar ni violar la conciencia de sus educandos.

Esta concepción de libertad de enseñanza tiene, entre otros aspectos, dos diferencias significativas respecto a lo establecido en la constitución de Pinochet:  a) la actual propuesta pone en su centro a las familias por sobre la libertad de empresa educativa que asegura la constitución del 80’, b) la forma de comprender los límites de la libertad de enseñanza en la constitución dictatorial es totalmente alejada de la educación. «No tiene otras limitaciones -dice- que las impuestas por la moral, las buenas costumbres, el orden público y la seguridad nacional». En su contraparte, la propuesta actual entiende los limites desde el derecho a la educación: los niños /niñas como sujetos de derecho y docentes orientándose por los propósitos educativos definidos por el país democráticamente.

Es evidente que no estamos en presencia del fin de la libertad de enseñanza, sino que de una nueva forma de comprenderla. Pasamos de una concepción ligada a la empresa educativa a una fundada en un enfoque de derechos, pedagógica y democrática.

La literatura internacional sobre la Libertad de Enseñanza incluye un tercer aspecto no explicitado en la actual propuesta constitucional, lo que no implica, por cierto, que no existirá. Nos referimos a la libertad que tienen los particulares para fundar establecimientos distintos a los del Estado. Cabe señalar que esta libertad había sido aprobada por la Comisión de Derechos Fundamentales el día 5 de mayo y, por tanto, fue presentada para su votación en el Pleno de la Convención el día 11. En efecto, el inciso tercero del artículo 19, señalaba explícitamente que la Libertad de Enseñanza comprendía «la libertad para crear y gestionar establecimientos educativos, en el marco de los fines y principios de la educación, de conformidad a la ley». Al momento de la votación de este inciso, la derecha lo rechazó (Arancibia, Canturias, Cubillos, Marinovic, Moreno y Zúñiga, entre otros) no lográndose, por tanto, los 103 votos requeridos (quorum de los 2/3) para su aprobación, siendo esta la razón del por qué explícitamente este punto no figura en la propuesta constitucional.

 

Cuadro de votación inciso 3, art. 19 en el Pleno de la Convención día 16 de mayo.

 

Ahora bien, el hecho que no figure de manera explícita la libertad de un privado para fundar un colegio ¿significa que esta libertad desaparecerá y que por tanto toda la educación estará en manos del Estado? No. Básicamente por dos razones: a) la misma propuesta constitucional que se plebiscitará reconoce esta libertad en el artículo 36 que crea el Sistema Nacional de Educación. Allí se afirma: «El Sistema Nacional de Educación estará integrado por los establecimientos e instituciones de educación parvularia, básica, media y superior, creadas o reconocidas por el Estado… La ley establecerá los requisitos para el reconocimiento oficial de los establecimientos educacionales».  Es decir, el SNE se compone de instituciones públicas («creadas» por el Estado) y por privadas («reconocidas por el Estado») y, al igual como lo establece la constitución del 80, los requisitos para el reconocimiento oficial serán, por razones obvias, materia de una ley.

Como segunda cuestión, es importante recordar lo señalado por la ley 21. 200 en cuanto a que «el texto de Nueva Constitución que se someta a plebiscito deberá respetar … los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes». Entre estos tratados está, entre otros, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en cuyo artículo 14, punto 4, se indica que los Estados no pueden restringir «la libertad de los particulares y entidades para establecer y dirigir instituciones de enseñanza», agregando que «la educación dada en esas instituciones» debe ajustarse «a las normas mínimas que prescriba el Estado».

Como queda claramente expuesto, la propuesta educacional de la nueva constitución resguarda la libertad de un privado para establecer una institución de enseñanza.

Por consiguiente, el sistema educativo que se propone sitúa en su centro el pluralismo y la libertad de las familias para escoger el tipo de educación para sus hijos e hijas. Señalar lo contrario, solo se explica por fines políticos que buscan crear un clima favorable al rechazo en el plebiscito. Los datos reales y concretos desmienten la postura de los dueños de colegios y las fake news de la derecha.

Con respecto al financiamiento público a instituciones educativas privadas se viene sosteniendo que, de aprobarse la nueva constitución, el Estado acabará con los colegios particulares subvencionados. Falso también. Para que eso ocurra, el Pleno de la Convención Constitucional debió haber admitido, el 16 de mayo, la indicación número 48 que señalaba: «El Estado no participa del financiamiento al sector privado de la educación». Esto no fue aprobado, por tanto, no está en la propuesta de nueva constitución.

