Por César Barría Larenas, colega colegiado Profesor de Historia y Geografía y que actualmente cursa el Doctorado en Historia en la Universidad de Concepción.

Ad portas del inicio de las vacaciones escolares de invierno, el autor de esta columna reflexiona sobre el calendario que se define desde el gobierno central. Señala que «el calendario escolar no solo organiza contenidos y evaluaciones; también estructura la vida cotidiana de millones de estudiantes, familias y comunidades. Modifica dinámicas laborales, sistemas de cuidado, desplazamientos y formas de organización territorial. Por lo mismo, pensar las vacaciones de invierno únicamente desde indicadores sanitarios nacionales termina invisibilizando otras dimensiones igualmente relevantes, como las condiciones climáticas locales, la conectividad o la infraestructura escolar».

Durante los últimos años, el adelanto de las vacaciones de invierno se ha transformado en una política cada vez más normalizada dentro del calendario escolar chileno. Bajo el argumento de disminuir los contagios respiratorios en niños y niñas, las dos semanas de receso que históricamente se ubicaban en julio fueron trasladadas hacia fines de junio y comienzos de ese mes. Sin embargo, detrás de esta decisión aparentemente técnica, emerge una pregunta que rara vez se discute públicamente: ¿puede un país territorial y climáticamente diverso funcionar bajo una lógica escolar homogénea?

El problema no radica necesariamente en la existencia de vacaciones de invierno adelantadas, sino en la forma en que estas se diseñan e imponen desde una mirada profundamente centralista del territorio. Mientras en Santiago junio puede coincidir con un aumento de enfermedades respiratorias, en gran parte del centro-sur y sur de Chile julio continúa siendo el mes más complejo para sostener la vida cotidiana y, particularmente, las clases presenciales. Sistemas frontales intensos, ondas polares, inundaciones, heladas, problemas de conectividad y temperaturas extremadamente bajas forman parte de una realidad climática que no desaparece por decreto administrativo.

En regiones como Los Lagos, Aysén o sectores rurales de Ñuble y Biobío, julio es históricamente el período más duro del invierno. Muchas escuelas no cuentan con condiciones térmicas adecuadas para desarrollar clases en contextos de frío extremo. Salas mal calefaccionadas, infraestructura deficiente, humedad permanente, filtraciones y dificultades de traslado afectan directamente las condiciones de aprendizaje y permanencia en las aulas. En numerosos establecimientos rurales, especialmente aquellos alejados de centros urbanos, las lluvias intensas y los sistemas frontales provocan cortes de caminos, suspensión de transporte escolar y problemas de suministro eléctrico que alteran el funcionamiento cotidiano de las comunidades educativas. En algunos casos, estudiantes y docentes deben desplazarse largas distancias bajo condiciones meteorológicas complejas, transformando el simple acto de asistir a clases en una experiencia marcada por la incertidumbre climática.

A ello se suma la realidad de territorios insulares como Chiloé, donde durante julio las marejadas, lluvias y temporales dificultan el cruce de canales y la conectividad entre islas. Mientras desde Santiago se define un calendario homogéneo para gran parte del país, cientos de estudiantes, docentes y asistentes de la educación continúan dependiendo diariamente del estado del mar para poder asistir a clases. Las interrupciones de conectividad marítima no son situaciones excepcionales durante el invierno austral, sino parte de una dinámica territorial conocida por las propias comunidades. El invierno, en estos territorios, no es solo una estación climática: es una experiencia territorial concreta que condiciona profundamente la vida cotidiana, la movilidad y las posibilidades reales de sostener la presencialidad escolar bajo condiciones adecuadas.

Sin embargo, estas realidades parecen ocupar un lugar secundario en la definición de las políticas educativas nacionales. Los calendarios escolares continúan respondiendo a parámetros construidos desde la zona central, proyectándolos sobre espacios geográficos profundamente distintos entre sí. El resultado es una política pública que muchas veces desconoce las particularidades ambientales, culturales y territoriales de las regiones, reproduciendo una mirada homogénea sobre un país marcado precisamente por su diversidad climática y geográfica.

Esta situación revela un problema más profundo que el simple diseño del calendario escolar. Lo que aparece detrás de estas decisiones es una determinada forma de comprender el territorio nacional: una donde las diferencias climáticas, geográficas y culturales continúan subordinadas a criterios construidos desde la experiencia de la zona central del país. Chile posee una diversidad territorial extrema, donde conviven desiertos, archipiélagos, cordillera, zonas rurales aisladas y ciudades altamente urbanizadas. Sin embargo, muchas políticas públicas siguen operando bajo parámetros homogéneos, como si las condiciones de vida fueran equivalentes en todos esos espacios.

