POLÍTICA PÚBLICA Y DERECHO A LA EDUCACIÓN

Por Miguel Caro R. Profesor, académico de la UMCE

En una política educativa que busque superar el neoliberalismo, la educación debe ser considerada un derecho social universal pues constituye un bien público, y no un bien de consumo. Esto en cuanto que sus efectos pueden aportar significativamente al desarrollo de la sociedad y a la formación de las personas, como pertenecientes a una cultura y a un espacio social que requiere lazos de pertenencia, de colaboración y de solidaridad, así como el reconocimiento de la condición de igualdad constitutiva y de diversidad de sus miembros. De todo ello depende la convivencia y la interacción para la propia preservación y desarrollo de quienes habitan y comparten un espacio común.

La educación no es entonces un servicio individual que repercute únicamente en quien accede o no a ella. Es más bien, el modo en que los sujetos preservan su identidad, historia, valores, capacidades, etc., al mismo tiempo que las discuten, cuestionan, modifican y enriquecen. Difícilmente se puede ser miembro de una comunidad (y gozar de los beneficios de su pertenencia) si no se accede a un proceso educativo. En ese sentido, al Estado -si este efectivamente fuera expresión del interés general- le cabe una alta responsabilidad en la garantía de tal derecho; en caso contrario la actividad que realiza para regular y promover el desarrollo del conjunto de la sociedad; vale decir, la política pública, sería un agente activo de su vulneración.

Precisamente, en el marco de la instalación del proyecto neoliberal durante la dictadura cívico-militar y profundizado en democracia, el modelo educativo, en su configuración como expresión del mercado, ha sido una palanca poderosa de reproducción de las desigualdades y del empobrecimiento del valor formativo que la educación entrega a los sectores más empobrecidos. La mercantilización supone justamente la renuncia a la idea de que existen derechos fundamentales de carácter universal y que su satisfacción dependa de las posibilidades que cada individuo pueda generarse.

El modelo de mercado no sólo tiene que ver con variables económicas. Implica, en primer lugar, la imposición de la libertad de enseñanza por sobre el derecho a la educación y la subsidiariedad como rol del Estado. Lo que ha repercutido en el desmantelamiento de la educación pública y la fuerte privatización y desarticulación del sistema. Al mismo tiempo, este modelo ha apostado por la estandarización como enfoque educativo, lo que afecta principalmente a los establecimientos que atienden a sectores con menos recursos, los que ven restringidos sus proyectos educativos en función del rendimiento por resultados, del entrenamiento conductista y de la homologación cultural, desatendiendo la diversidad de contextos y complejidades educativas. Finalmente, la concepción mercantil se expresa en una perspectiva gerencial del diseño institucional y la gestión del sistema educativo y sus escuelas. El sistema de aseguramiento de la calidad, asociado a mecanismos, indicadores, evidencias, premios y castigos, todo en pos de la llamada “mejora continua” de resultados, lo que deriva en la categorización de escuelas y eventualmente en el cierre de aquellas que no rindan según dichos parámetros.

Dicho modelo (creado en dictadura) se ha mantenido durante más de 25 años bajo régimen democrático formal, no por causas naturales, sino por responsabilidad de las autoridades de gobierno y de legisladores, cuyas políticas no han apuntado a transformar la concepción mercantil imperante, ni se han orientado al fortalecimiento de la educación pública. Con ello se ha vulnerado sistemáticamente el derecho a una educación digna y pertinente a cientos de miles de niños, niñas y jóvenes en los distintos niveles del sistema.

La pregunta que cabe hacerse es si hoy, con las reformas educativas impulsadas por el gobierno de Bachelet, se modifica esta realidad de manera estructural y se restituye la educación como bien público o, por el contrario, se perfecciona el modelo atenuando alguna de sus características negativas más evidentes y, por esa vía, se prolonga la situación de vulneración de este derecho. A mi juicio existen razones fundadas para sostener que, en general, asistimos a este segundo caso.

