El último episodio de intoxicación ocurrido en Quintero – Puchuncaví fue «la gota que rebalsó el vaso» para las organizaciones que velan por la vida y la salud de las comunidades que habitan en este cordón industrial ubicado en la costa de la Región de Valparaíso. Por eso, el pasado día viernes decenas de ciudadanos madrugaron para dirigirse al Palacio de la Moneda y exigirle al Gobierno que tome cartas en el asunto.

El objetivo: entregarle una exigitorio al Presidente de la República, Gabriel Boric, el que comenzaba con el siguiente enunciado: «Las comunidades educativas municipales de Quintero-Puchuncaví-Concón hemos visto transgredidos derechos constitucionales durante décadas y sumado a eso la pasividad de las autoridades llamadas a actuar en consecuencia. En vista de esos derechos fundamentales se hace exigible recuperación, compensación y no repetición de transgresión a estos derechos».

Misiva que fue puesta sobre la mesa ante el Ministro de la Secretaría General de Gobierno, Álvaro Elizalde, el Ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, la Ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas y la Delegada Presidencial, Sofía González, quien se comprometió a que las comunidades educativas contarán con un equipo de contención socio-emocional para abordar las alteraciones emocionales y psicológicas que alteran el bienestar de los estudiantes, padres, apoderados, profesores y asistentes de la educación cada vez que ocurre una intoxicación (Compromisos de cada una de las autoridades en documento adjunto).

Por otra parte, fue crucial la presencia de algunos parlamentarios en dicha reunión, uno de ellos fue el diputado Diego Ibáñez, quien justamente presentó  en la Cámara Baja junto a la diputada Francisca Bello el Proyecto de resolución por el cual se le solicita a el Presidente de la República que tome las siguientes medidas ante la crisis sanitaria y ambiental que afecta a las zonas de Concón, Quintero y Puchuncaví, que estipula:

1. Que se dicte un Plan de apoyo especial a la pesca artesanal de la zona.
2. Decretar una zona franca energética para los habitantes de las zonas de Quintero, Puchuncaví y Concón, con el objeto de que la comunidad no pague los altos precios de electricidad y combustible, ya que es una zona que contribuye a que el país pueda tener estos bienes necesarios para su funcionamiento llevándose todos los costos ambientales que ello implica.
3. Que las resoluciones calificación ambiental sean retroactivas, es decir, que las faenas creadas con anterioridad a la dictación de ley bases del medio ambiente también deban contar con RCA para poder continuar con sus faenas.
4. Que la desaladora ya aprobada para emplazarse en la zona sea reevaluada con rigurosos criterios ambientales junto a la comunidad.
5. Que se realice estudio de metales pesados a todos los habitantes de las comunas de Quintero, Puchuncaví y Concón.
6. Que se fortalezca la atención médica especializada en intoxicación y salud mental presente en la zona.
7. Que se realice un plan de infraestructura en establecimientos educacionales, con el objeto de mejorar la respuesta que estos puedan tener ante los eventos de contaminación.
8. Que se establezca una asignación especial por zona de riesgo a trabajadores de la educación y personal salud, con el objeto de que opten a dignidad salarian considerando el especial factor de riesgo en que se encuentran trabajando.
9. Que el estado homologue las normas primarias de aire, agua y suelo sobre material particulado, dióxido de azufre y NOX de acuerdo con los estándares establecidos por la Organización Mundial de la Salud. Además, El ejecutivo debe crear a la brevedad una norma primaria de arsénico de sueldo, aire y agua.
10. Que respecto al punto anterior se ponga urgencia al proyecto de ley boletín N°15461-12 del Senador Juan Ignacio Latorre tendiente a la homologación de las normas OMS.

 

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