El Colegio de Profesores, asume y toma real conciencia del papel que juega el mundo docente en la transformación de la educación chilena y presenta su propuesta de Nueva Institucionalidad en mayo del 2011, donde establece la necesidad de construir un “Sistema Nacional de Educación Pública, con integración e inclusión social, igualdad de oportunidades y calidad integral”, sistema basado en una educación pública o de propiedad del Estado
En los últimos años la educación chilena se ha convertido en el campo de batalla de importantes intentos por transformarla. La crítica centrada en la calidad de la enseñanza que reciben nuestros jóvenes, en las condiciones de trabajo de los cientos y miles de profesores y profesoras en Chile, y en el financiamiento de la educación pública apunta particularmente a las condiciones concretas donde nace y se desarrolla la educación.
Los defensores del paradigma neoliberal, han venido sosteniendo los beneficios que reporta la libertad de elección, donde la posibilidad de contar con una oferta de diversos servicios educacionales, provisto por el sector público y privado, representa la única garantía por la cual el Estado debe velar. Lo nefasto de todo esto resulta del hecho que desde lo ideológico se defiende un tipo de Estado (subsidiario), y por ende, el tipo de educación que le corresponde, la cual es entendida como un bien de consumo, como una mercancía cuyo valor será fijado por el libre juego de la oferta y la demanda. Pero las grietas de este modelo ya son demasiado evidentes. La distancia que se ha generado en el último tiempo entre crecimiento y desarrollo muestra que la inequidad se presenta como la norma necesaria para mantener este modelo neoliberal.
En el caso de la Educación, el sistema estructurado a fines de los años ochenta con la LOCE y continuado por la Concertación, no solo facilitó las cosas para el mundo privado, sino que además redujo la participación del Estado en su rol garante de derechos, al traspasar la administración de los establecimientos educacionales a los municipios. Ante este panorama, la crisis en la educación no tardó en aparecer. Los problemas asociados al financiamiento, a la implementación de los programas y currículo, a la protección de profesores y estudiantes, y a los problemas asociados a malversación de fondos (fondos SEP, por ejemplo), se han venido arrastrando por años, generando situaciones de precarización educacional y agobio laboral hacia los profesores, a quienes se ha se ha intentado transformar en los principales responsables de la educación en Chile.
Uno de los primeros hechos de envergadura que vino a denunciar esta situación, haciendo presente en los medios de comunicación de entonces el estado de la educación municipalizada fue la denominada “Revolución de los Pingüinos” en 2006, movimiento que surge y posteriormente toma fuerza de la mano del Colegio de Profesores, causando la molestia de la entonces Ministra de Educación Yasna Provoste y el Seremi Alejandro Traverso. Frente al alcance e importancia del movimiento, la respuesta del ejecutivo fue la LGE, ley aprobada en el 2009 y que establecía entre sus principios orientadores: universalidad, calidad, equidad, autonomía, etc., solo por nombrar algunos, pero que distaba mucho de ser una superación de la LOCE. Esto porque no tocaba lo medular del problema, cual es la propiedad de la educación en términos de política de Estado. Fue el presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, quien ya en plena discusión del proyecto de ley establecía durante el año 2008: “El proyecto debe garantizar y recuperar el rol del Mineduc con todas las atribuciones que ha perdido, que no sea un Estado subsidiario, sino un verdadero garante de la educación”.
En esta línea, el Colegio de Profesores, asume y toma real conciencia del papel que juega el mundo docente en la transformación de la educación chilena y presenta su propuesta de Nueva Institucionalidad en mayo del 2011, donde establece la necesidad de construir un “Sistema Nacional de Educación Pública, con integración e inclusión social, igualdad de oportunidades y calidad integral”, sistema basado en una educación pública o de propiedad del Estado. Esta propuesta recoge no solo la aspiración de este gremio en particular, pues representa también el sentir de la sociedad chilena que ha comenzado a plantearse la necesidad de modificar ciertos elementos estructurales de su funcionamiento institucional. El fin es claro: mejorar la calidad de vida de la sociedad en su conjunto, haciendo más equitativo el sistema económico y social, en pos de fortalecer una democracia que constantemente debe ser cimentada por el conjunto de sus integrantes. Este empoderamiento social, esta concientización de la necesidad del cambio, ha sido recogido por algunas iniciativas gubernamentales y llevado a cabo mediante una serie de reformas.
Aportando al debate, y en conjunto con otras organizaciones como la Cones, Corpade, Consejo Nacional de Trabajadores de la Educación, entre otras, se acuerda en septiembre pasado la creación de la campaña nacional Más Educación Pública, instancia de convergencia social que busca entregar más herramientas a la construcción de la Educación que Chile necesita. En esta línea el Presidente del Colegio de Profesores fue categórico en su análisis al concluir que la educación municipal ha colapsado a causa del déficit presupuestario de más de $400 mil millones, lo que se ha traducido, entre otras cosas, en el progresivo éxodo del sector municipal al particular subvencionado.
El debate ha comenzado. La firma del proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Educación Pública por parte de la presidenta Michelle Bachelet, y su ingreso a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, no hace más que poner en evidencia la necesidad de que el proyecto sea el reflejo y expresión de las aspiraciones de años de intentos por transformar al Estado en garante de derechos sociales.
Departamento de Educación
COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE A.G.