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Por Eduardo González Navarro, Vicepresidente Colegio de Profesoras y Profesores, Encargado Departamento Educación Particular Subvencionada, Mg. en Educación.

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La propuesta educativa que contiene la Constitución Democrática que se plebiscita el próximo 4 de septiembre aborda diversos aspectos: derecho a la educación, fines y principios educativos, sistema nacional de educación, financiamiento, participación, educación pública, entre otros. De estos temas, la regulación sobre libertad de enseñanza y educación particular ha sido objeto de fuertes críticas por parte de la derecha, sus medios de comunicación y los dueños de colegios privados. Son dos las fake news que se pretenden instalar por estos sectores, a saber: a) que no existirá libertad de enseñanza b) la educación particular desaparecerá imponiéndose un solo modelo educativo, estatal y homogeneizador.

Lo primero que habría que señalar es que la propuesta constitucional, sí consagra la libertad de enseñanza. En efecto, el articulo 41 afirma explícitamente: «La Constitución garantiza la libertad de enseñanza y es deber del Estado respetarla. Ésta comprende la libertad de padres, madres, apoderados y apoderadas a elegir el tipo de educación de las personas a su cargo, respetando el interés superior y la autonomía progresiva de niños, niñas y adolescentes. Las y los profesores y educadores son titulares de la libertad de cátedra en el ejercicio de sus funciones, en el marco de los fines y principios de la educación».

Como es evidente, la Libertad de Enseñanza implica la libertad de las familias para escoger el tipo de educación de sus hijos e hijas y la libertad de cátedra de las y los docentes. En ambos casos, esta libertad tiene límites que son el respeto a las y los niños, entendidos como sujetos de derecho y en el caso de los docentes, el circunscribirse a los fines y principios educativos, es decir, no pueden adoctrinar ni violar la conciencia de sus educandos.

Esta concepción de libertad de enseñanza tiene, entre otros aspectos, dos diferencias significativas respecto a lo establecido en la constitución de Pinochet:  a) la actual propuesta pone en su centro a las familias por sobre la libertad de empresa educativa que asegura la constitución del 80’, b) la forma de comprender los límites de la libertad de enseñanza en la constitución dictatorial es totalmente alejada de la educación. «No tiene otras limitaciones -dice- que las impuestas por la moral, las buenas costumbres, el orden público y la seguridad nacional». En su contraparte, la propuesta actual entiende los limites desde el derecho a la educación: los niños /niñas como sujetos de derecho y docentes orientándose por los propósitos educativos definidos por el país democráticamente.

Es evidente que no estamos en presencia del fin de la libertad de enseñanza, sino que de una nueva forma de comprenderla. Pasamos de una concepción ligada a la empresa educativa a una fundada en un enfoque de derechos, pedagógica y democrática.

La literatura internacional sobre la Libertad de Enseñanza incluye un tercer aspecto no explicitado en la actual propuesta constitucional, lo que no implica, por cierto, que no existirá. Nos referimos a la libertad que tienen los particulares para fundar establecimientos distintos a los del Estado. Cabe señalar que esta libertad había sido aprobada por la Comisión de Derechos Fundamentales el día 5 de mayo y, por tanto, fue presentada para su votación en el Pleno de la Convención el día 11. En efecto, el inciso tercero del artículo 19, señalaba explícitamente que la Libertad de Enseñanza comprendía «la libertad para crear y gestionar establecimientos educativos, en el marco de los fines y principios de la educación, de conformidad a la ley». Al momento de la votación de este inciso, la derecha lo rechazó (Arancibia, Canturias, Cubillos, Marinovic, Moreno y Zúñiga, entre otros) no lográndose, por tanto, los 103 votos requeridos (quorum de los 2/3) para su aprobación, siendo esta la razón del por qué explícitamente este punto no figura en la propuesta constitucional.

