Antes del altercado del Ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, y la diputada Viviana Delgado, que terminó con ésta última en la enfermería de la Cámara de Diputados tras sufrir una descompensación, el caso del Liceo Reino de Dinamarca de Maipú denunciado por el Magisterio y su comunidad educativa era considerado por pocos medios nacionales como noticia, sin embargo, tras la polémica la cobertura aumento. Es que al parecer en Chile que más de 600 estudiantes severamente afectados por la contaminación de una empresa privada no tiene el suficiente peso mediático para convertirse en noticia. Una normalización estructural de la vulneración de un derecho fundamental que el Colegio de Profesoras y Profesores de Chile no está dispuesto a tolerar.

«No basta con que el Ministro y el Alcalde organicen inauguraciones del año escolar para atraer a la atención de los medios de comunicación, hacer los típicos puntos de prensa y mostrarse como figuras públicas en un colegio inserto en un sector sin mayores problemas aparentes, en los que se puede hacer discursos de lugares comunes, obviando la problemática ambiental que sufre la comunidad del Liceo Reino de Dinamarca (…). El Señor Ministro debe comprender que su función es velar por el normal funcionamiento de cada una de las escuelas del país y que no existen centros educativos de primera y segunda categoría. Su rol es cautelar por la seguridad de todas las comunidades educativas que están bajo su supervisión. El derecho a la educación sebe estar garantizado por el Estado y su figura es encargada que esto se cumpla», afirmó, a través de un comunicado de prensa, el comunal Maipú del Magisterio.

Cabe recordar que la Rinconada Rural de Maipú es un territorio que concentra una gran cantidad de actividades contaminantes: un relleno sanitario, que recibe los desechos sólidos domiciliarios de nueve comunas; tres plantas de tratamiento de aguas servidas, que sanean el 100% de las aguas del Gran Santiago; una serie de empresas extractoras de áridos y movimientos de áridos en las riberas del río Mapocho, entre ellas Minera Imperial. Empresa que además, ha sido sancionada en varias oportunidades por la Municipalidad de Maipú por una serie de infracciones que incluyen el rompimientos de napas subterráneas, filtraciones de minerales hacia aguas de uso agrícolas y violación de clausura de acuerdo a un decreto alcaldicio.

Impunidad que se ha traducido en la vulneración de derechos fundamentales, como es el derecho al acceso a la educación y a vivir en un ambiente libre de contaminación. Situación que se multiplica a lo largo y ancho del país debido a que los sectores de más bajos recursos han sido utilizados por el Estado como el centro de desperdicios de las zonas urbanas y con mayor poder adquisitivo. Muestra de ello, es que durante la última década se han registrado crisis medioambientales tales como la masiva intoxicación de la comunidad de Quintero y Puchuncaví o la extrema escasez hídrica que viven los habitantes de Petorca. En ambos casos, la Corte Suprema ha reconocido el incumplimiento de deberes por parte del Estado y las respectivas instituciones en torno a materia medioambiental.

En ese contexto que el comunal Maipú termina su misiva entregando su completa solidaridad a los pobladores del sector El Maitén de Rinconada, considerada por las autoridades como el patio trasero de la comuna, afectado severamente la calidad de vida de sus habitantes. Por en tanto, hoy jueves, se espera una reunión entre el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, la comunidad escolar del liceo y los seremis de Salud, Educación, Medio Ambiente y Minería de la Región Metropolitana, para acordar acciones en contra de la faena minera. La gestión de Vodanovic busca paralizar las actividades de la empresa para reanudar pronto las clases en el colegio, lo que no se hará si la operación sigue.

A continuación, el comunicado del Comunal Maipú del Magisterio