Las iniciativas legales no remueven ni modifican de manera estructural los pilares fundamentales del modelo vigente, esto principalmente porque: se mantiene el principio de libertad de enseñanza por sobre el derecho a la educación, no hay relación con un proyecto país; no cambia la situación de segmentación institucional y segregación social, ni la competencia entre escuelas ni menos el carácter mayoritario de la educación privada (65% de la matrícula). Persiste el subsidio a la demanda (voucher) como forma de financiamiento y la ausencia de mecanismos de participación resolutiva de las comunidades. Se consagra, a su vez, la noción de calidad empresarial porque mientras se establece, en el nivel declarativo, conceptos como inclusión o integralidad, en el articulado se insiste en la evaluación estandarizada, la categorización de escuelas y el cierre de la mismas por bajos resultados.

En suma, las modificaciones que tendrían una suerte de espíritu reformista, son principalmente expresiones de voluntad sin mayor peso dentro de los instrumentos legales ni generan las condiciones de ejercicio profesional apropiadas para su implementación. Sigue faltando en nuestro país, por tanto, una gran reforma educativa, en la que se construya un sistema propiamente tal, superando la desarticulación y la competencia; un sistema de carácter público y, en tal sentido, regido por principios comunes que atiendan el interés general y la conexión con un proyecto de desarrollo nacional. Un sistema en que, sin perjuicio de la diversidad de proyectos, se garantice el derecho a una educación digna, democrática, laica y contextualizada; pensada para potenciar el pensamiento crítico y la formación integral de cada sujeto desde sus particularidades, así como el desarrollo de las comunidades en que se insertan.

COLEGIO DE PROFESORES SE SUMA A MARCHA DE LA CONFECH CONTRA PROYECTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Existe un diagnóstico común entre los actores públicos de que el gobierno ha legislado de espalda a los movimientos sociales en distintos temas.  A modo de ejemplo, el viernes 7 de abril, el Ejecutivo ordenó discusión inmediata al proyecto de Educación Superior que se revisa en la Cámara de Diputados y que será votado en general este martes en Valparaíso. Una iniciativa que no contó con la participación de los actores de la educación pese a la insistencia de estudiantes y parlamentarios de incorporar cambios en la iniciativa. En ese contexto, la CONFECH realizó el llamado a marchar este martes 11 de abril para exigir que el MINEDUC retire la tramitación del proyecto del congreso.

“Hace dos meses presentamos indicaciones al MINEDUC y al parlamento sobre el proyecto de Educación Superior y no recibimos ninguna respuesta. Hoy se pone urgencia, cuando nosotros planteamos que se retire y que se nos dé una respuesta clara a las observaciones que ha planteado el movimiento estudiantil. Indicaciones que se hacen cargo del endeudamiento, del cierre de universidades y del fortalecimiento de la educación pública”, expresó Daniel Andrade, Presidente de la FECH.

Desde el Colegio de Profesores la opinión es compartida con los estudiantes. “Tenemos que este año reinstalar nuevamente un movimiento social por la educación fuerte, unido y convergente, donde estemos todos los actores juntos exigiendo nuestras demandas. La clase política no ha dado el ancho y por lo tanto, son los actores sociales los que deben impulsar los cambios con más fuerza y movilización. Esa es nuestra señal de estar acá presente y adherirnos de manera oficial a la convocatoria de marcha de la CONFECH”, agregó Mario Aguilar, Presidente del Colegio de Profesores.

En tanto, Luis Mesina, vocero del Movimiento No+AFP, también se sumó a la movilización.“Es preciso que los movimientos sociales converjan en la estrategia y pasar por encima de las instituciones que se niegan sistemáticamente a responder las demandas legitimas que tiene nuestro pueblo. Lo hemos dicho en todos los tonos que es urgente ponernos de acuerdo todos en aunar fuerzas por la lucha en la restitución de derechos sociales”, puntualizó.

A su vez, Gabriel Boric llamó al gobierno a que retire la urgencia a la iniciativa legal. “Deben entender que sin los movimientos sociales no hay avances en materia educacional. Y en el caso de los parlamentarios, si el Ejecutivo no retira este proyecto, los llamamos a que voten en contra porque no responde a los anhelos de los chilenos que se han movilizado durante años para que la educación vuelva a ser un derecho”, subrayó el Diputado.