 

 

Ahora bien, el hecho que no figure de manera explícita la libertad de un privado para fundar un colegio ¿significa que esta libertad desaparecerá y que por tanto toda la educación estará en manos del Estado? No. Básicamente por dos razones: a) la misma propuesta constitucional que se plebiscitará reconoce esta libertad en el artículo 36 que crea el Sistema Nacional de Educación. Allí se afirma: «El Sistema Nacional de Educación estará integrado por los establecimientos e instituciones de educación parvularia, básica, media y superior, creadas o reconocidas por el Estado… La ley establecerá los requisitos para el reconocimiento oficial de los establecimientos educacionales».  Es decir, el SNE se compone de instituciones públicas («creadas» por el Estado) y por privadas («reconocidas por el Estado») y, al igual como lo establece la constitución del 80, los requisitos para el reconocimiento oficial serán, por razones obvias, materia de una ley.

Como segunda cuestión, es importante recordar lo señalado por la ley 21. 200 en cuanto a que «el texto de Nueva Constitución que se someta a plebiscito deberá respetar … los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes». Entre estos tratados está, entre otros, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en cuyo artículo 14, punto 4, se indica que los Estados no pueden restringir «la libertad de los particulares y entidades para establecer y dirigir instituciones de enseñanza», agregando que «la educación dada en esas instituciones» debe ajustarse «a las normas mínimas que prescriba el Estado».

Como queda claramente expuesto, la propuesta educacional de la nueva constitución resguarda la libertad de un privado para establecer una institución de enseñanza.

Por consiguiente, el sistema educativo que se propone sitúa en su centro el pluralismo y la libertad de las familias para escoger el tipo de educación para sus hijos e hijas. Señalar lo contrario, solo se explica por fines políticos que buscan crear un clima favorable al rechazo en el plebiscito. Los datos reales y concretos desmienten la postura de los dueños de colegios y las fake news de la derecha.

Con respecto al financiamiento público a instituciones educativas privadas se viene sosteniendo que, de aprobarse la nueva constitución, el Estado acabará con los colegios particulares subvencionados. Falso también. Para que eso ocurra, el Pleno de la Convención Constitucional debió haber admitido, el 16 de mayo, la indicación número 48 que señalaba: «El Estado no participa del financiamiento al sector privado de la educación». Esto no fue aprobado, por tanto, no está en la propuesta de nueva constitución.

Por el contrario, la Comisión de Derechos Fundamentales presentó al Pleno la propuesta de otorgar, bajo el cumplimiento de altas exigencias y regulaciones, financiamiento público a instituciones educativas privadas (particular subvencionado). Esta propuesta se expresó en el artículo 20, ter. Al momento de la votación de este artículo la derecha lo rechazó (Fontaine, Cretton, Canturias, Montealegre, Cubillos, Marinovic, Moreno y Zúñiga, entre otros) no lográndose, por tanto, los 103 votos requeridos (quorum de los 2/3) para su aprobación, siendo esta la razón del por qué no figura en la propuesta constitucional el financiamiento a la educación privada.

 

 

Ahora bien, el hecho que no figure en la propuesta constitucional el aporte en financiamiento público a privados ¿significa que estos colegios cierran, se quedan sin financiamiento y habrá despidos masivos si se aprueba la nueva Constitución? No. En lo esencial se deben considerar dos cuestiones. En primer término, regular en la Constitución el aporte estatal para financiar a la educación privada no es materia constitucional. No es una obligación. Es más, prácticamente ninguna constitución del mundo lo hace, ni siquiera la del 80’. La observación general número 13, del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su párrafo 54, indica expresamente que los Estados no tienen la obligación de financiar establecimientos educacionales de carácter particular. Esta directriz internacional ha sido ratificada en Chile por el propio Tribunal Constitucional en su sentencia rol número 2787-15, considerando 96.

La razón de lo anterior radica en una distinción fundamental: si bien el Estado debe garantizar la posibilidad de elegir establecimientos educacionales distintos a los estatales junto con la obvia perspectiva de fundarlos, no está obligado a asegurar su sostenimiento económico. Esto es lo que establecen todos los tratados internacionales que se pronuncian sobre la materia.

