Intensas gestiones realizó esta semana el presidente del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile, Carlos Díaz Marchant, en la Isla Grande de Chiloé. ¿Su objetivo? Frenar la escalada de abusos laborales ejecutados por las Corporaciones Municipales de Educación de las comunas de Ancud, Castro y Quellón; cuyos alcaldes han visto en estas instituciones de derecho privado, pero adscritas a las municipalidades, un instrumento de gasto sin mayor control.
En 1980, en plena dictadura cívico militar, entró en vigencia el Decreto con Fuerza de Ley N°1-3.03, que en su artículo 12 abría la posibilidad para que los municipios crearan este tipo de personalidades jurídicas, que aunque desempeñan funciones públicas sus gastos no deben ser contabilizados en la Normativa del Sistema de Contabilidad General de la Nación. Es decir, sus balances no son entregados como ápice del presupuesto municipal y sus ingresos y egresos sólo son revisados por el Secretario General, el directorio y el Alcalde, que actúa como presidente de la Corporación. Falta de control que se ha traducido en un verdadero hoyo en el bolsillo del Estado.
Al respecto, desde Castro, el presidente del Gremio docente señaló: «Las Corporaciones Municipales hacen y deshacen con los recursos públicos, práctica que está avalada por la Constitución Política vigente, es decir, sacan dinero destinado a educación para pagar favores políticos o para lo que los alcaldes decidan y, además, cuando éstos ven que sus municipios están sumergidos en crisis financieras deciden hacer ajustes económicos con despidos, reducción de horas, desvío de fondos, sueldos impagos, etc; vulneración sistemática de derechos laborales que no permitiremos que ocurran», planteó el dirigente.
Cabe recordar que en esta línea, en el mes de octubre, el Magisterio emplazó al Ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, para que tomara cartas en el asunto frente a estas situaciones. Emplazamiento que fue respondido por el Jefe de la Cartera en una entrevista al diario La Tercera: «Hay una crisis importante en la administración municipal»; asimismo, destacó que, desde la subsecretaría de Educación, se ha trabajado en «mirar cada una de estas comunas, cuáles son las situaciones que están enfrentando y buscar soluciones. Fundamentalmente haciendo asignación de recursos extra para que puedan resolver esas problemáticas». Medida que para el gremio docente es paliativa: «Lo que propone el Ministro no soluciona el problema de fondo y además genera nuevas desconfianzas, porque en múltiples ocasiones, al no haber fiscalización, los alcaldes que han recibido recursos extras nuevamente lo utilizan en otras cosas, es decir, es un círculo vicioso que hay que abordarlo cambiando el modelo de educación donde el financiamiento sea basal y sea administrado por el Estado», finalizó el presidente del gremio docente.
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