En este sentido, el debate sobre las vacaciones de invierno permite observar cómo el centralismo no solo se expresa en la distribución de recursos o en la toma de decisiones administrativas, sino también en la forma en que se planifica la vida cotidiana de las comunidades. La educación, lejos de estar ajena a este fenómeno, muchas veces reproduce una mirada estandarizada del país, donde el territorio aparece reducido a un telón de fondo y no como un elemento que condiciona profundamente las experiencias sociales y educativas.

No resulta casual que gran parte del malestar frente a este tipo de medidas emerja precisamente desde comunidades rurales, insulares o alejadas de los grandes centros urbanos. En estos espacios, el clima no constituye una variable secundaria, sino una dimensión central de la vida cotidiana. El invierno modifica desplazamientos, tiempos, rutinas laborales, formas de abastecimiento y dinámicas familiares. Por lo mismo, la organización del calendario escolar tiene efectos concretos sobre comunidades que muchas veces ya enfrentan condiciones de vulnerabilidad territorial.

A ello se suma otro elemento pocas veces discutido: la infraestructura educacional del sur de Chile continúa mostrando importantes déficits frente a las condiciones climáticas invernales. Existen establecimientos que funcionan con sistemas de calefacción insuficientes, problemas de aislación térmica o deterioro estructural asociado a la humedad permanente. En esos contextos, mantener clases presenciales durante las semanas más complejas del invierno no solo afecta los procesos de aprendizaje, sino también las condiciones básicas de bienestar de estudiantes y trabajadores de la educación.

Esta discusión no es menor. El calendario escolar no solo organiza contenidos y evaluaciones; también estructura la vida cotidiana de millones de estudiantes, familias y comunidades. Modifica dinámicas laborales, sistemas de cuidado, desplazamientos y formas de organización territorial. Por lo mismo, pensar las vacaciones de invierno únicamente desde indicadores sanitarios nacionales termina invisibilizando otras dimensiones igualmente relevantes, como las condiciones climáticas locales, la conectividad o la infraestructura escolar.

El problema de fondo es que las políticas educativas chilenas siguen operando bajo una lógica homogénea del territorio. Como si el invierno se viviera igual en Santiago que en Chiloé, en la cordillera de Ñuble o en las zonas rurales de Aysén. Esta mirada centralizada no solo simplifica la diversidad climática del país, sino que también reproduce desigualdades territoriales históricas.

Las políticas públicas no son neutras: también expresan una forma de comprender el territorio. Y cuando las decisiones educativas se diseñan desde parámetros que no dialogan con las experiencias concretas de las comunidades, se produce una creciente desconexión entre las instituciones y la realidad cotidiana de las personas. Tal vez por eso el malestar frente a este tipo de decisiones aparece con tanta frecuencia en redes sociales, comunidades escolares y espacios locales de discusión.

Durante los últimos años, distintas autoridades señalaron la necesidad de avanzar hacia calendarios escolares más flexibles y territorialmente pertinentes, incorporando la opinión de las comunidades educativas y de los gobiernos regionales. Sin embargo, los calendarios publicados recientemente volvieron a establecer prácticamente las mismas fechas para extensos territorios del país, desde Atacama hasta Los Lagos, sin mayores explicaciones públicas más allá de criterios sanitarios definidos centralmente.

Esto abre una discusión más profunda sobre la relación entre educación y territorio. La escuela no existe en abstracto; existe en espacios concretos, atravesados por climas, geografías y condiciones sociales específicas. Ignorar esas diferencias implica seguir pensando la educación desde una lógica excesivamente centralizada, donde el territorio aparece como un detalle secundario y no como un elemento fundamental para la planificación.

En este punto, también emerge una dimensión pedagógica relevante. La educación escolar chilena continúa mostrando dificultades para incorporar una comprensión territorial más compleja del país. Se enseña geografía, clima o regiones, pero muchas veces desconectadas de la experiencia cotidiana de quienes habitan esos espacios. El resultado es una formación que frecuentemente separa las políticas educativas de las realidades territoriales concretas.

Tal vez el debate sobre las vacaciones de invierno no sea únicamente una discusión sobre fechas. Tal vez sea también una evidencia más de las dificultades históricas que tiene Chile para construir políticas verdaderamente territoriales. Porque el invierno, definitivamente, no se vive igual en todo el país.

Columna publicada en CIPER AQUÍ

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