De la no obligatoriedad constitucional que existe sobre el Estado para financiar a proyectos privados, no se sigue la prohibición de no hacerlo. El asunto es simple: esta no es materia constitucional, sino que, de política pública, es decir, de ley. Esto queda claramente ratificado en el Artículo Trigésimo Primero Transitorio de la Propuesta Constitucional, donde se indica que: «La ley que crea el Sistema Nacional de Educación deberá contemplar la regulación del financiamiento basal de las instituciones que forman parte del Sistema de Educación Pública y el financiamiento de aquellas instituciones que cumplan con los requisitos que establezca la ley y sean parte del Sistema Nacional de Educación, según lo dispuesto en el artículo 36 del capítulo de Derechos Fundamentales…» El plazo para este mandato es de 24 meses a partir de la entrada en vigencia de la Constitución.

Finalmente cabe señalar que la propuesta constitucional, siguiendo las orientaciones de los tratados internacionales en materia educativa, establece normas básicas y del todo razonables para regular a la educación privada que pueda recibir recursos públicos. Estas son las siguientes: a) estar exentos de toda forma de lucro; b) regirse por los fines y principios educativos que aseguran el derecho de todas y todos los niños a recibir una educación integral en el marco de un objetivo general, público y común de país, es decir, por sobre el interés ideológico particular de cada dueño de colegio como hoy ocurre, c) democratizarse, dado que las comunidades tendrán derecho a la participación vinculante, elemento que hoy no aplica en las escuelas particulares subvencionadas en donde reina derechamente un despotismo y autoritarismo de los sostenedores dueños de colegios. En ese sentido habría que preguntarse ¿por qué negarse a la participación democrática de las familias, docentes, asistentes y estudiantes?  y, d) respetar la igualdad de derechos que pasarán a tener los docentes y asistentes de la educación, cuestión que pone fin a la discriminación odiosa que hoy opera del momento que, ante el mismo trabajo y funciones, las y los trabajadores de este sector tienen derechos inferiores, asunto fuera de todo sentido común dado que es el Estado, con fondos públicos, el que paga sus sueldos.

Quienes promueven el rechazo usarán todos los medios para manipular. Con ese fin, el sector particular subvencionado en donde estudia más de un millón de niños y niñas se presenta como un «nicho» relevante para sembrar miedo en las familias. Ad portas del plebiscito del 4 de septiembre es importante no dejarse engañar. La propuesta educativa de la nueva constitución consagra a la educación como un derecho humano y asume el desafío de reconstruir la educación pública y en ello, comprender el rol colaborador que debe cumplir el sector privado, como ocurrió en Chile hasta antes de la implantación del fanatismo neoliberal. Una razón más para Aprobar.

 

Por Eduardo González Navarro, Vicepresidente Colegio de Profesoras y Profesores, Mg. En Educación. Diplomado en Cambio Climático.

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Estas breves notas tienen como propósito contribuir a la comprensión profunda de la transformación democrática que contiene la Propuesta de Nueva Constitución en materia educativa; transformación que justifica el por qué debemos Aprobar el próximo 4 de septiembre.

UNO: Se establece a nivel constitucional el Derecho a la Educación, entendido como un derecho social fundamental. Son sujetos de éste todas las personas. El resguardo de este derecho será función «primordial e ineludible del Estado». Estas formulaciones que pueden aparecer obvias en el escenario internacional, no estaban contenidas en la Constitución del 80, la cual llegó al fanatismo de negar a las y los niños como sujetos del derecho a la educación y de entender a la educación como un bien de consumo e inversión.   

DOS: Se establece una clara definición sobre educación y sus fines y principios. La propuesta conceptualiza la educación como un «proceso de formación y aprendizaje permanente, a lo largo de la vida» e «indispensable para el ejercicio de los demás derechos». Tiene propósitos sociales e individuales. Está vinculada al desarrollo del país basado en la «justicia social, respeto de los derechos humanos, convivencia democrática entre los pueblos, con conciencia ecológica, sin discriminación». Su fin individual apunta a una educación integral del ser humano considerando su «dimensión cognitiva, física, social y emocional». En cuanto a los principios, se establece que serán la «cooperación, no discriminación, inclusión, justicia, participación, solidaridad, interculturalidad, enfoque de género, pluralismo y no sexista», desplegándose éstos de forma «contextualizada, considerando la pertinencia territorial, cultural y lingüística». Es decir, junto con establecer una experiencia formativa básica e integral para todas y todos los niños del país, independiente de su condición socioeconómica, se avanza en un principio central para todo sistema educativo: la diversidad entendida desde una perspectiva pedagógica (no economicista como hoy) ligada a las distintas realidades en que se inserta la escuela. Nada de esto, por cierto, figura en la actual constitución del 80. 