Mientras, Giorgio Jackson advirtió que hay problemas de forma y de fondo en la reforma a la Educación Superior. “No queremos que se repita la vergonzosa imagen del año 2008 cuando se legisló a espalda del movimiento estudiantil, entonces el movimiento pingüino, y queremos que esa discusión inmediata debe ser revocada para tener un diálogo y acercamiento de postura con los actores principales que son los estudiantes, los académicos, los trabajadores y la sociedad civil en general”, sostuvo el parlamentario.

La marcha nacional convocada por la CONFECH está citada a las 11 horas en todo Chile. En Santiago, la manifestación se iniciará en Plaza Italia y avanzará por Alameda hasta República.

INAUGURAN CENTRO DE ATENCIÓN AL PROFESOR

A partir del 5 de abril este espacio funciona para atender a los docentes, permitiendo el acceso expedito de los profesores a los beneficios y servicios de la organización gremial. Leer más

CONVOCATORIA A MARCHA NACIONAL 11 DE ABRIL #EDUCACIÓNENCRISIS

Frente a la gestión política errática del Gobierno que vacía la Reforma, cediendo al interés de políticos corruptos y empresarios; los estudiantes, profesores y todo el Movimiento Social por la Educación reactivaremos nuestros espacios y organizaciones para responder con creatividad y masividad. La crisis de la Educación está explotando en nuestros espacios.

Este 11 de abril, volvemos a las calles para evidenciar que tras 3 años de Gobierno la crisis está empeorando. Hoy urge una Reforma estructural que contenga las demandas que hemos planteado durante años.

¡ESTE 11 DE ABRIL,
VOLVEMOS A LAS CALLES!

LEVANTAN INTERVENCIÓN DEL REGIONAL MAGALLANES

El Regional Magallanes fue intervenido por el directorio nacional anterior, luego de una grave crisis interna detonada, en gran parte, por dificultades directivas y personales de los dos últimos ex presidentes de la región. Situación crítica que tiene al gremio con un déficit financiero con juicios y demandas cercanas a los mil millones de pesos.

Sin embargo, el panorama comienza a mejorar en Magallanes. El presidente nacional del magisterio, Mario Aguilar, de visita en Punta Arenas, comunicó el levantamiento de la intervención gremial, lo que en los hechos significa que la nueva directiva puede funcionar con plena representación  y normalidad. Una información que fue notificada por el directivo a las autoridades locales como también a los afiliados en asambleas de profesores.

“La noticia positiva es la señal de normalización que estamos dando con el levantamiento de la intervención gremial que existía en Magallanes, de manera tal que la directiva regional goza nuevamente de la representación del gremio ante las autoridades. Eso sí, no estamos aún en condiciones de levantar la intervención administrativa y financiera”, aclaró Aguilar.

En la misma línea de normalización, existieron avances en las gestiones para resolver las dificultades financieras del gremio en Punta Arenas. Hay posibilidades de que el jardín infantil, que el Colegio de Profesores administraba y terminó quebrado, transformándose en uno de los factores más importantes en la crisis de este regional, se pueda vender y con esos recursos se contribuya a la superación de las dificultades financieras del regional austral.

 “Sostuvimos una reunión con la directora de la regional de la JUNJI, Ingrid Burgos, donde revisamos la opción de venderle la sede del jardín infantil y con ello, buscar una buena solución a este problema, porque nos permitiría paliar en parte el déficit económico y por otro, darle continuidad a ese proyecto educativo a través de una entidad pública. El tema quedó avanzado y se podría concretar este año”, subrayó Aguilar.

Mario Aguilar, visitó Punta Arenas donde sostuvo reuniones con el Alcalde, Claudio Radonich y participó en asambleas gremiales con profesores de la región austral.

Mirada crítica del magisterio a propuesta del Mineduc sobrenuevas bases cirriculares de 3º y 4º medio

 

Revise acá la mirada del magisterio.