El presidente del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile, Carlos Díaz Marchant, continúa con su visita a la Región de Coquimbo para evaluar en terreno la situación de las comunas de la zona ante la insistencia del Ministerio de Educación de retorno a clases presenciales de vuelta de vacaciones de invierno. Bajo ese contexto, Díaz Marchant se reunió con las y los dirigentes comunales y regionales del Magisterio, para luego, en conjunto, entregar una carta en la Secretaría Regional de Educación local expresando la posición del profesorado de continuar con clases telemáticas hasta que las condiciones sanitarias y estructurales en los establecimientos escolares sean las óptimas. Además, concretaron con el Alcalde de La Serena, Roberto Jacob Jure, que las clases presenciales en la comuna no se llevarán a cabo mientras no estén las condiciones para ello.

Actualmente, la Región de Coquimbo tiene una positividad Covid-19 de 4,1%, por ello en la misiva dirigida al Seremi de Educación Región de Coquimbo, Claudio Oyarzún Cabezas, se manifestó que: «Hoy más que preocuparnos exclusivamente por nuestra parcela pedagógica nos une el deber como profesoras y profesores de defender la salud y la vida de quienes integran las diversas comunidades educativas y a eso estamos abocados a pesar de las campañas de desprestigio a nuestra organización por oponernos a medidas insensatas provenientes del nivel central ministerial. Ante todo esto reafirmamos nuestra convicción que NO ESTAN LAS CONDICIONES para un retorno presencial gradual hasta que no estén todos los indicadores debidamente certificados por expertos que indiquen PANDEMIA CONTROLADA en las distintas regiones del país y empezar a recuperar la normalidad real que nuestra sociedad estamos claros anhela».

Por su parte, Mario Sánchez, presidente del regional Coquimbo del Magisterio, señaló que: «En este tiempo la Seremia local no ha cumplido con proteger a los trabajadores de la educación y de algunos sostenedores que han abusado sistemáticamente de ellos, ya se por el tema de la pandemia o por temas contractuales». En ese mismo tenor, en la reunión con el edil de La Serena se le manifestó el tema del no pago de las previsiones por parte de la Corporación Municipal Gabriel González Videla a un grupo de docentes de la comuna: «El Alcalde nos explicó que tenía todo el interés de pagar pero que no estaban los recursos, por lo que nosotros como gremio le manifestamos que de no haber una pronta solución, estamos hablando de vuelta de vacaciones, se iniciaría una movilización con paralización incluida».

Es importante recordar que esta deuda nació con la Corporación en los años 80, la que fue aumentando con el tiempo y actualmente, acumula cera de 4 mil millones de pesos por concepto de no pago de cotizaciones legales, pagos de créditos adquiridos en cajas de compensación y entidades crediticias, también seguros de vida y de salud. Dineros que sí han descontados de las liquidaciones de sueldos de los docentes pero que no han llegado a las respectivas instituciones.

Hoy en el Congreso Nacional, parlamentarias y parlamentarios de oposición ingresaron la acusación constitucional en contra del ministro de Educación, Raúl Figueroa. El documento está compuesto por tres capítulos donde se le acusa a Figueroa de haber presuntamente infringido la Constitución en el artículo 19 Nº10, referido al Derecho a la Educación; el 19 Nº1, referido al Derecho a la Vida; el inciso segundo del artículo 5, relativo a tratados internacionales, y el artículo 7, relativo al principio de legalidad. Además, de haber vulnerado varios textos legales referidos al retiro voluntario y subvención escolar.

Referente a este último punto, la diputada de Comunes, Camila Rojas, quien lidera la presentación de la acusación, señaló que: «la falta de nueva regulación hizo que muchos establecimientos recibieran en 2020 menos recursos que en un año normal, incluso tenemos casos de escuelas sin financiamiento. Chile es uno de los pocos países que no invirtió más en educación en pandemia, cuando muchos niños, niñas y adolescentes ni siquiera tienen acceso adecuado a la conectividad».

De hecho en el documento se indica que en pandemia no hubo un aumento de fondos: “la maniobra comunicacional omitió señalar que los beneficiados corresponden sólo a 389 establecimientos educacionales, lo que representa apenas un 7,56% del total de 5.141 establecimientos de educación pública (…). El 48,58% de establecimientos educacionales que reciben subvención del Estado, recibieron menos ingresos el año pandémico 2020 que lo que recibieron el año 2019 por concepto de subvención general. Por su parte, en el caso de los establecimientos municipales, más de la mitad de ellos, un 54,02%, recibió menos recursos”.

Al respecto, el presidente del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile, Carlos Díaz Marchant, recalcó que como gremio apoyan plenamente la acusación pues hay elementos de sobra que la justifican: «en estos tiempos críticos no hubo por parte del Ministro apoyo para los miles de estudiantes que no han tenido conectividad para desarrollar sus clases telemáticas. Tampoco ha cumplido con leyes tan importantes para el profesorado como la Ley de Bono de Retiro y por último, ha puesto en seria dificultad la vida y la salud de las comunidades escolares al tratar de implementar las clases presenciales sin que estén las condiciones para ello».  Argumento que es avalado por un informe de fiscalización de la Contraloría al “Programa de Retorno a Clases Presenciales de los Establecimientos Educacionales”, el que arrojó un sinnúmero de irregularidades, omisiones e incumplimientos, los que evidentemente reflejan la deficitaria situación en los establecimientos que no garantizan un retorno seguro.