TRES: Para implementar el derecho a la educación se crea un Sistema Nacional de Educación (SNE) al cual se adscriben todas las instituciones, privadas y públicas, tanto del ámbito escolar como superior, las cuales deben ser democráticas y tendrán prohibida toda forma de lucro. Es una mentira infame lo que acusa la derecha al señalar que no habrá educación privada, puesto que este SNE la reconoce.

Todas las instituciones que conforman el SNE deberán regirse por los fines y principios de la educación, es decir, se resguarda el desarrollo de un proyecto educativo al servicio del conjunto de los intereses del país lo que está lejos de ser un proyecto único u homogeneizador. Todo lo contrario, como nunca antes se instala en el sistema educativo el equilibrio entre la diversidad (contextualización) como eje del sistema escolar junto a un proyecto compartido de interés general que se sitúa por sobre los intereses particulares.

Al interior del SNE, es el Sistema de Educación Pública el que tendrá el rol estratégico, estableciéndose la obligación constitucional del Estado de «fortalecer» y «ampliar» este sistema. En efecto, haciéndose cargo de la profunda crisis a la que las políticas de mercado llevaron a la educación pública, promovida por la constitución del 80, la propuesta constitucional democrática establece el «deber primordial del Estado» respecto de ella, para lo cual se establece un financiamiento «permanente, directo, pertinente y suficiente, a través de aportes basales». Es decir, se pone fin a una cuestión que no existe en otra parte del mundo y que nunca en la historia de Chile había ocurrido: mismo tipo de financiamiento para la escuela pública y privada, que lejos de aumentar la excelencia del sistema educativo solo trajo consigo hacer de la educación un negocio. El voucher sale de la educación pública.

CUATRO: Se democratizan las escuelas (públicas y privadas) que forman parte del SNE, al establecerse el derecho de las y los integrantes de cada comunidad (familias, docentes, asistentes de la educación, estudiantes) a la participación «vinculante». Los ámbitos de acción serán: «definiciones del proyecto educativo y en las decisiones de cada establecimiento, así como en el diseño, implementación y evaluación de la política educacional local y nacional». Dicho de otro modo, se fortalecen las «comunidades escolares» y se enfrenta el profundo despotismo que hoy reina en las escuelas. En el caso concreto de las familias hay un viraje fundamental: pasan de ser entendidas como consumidoras y clientes a sujetos de derecho. Es la comunidad y no el «dueño del colegio» la que pasa a tomar protagonismo de los procesos educativos. El derecho a la educación implica la participación democrática. Por cierto, la actual constitución dictatorial ni una palabra dedica a este tema.

CINCO: «La Constitución garantiza la Libertad de Enseñanza y es deber del Estado respetarla», señala explícitamente la propuesta. Asimismo, se consagra la libertad de «padres, madres, apoderados y apoderadas a elegir el tipo de educación de las personas a su cargo, respetando el interés superior y la autonomía progresiva de niños, niñas y adolescentes». El giro fundamental de esta forma de entender la Libertad de Enseñanza es poner en su centro a las familias por sobre la libertad de empresa educativa y el negocio que asegura la constitución del 80.

SEIS: Se reconoce el rol de docentes y asistentes de la educación para la garantía del derecho a la educación, estableciéndose algo fundamental: la igualdad de derechos ante mismas funciones. Todo lo contrario a lo que se deriva de la constitución dictatorial del 80.

SIETE: Las instituciones que integran el sistema de educación superior tendrán prohibida toda forma de lucro, y deberán guiarse por los fines y principios educativos. Junto a ello, se establece el principio de gratuidad con respecto a los procesos formativos que conducen a la obtención de títulos.

