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Una dramática situación viven diversas comunidades educativas de la región de Atacama, quienes han debido tolerar una vuelta a clases presenciales con recintos a medio construir, sin baños muchos de ellos, y con una menor dotación de docentes. Así lo informó el presidente regional del magisterio en Atacama, Carlos Rodríguez, quien puntualizó que este problema surge a partir del proceso de traspaso desde los municipios a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), desde el 2021.

En medio de este traspaso, el trabajo de obras y mejoramiento de infraestructura de diversos establecimientos educativos de la región quedaron paralizados, no por falta de recursos sino por razones administrativas y la falta de continuidad en las gestiones, que es una de las críticas que se hace al proceso de traspaso a los SLP. En esta línea, también se inscribe la falta de personal en diversa áreas y, entre ellas, la falta de profesores que es una realidad que impacta de forma directa a las y los estudiantes en esta vuelta a la presencialidad. Las y los apoderados, decidieron llevar adelante un movimiento de protesta que pueda entregar  soluciones y permita un retorno a clases seguro y en condiciones mínimas de dignidad para las y los estudiantes que no cuentan con recintos educativos apropiados.

Carlos Rodríguez destacó que “Lo que estamos solicitando es buscar una vía de solución que se requiere de manera urgente, pero debe ser satisfactoria y  definitiva, que logre estabilizar el funcionamiento de los establecimientos educacionales de la región. Hay varios casos que están apareciendo en las noticias, pero hay otros establecimientos como el Tecnológico de Copiapó, que también volvió a clases teniendo graves problemas de infraestructura, también está el Liceo Comercial. El Politécnico de Vallenar está haciendo clases en una parte de la construcción, mientras se ejecutan las obras y no se trata de falta de dinero. Los recursos están aprobados, el problema está en la ejecución de las obras y nadie se hace cargo”.

El martes 22 de marzo se realizó una reunión de trabajo entre el Seremi de Educación, el Directorio Regional del Magisterio y los comunales Copiapó y Tierra Amarilla donde se planteó el funcionamiento del SLEP Atacama, en los aspectos financieros, pedagógicos y de infraestructura, que presentan serías deficiencias, explicadas en detalle por las y los dirigentes a la autoridad educacional. El señor Seremi de Educación próximamente se reunirá con el Territorial Huasco y los Comunales de Caldera, Chañaral y Diego de Almagro.

Dirigentes del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile, entre los cuales estaba el presidente nacional del gremio, Carlos Díaz Marchant junto al presidente regional de la Araucanía, César Escobar Torres y la secretaria general regional, Emma Marty Becerra, entregaron una carta al Gobernador Regional de La Araucanía, Luciano Rivas, para manifestar la posición del gremio frente a la violencia que se vive a diario en el Wallmapu. En el texto, se  destacó la necesidad de enfrentar este proceso desde la paz, el diálogo y la urgente desmilitarización del territorio, haciendo un llamado al gobierno entrante de Gabriel Boric a contribuir en un camino que consolide esta línea de acción.

El ingreso de la carta a la gobernación regional, se dio en el contexto de la visita de una delegación de ministros que llegaron hasta el territorio, como una de las primeras giras del nuevo gabinete a regiones. Entre ellas, se encontraba la ministra del Interior, Iskia Siches, quien se vio envuelta en un confuso incidente, debiendo posponer su decisión de llegar hasta la comunidad de Temucuicui para reunirse con el padre de Camilo Catrillanca, debido a unos disparos al aire que se escucharon cuando intentaba desplazarse por la zona.

Hay que recordar que el joven Camilo, asesinado en 2018, es parte de una larga lista de más de 20 mapuche asesinados durante los gobiernos pos dictatoriales. En este sentido, los dirigentes solicitaron expresamente que se acabe con el Estado de Excepción Constitucional que aún se mantiene vigente en la región, y que permite la participación no solo de las fuerzas policiales, sino también la presencia de las FF.AA en las diversas comunidades. También  conminaron, tanto al gobierno regional como nacional a involucrarse en el diálogo y a comprometerse con medidas de cambio que apunten a mejorar las condiciones de vida de las y los habitantes de la región.