Listado de la categoría: Noticias

El Colegio de Profesores, a través de su presidente Mario Aguilar, rechazó categóricamente la aplicación por parte del Gobierno de la Ley de Seguridad del Estado a los voceros de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) por su llamado a boicotear la PSU. La medida gubernamental fue duramente impugnada por el gremio docente y, a su vez, el Magisterio anunció la prestación de toda la ayuda judicial que requieran los estudiantes.

«Es ridículo, absurdo, surrealista el anuncio del Gobierno de que presentará una querella por Ley de Seguridad Interior del Estado (LSE) contra los estudiantes secundarios, y particularmente sus dirigentes, por las manifestaciones y movilizaciones contra la PSU. La LSE es una ley de la Dictadura, una ley de Pinochet, que tiene sanciones muy duras. El Gobierno nos está diciendo a todo Chile que estos estudiantes secundarios «amenazan la seguridad interior del Estado», imagínense ustedes», declaró Mario Aguilar, Presidente del gremio docente.

«Esta mismo Gobierno incapaz de prever el conflicto, incapaz de anticiparse, incapaz de garantizar que se pudiera dar la prueba, incapaz de anunciar alguna medida preventiva, este Gobierno que estuvo totalmente ausente de todo el conflicto de la PSU, aparece ahora con la Ministra de Educación no anunciando que se termina la PSU, no anunciando que se han dado cuenta que esa prueba está deslegitimada, no anunciando nada sobre la PSU. Lo único que aparecen anunciando es que se aplicará Ley de Seguridad Interior del Estado. Esto es una vergüenza», agregó Aguilar.

La Prueba de Selección Universitaria ha sido profundamente cuestionada desde hace tiempo por el Colegio de Profesores, académicos, estudiantes y diversos actores sociales. Este año, los estudiantes secundarios llamaron activamente a un boicot a la PSU que se tradujo en múltiples manifestaciones en todo el país y conllevó que el Consejo de Rectores cancelara la PSU de Historia, una medida inédita. Además, autoridades universitarias reconocieron que esta sería la última vez que se rendiría la PSU, al menos en los términos actuales. Por su parte, el único pronunciamiento del Gobierno sobre el tema ha sido anunciar la invocación de la LSE contra los dirigentes secundarios.

En la cita acordaron pedir formalmente la renuncia del General Director de Carabineros, Mario Rozas, por su responsabilidad en las violaciones de los Derechos Humanos durante la crisis que atraviesa el país. A su vez, se acordó impulsar una agenda social robusta que implique dejar atrás el modelo neoliberal. En materia constitucional se definió interpelar al Senado para que apruebe la ley que permitiría que el Plebiscito del 26 de abril se realice con garantías democráticas mínimas como la paridad de género, plurinacionalidad y con la igualdad de condiciones para independientes y el mundo social.

“Fue una reunión franca y a rato la franqueza fue una parte importante por lado y lado. Les dijimos que a rato la oposición no ha jugado el rol que debe jugar y nos parece inadecuado que el gobierno siga impulsando su agenda. De 19 proyectos que ha impulsado, 17 tienen que ver con su programa de gobierno, que a nuestro entender quedó absolutamente sepultado con el estallido social que se dio en Chile. Les dijimos que nosotros vamos a seguir movilizados e impulsando nuestras iniciativas”, detalló Mario Aguilar, Presidente del Colegio de Profesores.

“En materia constituyente todavía hay temas pendientes y hay muchísimo que avanzar. Sí creemos que es necesario participar del Plebiscito de abril para que no se produzca un retroceso que mantenga la actual Constitución. Pero para nosotros es un tema central que el órgano constituyente debe tener plena soberanía y no estar sujeto a situaciones que se cocinan previamente”, recalcó Aguilar.