En definitiva, la propuesta educativa que contiene el borrador de Nueva Constitución Democrática que se plebiscita el próximo 4 de septiembre establece un avance fundamental: reorienta a Chile hacia el camino de lo que establecen los tratados internacionales sobre el derecho a la educación, superando ampliamente las definiciones de la constitución dictatorial que consagran la privatización escolar. Parafraseando al importante filósofo chileno Carlos Ruiz Schneider, nuestro país inicia el tránsito de una concepción de la educación de mercado a una republicana democrática. Pero esto es una propuesta, la tarea inmediata para hacerla viable es Aprobar por el Derecho a la Educación en el plebiscito de salida.

Una entrevista radial del Presidente de la República volvió a poner en la palestra pública la Deuda Histórica por la cual miles de profesoras esperan hace más de 41 años. En su alocución, Gabriel Boric reafirmó su compromiso con una Reparación a los miles de docentes afectados, pero condicionó dicha reparación a los resultados de la Reforma Tributaria y señaló que más bien hacia el final de su Gobierno habría justicia para las educadoras y educadores que esperan por décadas.

Las declaraciones del Primer Mandatario tuvieron un sabor dulce y agraz para el profesorado. Por un lado, valoramos la confirmación inequívoca de un compromiso de campaña y la certeza de la decisión política tomada en dirección a hacer justicia a quienes sufren hasta hoy la Deuda Histórica. Por otra parte, el condicionamiento a la Reforma Tributaria y la ubicación temporal de la reparación en tres o cuatro años más generan incertidumbre y preocupación, más aún teniendo en cuenta el alto número de docentes ya fallecidos que nunca tuvieron respuesta alguna y aquellos que están en la cuarta edad y siguen esperando.

Para quienes no estén enterados, la Deuda Histórica es uno de los agravios de la Dictadura que ha tenido mayor duración en el tiempo. Entre los múltiples perjuicios que provocó el régimen a las trabajadoras y trabajadores de Chile, uno de los más graves fue el cercenamiento salarial que sufrieron las profesoras y profesores del país.

En 1981, cuando la Dictadura transformó a los docentes en funcionarios municipales, les quitó el reajuste salarial que como funcionarios públicos les correspondía, reduciendo su salario de manera ilegal. Durante años, las profesoras y profesores del país ganaron menos de lo que les correspondía e incluso ganaron menos de lo que ganaban unos años antes. Ese perjuicio salarial, por cierto, afectó directamente su calidad de vida, pero además afectó su cotización previsional y sus jubilaciones actuales, porque a muchas maestras y maestros se les impuso el traslado a las AFP.

Así las cosas, la Deuda Histórica se trata de un daño material, concreto y permanente que tiene consecuencias hasta el día de hoy en profesoras de avanzada edad. Pero además se trata de un legado de la Dictadura que se mantiene y que debe ser reparado, más aún en tiempos constituyentes donde nos preparamos para la superación, por fin, de la Constitución de Pinochet y su régimen.

Por todo ello, creemos que la reparación de la Deuda Histórica no es «un tema más» en el listado de las múltiples demandas que recibe todo Gobierno por parte de gremios y organizaciones, sino que corresponde a una lucha de la mayor importancia, porque su reparación contribuirá material y directamente a mejorar la vida de miles de profesoras de avanzada edad; la solución de este tema significará un cumplimiento político de primer orden para el Presidente Boric, que será el primer Presidente del país en cumplir con el profesorado en una demanda de décadas; y la solución de la Deuda Histórica, simbólicamente, será entendida como la superación, por fin, de una de las peores herencias de la Dictadura.

En ese marco, insistimos: hay que reparar la Deuda Histórica con sentido de urgencia, lo antes posible y con la mejor reparación que se pueda lograr. Así, repararemos no solo a las y los docentes directamente afectados, repararemos a todo un país, que por fin verá justicia para las y los profesores de Chile.

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Columna de opinión semanal en Bio Bio de Carlos Díaz Marchant, Profesor y Doctor en Educación, Presidente del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile.

Publicada originalmente en: https://www.biobiochile.cl/noticias/opinion/tu-voz/2022/05/06/deuda-historica-justicia-para-chile.shtml

Este 7 de abril se conmemoró un nuevo Día de la Educación Rural, con el epicentro de las celebraciones en la ciudad de Castro, capital de Chiloé, donde se inauguró el primer monumento público del país en homenaje a las profesoras y profesores rurales de todo Chile.

