LAS INICIATIVAS EDUCATIVAS APROBADAS EN LA COMISIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES. ¿DÓNDE ESTÁ EL DEBATE?

Por Eduardo González Navarro

1° Vicepresidente del Colegio de Profesoras y Profesores

El pasado viernes, la Comisión de Derechos Fundamentales aprobó en general las iniciativas educativas que deberá analizar y votar en particular durante esta semana. La Comisión aprobó tres grandes propuestas sobre las cuales debe trabajar a fin de diseñar una proposición para presentar al Pleno, instancia en la cual se requieren 2/3 para la aprobación definitiva.

Las propuestas aprobadas en general son las de los Movimientos Sociales Educativos respaldada por el Gremio Docente; la del Frente Amplio, Independientes no Neutrales y Colectivo Socialista y, la de Acción Colectiva por la Educación de la cual forma parte Elige Educar, Educación 2020 y otras fundaciones privadas que, dicho sea de paso, algunas son financiadas por Luksic.

La propuesta de Iniciativa de Norma levantada por las más de treinta organizaciones de la Articulación de Organizaciones Sociales Educativas (entre ellas el Colegio de Profesoras y Profesores, C8M, Confech, Conaech, FENATED) sostiene como idea central que la nueva constitución debe sentar las bases para establecer el derecho a la educación como un derecho social con garantía estatal. La materialización de este derecho debe operar por medio de la creación de un sistema educativo articulado de provisión pública estatal, con participación comunitaria, financiamiento basal, con garantía de derechos para asistentes de la educación y docentes, un entendimiento de la libertad de enseñanza en sentido pedagógico y una definición robusta sobre los propósitos educativos que se buscan como país, entre otros: una educación integral, no sexista, intercultural, inclusiva y contextualizada. Lo anterior implica romper la igualdad de trato entre la escuela pública y privada, principio estructural que instauró la Constitución del 80’ al sobreponer la libertad de enseñanza (entendida como libertad de empresa) por sobre el derecho a la educación.

Esta iniciativa, construida a partir de las propuestas desarrolladas por las organizaciones educativas en casi treinta años de lucha contra el modelo neoliberal, intenta hacerse cargo del dramático estado actual de la educación tras 40 años de políticas educativas extremistas de mercado, competencia y privatización. Para ello postula claramente las bases de un proyecto educativo estratégico fundado en los aportes históricos del pensamiento pedagógico nacional, que hunde sus raíces en la década de los años 20 del siglo pasado. No se trata simplemente de restituir el rol rector del Estado en el ejercicio del derecho a la educación, se trata también, por sobre todo, de pensar una forma moderna y actualizada de este principio para el siglo XXI, el cual se sintetiza en el concepto de “público-estatal-comunitario”. Se enuncia, en esta noción, por tanto, un proyecto educativo-pedagógico denso y rico en tanto se funda en una epistemología que hunde sus raíces en la practica educativa concreta para delinear un camino que permita sentar las bases para la superación del neoliberalismo, entendido no solo como un patrón de acumulación de riquezas, sino que también como un proyecto de dominación ideológico cultural. No hay superación del neoliberalismo, si no hay otra escuela y sistema escolar y eso pasa, entre otras cuestiones, por modificar las relaciones sociales que se constituyen diariamente en la institución escolar, de ahí la importancia de lo comunitario.

Desde otro lugar, y con otros fines, encontramos la propuesta de Acción Colectiva por la Educación que aglutina a Educación 2020, Elige Educar, SUMMA, entre otras fundaciones privadas financiadas por empresarios como Luksic, destinada a mantener con otros ropajes la lógica estructural del actual sistema educativo de mercado. El proyecto de este sector es, en su esencia, llevar a rango constitucional los principios que hoy rigen al sistema escolar. Por cierto, con algunas modificaciones. De ahí que no sea casual que Daniel Rodríguez, defensor tenaz de la educación de mercado, representante de Acción Educar (fundada por el ex Ministro Figueroa) felicitara la aprobación de esta iniciativa, aun cuando su propia iniciativa fuese rechazada.  La derecha no se pierde en sus intereses de largo plazo.

La tercera propuesta aprobada es la del Frente Amplio, el Colectivo Socialista e Independientes No Neutrales. En esta propuesta conviven planteamientos recogidos de Acción Colectiva por la Educación y de los Movimientos Sociales Educativos lo que nos permite afirmar que en esta iniciativa existe una dualidad de miradas y enfoques.

Esta propuesta tiene varios aspectos interesantes y que van, en términos generales, en una dirección correcta, desde ya defiende formalmente la educación pública (diferenciándola de la privada) sin embargo, no propone medidas estructurales materiales para sustentar esta distinción. Al igual que la propuesta de las fundaciones privadas, el FA propone, también, establecer en la constitución el financiamiento a las instituciones privadas al amparo del derecho a la libertad de enseñanza, siendo este punto extremadamente grave y preocupante, puesto que se deriva de este planteamiento que no hay libertad de enseñanza si no hay financiamiento a privados. Cabe señalar que esta relación no se establece en ningún tratado internacional y no existe en ningún país del mundo. Por el contrario, estos tratados –suscritos por Chile- son muy claros en señalar que la libertad de enseñanza opera con la obligación del Estado de respetar el derecho de un particular a fundar establecimientos y el derecho de las familias a elegir el tipo de educación para sus hijos, pero nunca en la obligación constitucional del Estado de financiar estos colegios privados, cuestión radicalmente distinta. Esto es materia de política pública. Tal es así, que incluso el vilipendiado Tribunal Constitucional chileno, en su sentencia rol número 2787-15, considerando 96, ha ratificado este principio internacional de no obligatoriedad del Estado a financiar proyectos privados.

Al no existir obligación jurídica, la razón de esta decisión es netamente política. Llama la atención que el FA-INN-CS, se preocupen más de otorgarle una señal de tranquilidad al sector privado que al pueblo que posibilitó la instalación de la Convención Constitucional, puesto que no se pronuncian explícitamente sobre establecer un tipo especifico de financiamiento para la escuela pública como lo propone la ciudadanía con la tesis del financiamiento basal, ligada a la idea de un trato primordial de la educación pública acorde a su relevancia para el país.

Ciertamente, desprivatizar la educación después de más de 40 años de desarrollo no es tarea fácil. Pero ese desafío se construye desde un lugar y con sujetos concretos: el pueblo. El peligro de dar señales ambiguas en estos momentos, contrariamente al propósito de que no se quiere entregar mas argumentos para el Rechazo, puede terminar minando las propias fuerzas sociales que sostienen las transformaciones y que deben sustentar materialmente la política del Apruebo.

El resto del articulado, ya lo decíamos, va en una dirección correcta, pero requiere precisiones. Ejemplo, la regulación de los docentes y trabajadores de la educación no puede limitarse a una cuestión de reconocimiento de la labor, sino que debe avanzarse en definir el rango del trabajo docente como practica reflexiva, colaborativa y autónoma, lo que supone garantizar condiciones de enseñanza universales y no fragmentadas como hoy ocurre. Del mismo modo, su noción de participación y democratización, como la perspectiva de educación no formal, en estricto rigor, se limitan a llevar a rango constitucional lo que actualmente indica la Ley General de Educación.

Es de esperar que la dualidad de posturas existentes en la propuesta del FA-INN-CS se resuelva a favor y en conjunto con los intereses del pueblo soberano que por años viene pagando el costo de no tener una educación pública y observar como la educación sigue siendo un negocio.