Por el contrario, la Comisión de Derechos Fundamentales presentó al Pleno la propuesta de otorgar, bajo el cumplimiento de altas exigencias y regulaciones, financiamiento público a instituciones educativas privadas (particular subvencionado). Esta propuesta se expresó en el artículo 20, ter. Al momento de la votación de este artículo la derecha lo rechazó (Fontaine, Cretton, Canturias, Montealegre, Cubillos, Marinovic, Moreno y Zúñiga, entre otros) no lográndose, por tanto, los 103 votos requeridos (quorum de los 2/3) para su aprobación, siendo esta la razón del por qué no figura en la propuesta constitucional el financiamiento a la educación privada.

 

Cuadro de votación art. 20, ter. en el Pleno de la Convención día 16 de mayo.

 

Ahora bien, el hecho que no figure en la propuesta constitucional el aporte en financiamiento público a privados ¿significa que estos colegios cierran, se quedan sin financiamiento y habrá despidos masivos si se aprueba la nueva Constitución? No. En lo esencial se deben considerar dos cuestiones. En primer término, regular en la Constitución el aporte estatal para financiar a la educación privada no es materia constitucional. No es una obligación. Es más, prácticamente ninguna constitución del mundo lo hace, ni siquiera la del 80’. La observación general número 13, del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su párrafo 54, indica expresamente que los Estados no tienen la obligación de financiar establecimientos educacionales de carácter particular. Esta directriz internacional ha sido ratificada en Chile por el propio Tribunal Constitucional en su sentencia rol número 2787-15, considerando 96.

La razón de lo anterior radica en una distinción fundamental: si bien el Estado debe garantizar la posibilidad de elegir establecimientos educacionales distintos a los estatales junto con la obvia perspectiva de fundarlos, no está obligado a asegurar su sostenimiento económico. Esto es lo que establecen todos los tratados internacionales que se pronuncian sobre la materia.

De la no obligatoriedad constitucional que existe sobre el Estado para financiar a proyectos privados, no se sigue la prohibición de no hacerlo. El asunto es simple: esta no es materia constitucional, sino que, de política pública, es decir, de ley. Esto queda claramente ratificado en el Artículo Trigésimo Primero Transitorio de la Propuesta Constitucional, donde se indica que: «La ley que crea el Sistema Nacional de Educación deberá contemplar la regulación del financiamiento basal de las instituciones que forman parte del Sistema de Educación Pública y el financiamiento de aquellas instituciones que cumplan con los requisitos que establezca la ley y sean parte del Sistema Nacional de Educación, según lo dispuesto en el artículo 36 del capítulo de Derechos Fundamentales…» El plazo para este mandato es de 24 meses a partir de la entrada en vigencia de la Constitución.

Finalmente cabe señalar que la propuesta constitucional, siguiendo las orientaciones de los tratados internacionales en materia educativa, establece normas básicas y del todo razonables para regular a la educación privada que pueda recibir recursos públicos. Estas son las siguientes: a) estar exentos de toda forma de lucro; b) regirse por los fines y principios educativos que aseguran el derecho de todas y todos los niños a recibir una educación integral en el marco de un objetivo general, público y común de país, es decir, por sobre el interés ideológico particular de cada dueño de colegio como hoy ocurre, c) democratizarse, dado que las comunidades tendrán derecho a la participación vinculante, elemento que hoy no aplica en las escuelas particulares subvencionadas en donde reina derechamente un despotismo y autoritarismo de los sostenedores dueños de colegios. En ese sentido habría que preguntarse ¿por qué negarse a la participación democrática de las familias, docentes, asistentes y estudiantes?  y, d) respetar la igualdad de derechos que pasarán a tener los docentes y asistentes de la educación, cuestión que pone fin a la discriminación odiosa que hoy opera del momento que, ante el mismo trabajo y funciones, las y los trabajadores de este sector tienen derechos inferiores, asunto fuera de todo sentido común dado que es el Estado, con fondos públicos, el que paga sus sueldos.

Quienes promueven el rechazo usarán todos los medios para manipular. Con ese fin, el sector particular subvencionado en donde estudia más de un millón de niños y niñas se presenta como un «nicho» relevante para sembrar miedo en las familias. Ad portas del plebiscito del 4 de septiembre es importante no dejarse engañar. La propuesta educativa de la nueva constitución consagra a la educación como un derecho humano y asume el desafío de reconstruir la educación pública y en ello, comprender el rol colaborador que debe cumplir el sector privado, como ocurrió en Chile hasta antes de la implantación del fanatismo neoliberal. Una razón más para Aprobar.