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La decisión de la alcaldesa Emilia Ríos de despedir a más de 200 profesoras y profesores de la comuna de Ñuñoa aún sigue en la mira de la opinión pública. Pues la chispa del debate se volvió a encender tras las declaraciones de la edil al medio de comunicación El Ciudadano, donde afirma que dichas desvinculaciones responden a un tema de justicia educacional. Justificación que para el presidente del Magisterio, Carlos Díaz Marchant, es inaceptable y carece de toda racionalidad.

«Si la alcaldesa Ríos señala que había una mala distribución de docentes, argumentando que tres colegios tenían una sobredotación, lo lógico habría sido generar un plan de re-distribución de los mismos, con el fin de fortalecer cada uno de los establecimientos educacionales de la comuna», afirmó Díaz Marchant.

Recordemos que el comunicado realizado por la Corporación de Ñuñoa, expresaba que: “Lo anterior (los despidos) se efectúa luego de una evaluación del trabajo desempeñado durante el año, con el objetivo de generar ajuste en las dotaciones internas y dar una mejor respuesta a las necesidades pedagógicas de cada establecimiento”.

A lo que el presidente del Gremio Docente responde: «No coincidimos con la alcaldesa, pues muy por el contrario con este proceder se está nivelando hacia abajo y no hacia arriba y por lo tanto, consideramos absolutamente inválidas las explicaciones que hoy día se está dando para bajarle el perfil a una cuestión que tiene más que ver con el constante debilitamiento de la Educación Pública que con justicia educacional».

El estudio del CEP buscó identificar los principales problemas en los Servicios Locales de Educación Pública, SLEP, como un insumo para abrir la discusión sobre mejoras a la ley de Nueva Educación Pública. Documento que toma como base la información generada en las auditorías realizadas por Contraloría, en los informes del Consejo de Evaluación de los SLEP desde 2018 a 2022 y del debate legislativo que dio origen a la nueva regulación.

A partir de ese análisis, el CEP detalla seis grandes fallas del sistema que son necesarias de corregir: el diseño de la política, la gestión pedagógica, la gestión de la infraestructura, el equipamiento y de los recursos educativos, la administración financiera, la gestión del personal y la participación y vinculación con las comunidades educativas.

La gestión pedagógica es quizás una de las deficiencias más preocupantes. La burocracia y los desafíos administrativos han dejado atrás la planificación, ejecución y evaluación del proceso educativo en las salas de clase. “Un aspecto preocupante es que la carga administrativa excesiva parece ser un obstáculo, especialmente para los jefes de la Unidad de Apoyo Técnico Pedagógica (UATP)”, explica el informe, que de todas formas señala que en las últimas evaluaciones se ven ciertas mejoras en estos temas.

La infraestructura, uno de los puntos fuertes levantados por los docentes de Atacama, sigue siendo un obstáculo para la educación de calidad. La burocracia de los presupuestos y en la toma de decisiones impide avanzar de manera rápida en las urgencias de equipamiento que tienen las escuelas. Pero también se observan problemas heredados de la administración municipal que, indica el informe, deben ser considerados un desafío de Estado para disminuir las barreras en la puesta en marcha de cada SLEP.

Las falencias referidas a los recursos financieros se evidencian en la sobredotación, burocracia y rigidez para administrar los presupuestos. El CEP cita un estudio de la consultora ClioDinámica, que ya en 2021 detectó una exceso de funcionarios traspasados desde los municipios a los nuevos servicios “lo que resulta financieramente insostenible”.

Respecto a la gestión de personal, el estudio deja en evidencia las dificultades para atraer personas preparadas para dirigir los SLEP, principalmente en las regiones más remotas. Y también irregularidades en los concursos públicos que han salido a la luz como el caso del SLEP de Magallanes, donde el sindicato de trabajadores de la corporación municipal de Punta Arenas denunció una serie de anomalías en el proceso de selección del personal administrativo.

Como último punto, el documento detalla que los mecanismos de participación que incluyó la ley de Nueva Educación Pública –los comités directivos, integrados por padres, municipio y gobierno regional; y los Consejos de Educación Pública, que incluye a miembros de la comunidad educativa–, no se han formado dentro de los plazos establecidos y que existen dudas sobre la efectividad de su rol.

Fuentes: Centro de Estudios Públicos, CEP; y El País.

