Debemos avanzar hacia establecer apoyos técnico-pedagógicos efectivos garantizados por el Estado, ya que, y así lo ha demostrado la evidencia disponible, las evaluaciones y la rendición de cuentas no mejoran la educación por sí mismas.

El conflictivo escenario que genera al interior de las comunidades educativas la imposición de evaluaciones estandarizadas, refleja no solo el tipo de educación pública que provee el Estado, sino que además traslada el problema de los resultados al desempeño de los docentes, ensanchando aún más la brecha entre la educación municipalizada y la educación provista por entes privados.

Ya en agosto de este año el Departamento de Educación y Perfeccionamiento del Colegio de Profesores había expresado su rechazo a la postura del Consejo Nacional de Educación (CNE) y de su presidente Pedro Montt, por cuestionar, y posteriormente frenar, el intento del Mineduc de reducir el número de evaluaciones a las que son sometidos los estudiantes actualmente en Chile. La conclusión a la que llega el Colegio de Profesores es clara: la estandarización educativa, particularmente el Simce, genera efectos negativos al interior de la comunidad educativa, generando en muchos casos competencias entre los docentes por los resultados, lo cual se traduce en presión desde la dirección o departamento técnico-pedagógico hacia aquellos docentes que obtienen bajos porcentajes en las evaluaciones censales. Dicha presión también se traslada hacia los estudiantes a lo largo de su paso por el sistema educacional, dado que a partir de los resultados y la instrumentalización de los mismos, son considerados también en responsables de la calidad de la educación.

A partir de lo que él denomina el “canibalismo estandarizador”, Jorge Inzunza llega a conclusiones similares en su artículo Anatomía de una deformación, Estandarización de la Educación (Revista Docencia, Nº 52, 2014), las cuales  podemos resumir en: a)concentración del Estado en la tarea de evaluación, que concibe a las evaluaciones (Simce, PSU, Pisa, etc.) como únicos indicadores de la calidad de la educación, desatendiendo aspectos colaborativos y de apoyo a los docente ; b) el cierre de escuelas públicas, dado los malos resultados en estas evaluaciones; c) ampliación del sector privado, como consecuencia del cierre de escuelas públicas; y d) focalización en las tácticas individuales, que bajo este sistema educacional de mercado, deja a las familias como las únicas responsables de la educación de sus hijos.

A partir de estos antecedentes, como Departamento de Educación y Perfeccionamiento reconocemos el avance que significa la propuesta del Mineduc para definir el Plan de Evaluaciones 2016-2020, presentada por la subsecretaria de educación, Valentina Quiroga y el secretario de la Agencia de Calidad de la Educación, Carlos Henríquez, hace un par de días a los integrantes del Equipo de Tarea para la revisión del Sistema Nacional de Evaluación de Aprendizajes (comisión Simce) y los consejeros de la Agencia de Calidad de la Educación.

La propuesta expresa la intención de que los propios establecimientos educacionales, a través de sus comunidades educativas, puedan utilizar la información relativa a las evaluaciones para generar diagnósticos y posteriormente procesos de aprendizaje acordes con las realidades educativas de dichos establecimientos. En esta línea, la propuesta del Mineduc establece reducir en hasta un 50% las pruebas censales (pasando de seis a tres evaluaciones que rinden los alumnos en su paso por el sistema educacional), manteniendo fijas las pruebas para 4º básico y 2do medio, y alternando año por medio las pruebas para 6º y 8º básico. Asimismo, las pruebas de 2º y 8º básico se mantienen de manera muestral.

La propuesta también visualiza la confección de 2 pruebas muestrales; la de Formación Ciudadana que los 8º básicos rendirán en el año 2017 y la de Competencias Genéricas de la Enseñanza Media Técnico Profesional, a implementarse el 2020 para IVº medio.

Todas estas propuestas apuntan en el sentido correcto. Sin embargo, como lo hemos dicho reiteradamente, debemos avanzar hacia establecer apoyos técnico-pedagógicos efectivos garantizados por el Estado, ya que, y así lo ha demostrado la evidencia disponible, las evaluaciones y la rendición de cuentas no mejoran la educación por sí mismas. 

El reducir la cantidad de evaluaciones ha sido también la conclusión a la que llega el Colegio de Profesores, no sin antes establecer y explicitar en la propuesta no sólo el apoyo técnico-pedagógico que las comunidades educativas requieren en la generación de procesos de aprendizajes,sino además fomentar una cultura educativa que entienda que el sistema educacional no progresa en calidad y equidad si las evaluaciones estandarizadas representan el único instrumento válido de medición; resulta necesario dotar y fortalecer el apoyo a los docentes en la generación de conocimiento, empoderando a las comunidades educativas en la toma de decisiones respecto a la mejora constante de los procesos de aprendizaje. Este empoderamiento y reconocimiento del rol que se corporiza en las comunidades de aprendizaje debe expresarse en la discusión sobre Nueva Educación Pública, donde el eje del proceso formador debe anclarse en una educación provista y garantizada desde el propio Estado.

 

Departamento de Educación

COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE A.G.