“El gobierno dice escuchar a la gente, pero pese a la movilización no ha modificado su agenda legislativa. Al no hacerse cargo del salario mínimo, de pensiones justas, de terminar con el actual sistema de AFP, de avanzar en salud y educación como lo pide la ciudadanía, y lo está haciendo está tapando con esta falsa agenda de orden público donde la represión es el principal elemento y es por eso que la salida del General Rozas de Carabineros es un imperativo ético y moral”, preciso Bárbara Figueroa, Presidenta de la CUT.

En materia de pensiones, Unidad Social y los partidos de oposición acordaron rechazar la propuesta de gobierno e impulsar una reforma profunda al sistema previsional. “Les hemos pedido a los partidos de manera clara que toda la nueva contribución de 5% de cotizaciones vaya íntegramente a reparto, porque es la única forma de mejorar las pensiones ahora ya. No se podría entender que en enero se legisle contra las mayorías”, planteó Luis Mesina, Vocero de la Coordinadora NO+AFP.

A la reunión con el Bloque Sindical de Unidad Social concurrieron representantes del Partido Socialista, Partido Comunista, Partido Humanista, Partido Radical, Partido Demócrata Cristiano, Partido Por la Democracia, Partido Igualdad, Partido Progresista, Partido Ecologista Verde, Partido Liberal, Comunes, Federación Regionalista Verde, Convergencia Social y Revolución Democrática.

Unidad Social presentará una querella criminal contra el Intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara y el General Director de Carabineros, Mario Rozas, por homicidio frustrado en el caso de Óscar Pérez, joven de 20 años quien fue aprisionado por dos carros lanza gases (“zorrillos”), lo que le significó la fractura de pelvis entre otras lesiones graves en los hechos ocurridos en Santiago el viernes 20 de diciembre en la Plaza de la Dignidad y sus alrededores. En el caso de otras víctimas, la querella apunta a lesiones graves y gravísimas.

“Además está dirigida contra todos aquellos que resulten responsables en calidad de autores directos de los hechos, en particular, contra el cabo Mauricio Carrillo, quien ya fue formalizado por estos hechos. Sin perjuicio de ello, estamos estudiando la ampliación de la querella contra el Presidente de la República y el Ministro del Interior, Gonzalo Blumel”, explicó el Presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Carlos Margotta.

“Es absolutamente desproporcionado e injusto el trato, el profesor Roberto Campos dañó un bien material versus personas que han dañado gravemente a otras personas con mutilaciones o como en caso del joven Pérez, que ha quedado en una situación de gravedad extrema por sus lesiones. Y uno es sometido a encarcelamiento en la Cárcel de Alta Seguridad por dañar un validador y quienes han dañado personas están libres. Demuestra que hay una intención de amedrentamiento a la población, de criminalizar la protesta social e impedir la libre manifestación de la gente”, argumentó Mario Aguilar, Presidente del Colegio de Profesores.

“Si los chilenos no tenemos las condiciones para poder salir a manifestarnos con seguridad, con tranquilidad y sin miedo en las calles, quiere decir que nada ha vuelto a la normalidad y ningún diálogo es posible con violaciones a los Derechos Humanos mediante”, sostuvo Bárbara Figueroa, Presidenta de la CUT.

Desde la Confusam, Esteban Maturana, apuntó a los últimos dichos del Presidente Sebastián Piñera en la prensa internacional en los cuales aseguró que las imágenes sobre violaciones a los Derechos humanos son producto de montaje realizado en el extranjero. “Es un descriterio y una desproporción moral inaceptable que un Presidente ante un medio de prensa internacional señale que en Chile no están ocurriendo los hechos que están ocurriendo y que son parte de una conspiración”, expresó el dirigente.

En la misma línea, la dirigenta mapuche Nancy Nicul Lincoleo responsabilizó al Presidente Piñera de la crisis que enfrenta el país. “Le pido que renuncie, que se vaya, su inoperancia, su estrechez de mente, su falta de voluntad de escuchar está dicho en estos 60 días. Hoy día la ciudadanía no resiste más, hoy día la ciudadanía está dolida, hoy día la ciudadanía no los quiere, hoy día la ciudadanía siente oído, siente asco de esta gente”, concluyó.