En la jornada de ayer el Ministerio de Educación informó que cuatro Servicios Locales de Educación Pública, SLEP, están en condiciones de entrar en vigencia el próximo 2024: Punilla Cordillera, Iquique, Aysén y Magallanes. Hoy es el turno de que la dirigencia del Magisterio se pronuncie respecto a dicha decisión y la respuesta fue lapidaria: «No están las condiciones, el Mineduc se equivoca».

Así lo consideró, la presidenta del Comunal Punta Arenas del Magisterio, Alicia Aguilante: «Como Colegio de Profesoras y Profesores de Chile reiteramos que no están las condiciones porque no hubo inyección de recursos, pues lamentablemente seguimos con el mismo porcentaje que son 76 mil millones de pesos pero la Región actualmente necesita 90 mil millones de pesos. Esto se traduce, en que para el 2025 el gran problema que pueda existir, para financiar el sistema, es que se efectúen despidos de colegas, porque ya no existirán las municipalidades para subsidiar los sueldos o la falta dinero, entonces se van a tener que bajar los costos por algún lado».

Mientras tanto en la Región de Aysén hoy se sostuvo la primera reunión del Equipo SLEP con todas las agrupaciones y gremios que existen en el territorio, en la cual, el equipo del Mineduc señaló: «Nos explicaron que si bien es cierto están dadas las condiciones para el traspaso eso no significa que se van a solucionar rápidamente los problemas que significan la administración de la educación pública. Pues efectivamente hay un problema económico, sin embargo, nos afirmaron que trabajarán con transparencia, vale decir, se realizaran acercamientos constantes con las comunidades educativas, equipos directivos, personal docente, asistentes y gremios», señaló Rosa Pesutic, presidenta del Regional Aysén del Magisterio, presente en el encuentro.

En ese contexto, Alicia Aguilante, agregó: «En ese camino, solicitamos que en el proceso de traspaso se puedan inyectar más recursos para que la educación funcione como corresponde, porque no solamente hablamos de sueldos y cotizaciones, acá también hay un tema de recursos pedagógicos, infraestructura, es decir, todos los elementos para poder ejercer el derecho a la educación en un lugar digno, en un lugar que tenga todas las condiciones apropiadas».

Cabe recordar que son en total 28 comunas las que serán traspasadas a los SLEP, a continuación el detalle: Punilla Cordillera (comunas de Coihueco, Ñiquén, Pinto, San Carlos y San Fabián); Iquique (Iquique y Alto Hospicio); Aysén (Coyhaique, Lago Verde, Aysén, Cisnes, Guaitecas, Cochrane, O’Higgins, Tortel, Chile Chico e Ibáñez); y Magallanes (Punta Arenas, Laguna Blanca, Río Verde, San Gregorio, Cabo de Hornos, Antártica, Porvenir, Primavera, Timaukel, Natales y Torres del Paine).

Hoy se dio por finalizada la negociación de varios días entre la Mesa del Sector Público, compuesta por 16 gremios, entre ellos, el Colegio de Profesoras y Profesores de Chile, y el Ejecutivo. Acuerdo que como dato principal considera un reajuste de remuneraciones de un 4,3% y además, una serie de beneficios económicos y temas de la agenda laboral. Los detalles, a continuación:

En ese contexto, el Ministro de Hacienda, Mario Marcel, enfatizó en el acuerdo de reajustar el valor de «una serie de bonos de distinta naturaleza, que tras haber estado congelados nominalmente el año pasado, este año reciben un incremento del orden del 4,8%”.

Junto con ello, hay una serie de materias que tienen que ver con condiciones laborales, particularmente la extensión de los incentivos al retiro de trabajadores que ya han cumplido la edad para jubilar y que por el sistema de cupos con el cual se ha ido funcionando hasta ahora, no habían podido ejercer o no habían podido recibir ese incentivo.

En cifras, el reajuste de remuneraciones va a alcanzar a cerca de 850.000 trabajadores y en el caso de los bonos, a poco más de un millón 100.000. Por término de negociación, en tanto, los funcionarios que tienen los ingresos más bajos dentro del sector recibirán un bono de $200 mil, mientras que los de tramo más alto obtendrán $100 mil.

Por su parte la Ministra del Trabajo, Jeannette Jara, se refirió a las 40 horas laborales: «Nuestro compromiso para avanzar en la reducción de la jornada laboral en el sector público, sigue firme y con plena convicción». Por último, las autoridades comprometieron con la mesa del sector público que ningún funcionario ganará menos de $500 mil a partir del 01 de enero de 2024.

A continuación, las palabras del Presidente del Gremio Docente, Carlos Díaz Marchant, luego de la firma del Acuerdo: