(O los pilares básicos  de una reforma: una síntesis funcional)

EN EL CURSO DE LAS PRÓXIMAS SEMANAS, el país y el Magisterio organizado esperan, de parte del Ejecutivo, el envío al Congreso del Proyecto Nueva Institucionalidad (o Desmunicipalización) de la Educación Pública, para dar cumplimiento al Programa de Gobierno de la Presidenta, Michelle Bachelet.

En el curso de las últimas semanas autoridades del Mineduc han mantenido con el Colegio de Profesores, con organizaciones y organismos relacionados con la educación, diversas reuniones de trabajo por el propósito de dar a conocer e intercambiar impresiones sobre los ejes principales de la propuesta gubernamental.

En estos encuentros, la Directiva Nacional del Colegio de Profesores de Chile ha insistido de manera permanente en sus propuestas históricas, las mismas que ayer fueron debatidas y acordadas por los docentes a partir del Congreso Nacional de Educación (1997), y que desde el 2010 han sido entregadas a los sucesivos gobiernos para su consideración. Asimismo, ha expresado su opinión sobre el tipo (definición y carácter) de Educación Pública que se debe implementar en nuestro país. En lo esencial, una educación que recupere el concepto de escuela/democrática y desplace, definitivamente del sentir ciudadano, el concepto de escuela/empresa establecido en la LOCE (1990) y vigente hasta la fecha

En los tiempos en que se están discutiendo los términos de una Nueva Institucionalidad en la Educación Pública, la Directiva Nacional del Colegio de Profesores de Chile, ha insistido permanentemente en plantear los criterios básicos que deben ser considerados en la propuesta final del gobierno, y que a juicio del Magisterio Nacional tienen un carácter irrenunciable. 

Frente a la propuesta de reforma estructural del sistema educacional que postula el actual gobierno, el Colegio de Profesores ha decidido adoptar una política sólida y unitaria en defensa de lo que la base docente de este país considera lo que deben ser criterios básicos irrenunciables en una propuesta integral de Nueva Institucionalidad o Desmunicipalización. Ante lo cual, el Directorio Nacional del Colegio de Profesores de Chile ha estimado necesario enfatizar y hacer público estos criterios. 

En primer lugar, la Propuesta de Nueva Institucionalidad debe constituir una garantía absoluta de que las escuelas y liceos municipalizados quedarán bajo la administración del Estado. El proyecto en cuestión debe asegurar las competencias y atribuciones del Mineduc a través de la Dirección de Educación Pública, que se creará para este efecto. En estos instantes, la propuesta del gobierno presenta una excesiva debilidad en las funciones y atribuciones que tendrá este organismo en su relación con los Servicios Locales de Educación, los que gozarán de plena autonomía y financiamiento propio. Un aspecto, que por su importancia, se le debe prestar especial atención.

En segundo lugar, la Nueva Institucionalidad debe devolver la calidad de funcionarios públicos a todos los profesores que hoy laboran en la escuela pública. La Ley de Desarrollo Profesional Docente es una reforma al actual Estatuto Docente, Ley Nº 19.070, y supletoriamente, en todo aquello que esta ley no contempla, es supletoria al Código del Trabajo. Esto ha acarreado innumerables problemas al ejercicio de la profesión, que no se resuelven fácilmente en la actual normativa. Por ello, se estima como justo y necesario, y que se haga efectiva y real la calidad de profesionales de la educación, y que la normativa supletoria sea el Estatuto Administrativo que rige a todos los funcionarios públicos. El Magisterio quiere y desea tener nuevamente la calidad de Funcionarios Públicos. Y HOY  es un hecho indiscutible.

En tercer lugar, la Nueva Institucionalidad debe asegurar que la escuela pública sea de verdad una escuela democrática. El Magisterio exige que la actual escuela/empresa desarrollada a partir de la LOCE sea cambiada por una escuela/democrática, en que la participación de la comunidad y en especial la de los docentes y asistentes de la educación sea periódica y permanente. Se debe terminar con el odioso quiebre impuesto por la Ley Nº 20.501, de Calidad y Equidad de la Educación, entre planta docente directiva y docente de aula, en que los primeros prácticamente someten a los segundos y que mantienen el ejercicio docente en un constante agobio. Para ello, se exige la restauración del carácter resolutivo de los Consejos de Profesores en todas las materias atingentes a la buena marcha de la Escuela Pública.

En cuarto lugar, la Nueva Institucionalidad que se propone para cambiar el actual ordenamiento debe modificar drásticamente el actual sistema de financiamiento ?vía voucher o subvención? por asistencia de estudiantes en la escuela pública. La mantención del actual sistema de financiamiento continuará sometiendo a la educación pública a una competencia desleal con el sistema privado que recibe aportes del Estado, y que ha provocado el éxodo masivo de alumnos, y que tiene a las escuelas municipales atendiendo solo a un 35 por ciento de la matrícula nacional.

La Directiva Nacional del Colegio de Profesores de Chile está convencida que la recuperación de la educación pública y la confianza de la ciudadanía en ella, no será posible mientras la escuela pública no cuente con un financiamiento adecuado y justo. Y su máxima convicción es que la escuela pública debe ser financiada directamente en base a presupuesto de acuerdo a las reales necesidades de cada escuela para atender al conjunto de los estudiantes a su cargo. Esto, solo es factible mediante un financiamiento basal o financiamiento vía presupuesto de la nación, excluyendo cualquier mecanismo de financiamiento (de carácter discriminatorio) utilizado hasta la fecha.

En quinto lugar, la Nueva Institucionalidad una vez aprobada por el Congreso no debe implementarse si hay deudas de arrastre del sistema municipal de por medio. El proceso de implementación de la Nueva Institucionalidad de la Educción Pública debe contemplar ?de una forma ineludible? el pago de las diversas deudas que los municipios han adquirido con diversas instituciones. Pero, fundamentalmente, la solución de las deudas previsionales y de otra índole que se vienen arrastrando, desde hace largos años, con los trabajadores de la educación.

Por último, la Directiva Nacional del Colegio de Profesores de Chile ha manifestado, en todas las instancias en que le ha correspondido participar, en representación del profesorado nacional, su propósito de colaborar y aportar activamente en la elaboración de las políticas públicas. Al mismo tiempo, ha expresado su compromiso con el Magisterio Nacional, los estudiantes y la ciudadanía de entregar sus propuestas a las instancias que correspondan, en el entendido que Chile no puede seguir esperando más por una educación pública, de calidad, gratuita, inclusiva, republicana, democrática y laica.

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