La fecha sirvió, como todos los años, para valorar y reconocer el aporte que hacen las maestras y maestros que se desempeñan en todos los rincones del país y que educan a niñas, niños y adolescentes en los más diversos contextos, que no son otra cosa que el reflejo de la variedad de realidades que existen en nuestro Chile.

Por supuesto, en la efeméride también se recordaron las demandas y luchas del profesorado rural, que van desde la exigencia de recursos hasta la decisión política del Estado de mantener y potenciar las escuelas rurales, que en muchas partes se han abandonado y dejado morir.

Pero este año 2022 el Día de la Educación Rural se dio en un contexto particular, el contexto de la vuelta a clases presenciales y la verdadera pandemia de violencia que azota a las escuelas a nivel nacional.

En ese marco, la educación rural cobra más importancia aún, porque sus características no la hacen un objeto del pasado en extinción, sino que un faro al cual mirar y de donde sacar lecciones para la educación de todo Chile. Como todo patrimonio cultural, su mayor relevancia no está en lo que nos recuerda del pasado, sino en lo que nos ilumina hacia el futuro.

Vamos viendo. En primer lugar, en la educación rural se da una fortísima autonomía y capacidad de decisión por parte de los docentes. Las maestras y maestros que ejercen en las escuelas rurales muchas veces componen pequeños grupos de educadores o, incluso, son el único profesor de todo el establecimiento. Aquella realidad les permite tomar decisiones efectivas sobre su propia escuela e incidir directamente en lo que sucede en el establecimiento.

Así, al contrario de lo que podría pensarse, las escuelas rurales tienen una altísima capacidad de respuesta ante la contingencia, puesto que están habilitadas para el cambio y reaccionan en la marcha ante imprevistos. Todo eso dista mucho de la realidad de los establecimientos urbanos masivos, donde las profesoras y profesores se ven aprisionados en un cúmulo de labores administrativas que pretenden dirigir desde afuera y desde una supuesta expertise técnica la labor en la cual las y los docentes son los verdaderos especialistas.

En la ciudad hay más internet y escuelas más grandes, pero mucha menor capacidad de parte de las profesoras y profesores de ejercer su rol pedagógico como los profesionales de la educación que efectivamente son.

En segundo lugar, las escuelas rurales tienen un fortísimo vínculo con las comunidades en las que están insertas. Aquello se da no solo porque los establecimientos rurales estén ubicados en pequeños pueblos -porque de hecho hay escuelas que no tienen casa vecinas- sino porque en la ruralidad impera una lógica donde los colegios son un eje articulador de la comunidad, lo que hace que no solo se utilicen para labores educativas, sino que de reunión, actividades deportivas e incluso como hub de conectividad en las que tienen internet.

Ese vínculo cercano con las comunidades hace que las escuelas rurales sean espacios más participativos, receptivos a la realidad de sus estudiantes y familias, y donde impera una valoración social de sus profesoras y profesores mucho mayor que en las áreas urbanas.

Y en tercer lugar, en las escuelas rurales se vive desde hace años una educación intercultural, pues el currículum educativo nacional que rige en todo el país es adaptado de manera pertinente al contexto donde se desarrolla en concreto la pedagogía, gracias al vínculo efectivo de la escuela con su comunidad y la capacidad real de las profesoras y profesores de tomar decisiones. Así, las escuelas rurales no solo son un espacio donde se entrega educación a las y los estudiantes, sino donde se genera un círculo virtuoso de diálogo con sus comunidades.

Esos tres elementos, de entre muchos más que se pueden rescatar de la Educación Rural, son elementos a observar y valorar para el conjunto de la educación en nuestro país. Una escuela con profesores empoderados, una escuela con vínculo con su comunidad y una escuela intercultural, es una escuela de y con futuro, que nos sirve a todo el país. Eso es lo que podemos aprender de la Educación Rural hoy. Y con ese aprendizaje construir un mejor mañana.

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Columna de opinión semanal en Bio Bio de Carlos Díaz Marchant, Profesor y Doctor en Educación, Presidente del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile.

Publicada originalmente en: https://www.biobiochile.cl/noticias/opinion/tu-voz/2022/04/08/educacion-rural-un-futuro-al-que-mirar.shtml