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28 Noviembre 2013.- En la jornada de ayer, el Senado aprobó indicación parlamentaria sobre esta materia y gobierno debe entregar informe el 31 de enero de 2014 para zanjar tema.

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3 Dic 2012.- Diputado Gutiérrez y Senador Larraín calificaron de legítimas demandas del profesorado.

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20 junio 2013.- Dirigentes del Magisterio, encabezados por su presidente nacional, informaron a docentes jubilados sobre últimos avances en el tema de la deuda histórica.

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31 enero 2013.- El presidente del Colegio de Profesores de Chile, Jaime Gajardo, se reunió con el nuevo director de la OIT, Guy Ryder, quien comprometió pronunciamientos y una declaración oficial del organismo por la deuda histórica a los maestros y el sistema previsional chileno. El sindicalista internacional exigió al gobierno chileno propiciar el diálogo

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30 mayo 2013.- Importantes señales de adhesión a la demanda por el reconocimiento y pago de la llamada deuda histórica de los profesores se produjeron esta semana, luego que senadores oficialistas y opositores presentaran sendos proyectos de acuerdo con mecanismos concretos para avanzar en una solución definitiva al problema.

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19 junio 2013.- No prescripción de la deuda, diálogo y cumplir convenio 35 serán las recomendaciones de la organización que se conocerán en septiembre.

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1) El área educacional fue una de las mas afectada por la política instaurada durante el dictadura militar, por lo que, no es de extrañar que el magisterio haya sido el sector laboral que sufrió el mayor deterioro en sus condiciones de trabajo.

2) A partir del año 1974, se produce un grave deterioro en las remuneraciones del personal docente. Basta un solo dato para comprender la cuantía de ese deterioro. De cada $100 que ganaba un profesor el año 1972, esa cifra se había reducido a $28 el año 1981. A esto se agrega, que durante este período, (1974 – 1981) se les rebajó el reajuste trienal y se eliminó la asignación profesional de un 25% sobre su sueldo base.

3) En estas circunstancias, el DL N° 3551 publicada en el Diario Oficial del 2 de enero de 1981, trató de compensar, aunque en mínima parte, este grave deterioro mediante la asignación no imponible contenida en su artículo 40. Esta asignación debía pagarse entre los años 1981 y 1984, en los plazos y porcentajes previstos en los artículos 37 y 40 del citado Decreto.  Posteriormente, la Ley 18.641 de 1985 amplió estos plazos hasta el año 1988. En la práctica, ningún docente traspasado recibió íntegramente la mencionada asignación.

4) La dictación del referido DL, se produce en el marco del proceso de traspaso del personal docente de la educación pública a las Municipalidades, que se desarrolló principalmente durante los años 1981 y 1982, concluyendo en 1986.

5) Este traspaso no fue una opción para los docentes afectados, sino que una imposición a la que no podían oponerse y sin que existiera una instancia para apelar o reclamar. La denominada “Cartilla Informativa para el personal que se traspasa a la administración municipal”, es clara y categórica al respecto. En ella se establecía que si el docente no aceptaba y se negaba a firmar la notificación de su traspaso, bastaba la declaración de dos testigos para que se diera por aceptada, “produciendo los mismos efectos legales que si se hubiera firmado, es decir, la declaración de vacancia del cargo”. Todo esto, en medio de una grave crisis económica y de alta cesantía, es decir, se encontraban en la más completa indefensión.

6) Al momento de producirse los traspasos, la condición legal del personal docente era la propia de los funcionarios públicos, regulada por el Estatuto Administrativo contenido en el DFL 338 de 1960, y su carrera funcionaria se regía por el DL 2327 de 1978 y por el DS. 1191 del mismo año.

7) En materia de remuneraciones, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2° transitorio de la Ley 18.096, las municipalidades mantuvieron el régimen que los docentes traspasados tenían como funcionarios públicos. En efecto, la citada disposición legal establece que “dichos personales tendrán como remuneración imponible la del grado que tengan asignado al momento del traspaso”, agregando que “dicha imponibilidad se reajustará en el mismo porcentaje que pueda concederse a futuro a dicho grado por aplicación de reajustes generales”. En esta forma, resulta evidente que se reconoce que las remuneraciones percibidas, entre ellas la del artículo 40 del DL 3551, y los reajustes futuros, se habían incorporado al patrimonio de este personal.

8) Se ha desconocido ese derecho y negando que la asignación referida se haya incorporado al patrimonio de los docentes traspasados. Esta pretensión se funda en lo dispuesto en los artículos 4 del DFL 1-3063 de 1980 y 15 de la Ley 18.196 de 1982, que suprimió y sustituyó al anterior, y en el inciso 1° del artículo 9°, de la Ley 18.602 de 1987. A este respecto, cabe señalar lo siguiente: a) El DFL 1-3063 de 1980, es anterior al DL 3551 que empezó a regir el 2 de enero de 1981, fecha de su publicación en el Diario Oficial, por lo que, no puede derogar, modificar, suprimir o alterar en forma alguna, lo establecido en una disposición legal posterior; b) Las Leyes 18.196 de 1982, y 18.602 de 1987, si bien son posteriores, no se refieren en particular a la asignación no imponible del artículo 40 del DL 3551, sino que, al régimen previsional y sistema de remuneraciones y reajustes del personal docente traspasado, que pasaría a regirse por las normas del sector privado. En consecuencia, formando parte de esas remuneraciones la citada asignación no imponible, ésta no sería afectada por dichas leyes.

9) Debemos reiterar, que el DFL 1-3063, la Ley 18.196 y la Ley 18.602, antes citadas, como tampoco ningún otro texto legal, disponen suprimir la remuneración no imponible del artículo 40 del DL 3551. En consecuencia, lo imponible y lo no imponible integraban el patrimonio remuneracional de los docentes traspasados.

10) En las condiciones expuestas, la negativa a pagar la asignación del artículo 40 del DL 3551, constituye una violación al derecho de propiedad de los docentes que la habían incorporado a su patrimonio, incurriendo en una evidente infracción a lo previsto en el N° 24 del artículo 19, de la Constitución, que “asegura a todas las personas” “El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales”, entre los cuales, como es obvio, se encuentra la referida asignación. Generó además, una odiosa discriminación que se mantiene hasta ahora. Los funcionarios que trabajaban en las entidades públicas beneficiadas por el citado DL 3351, recibieron íntegramente los emolumentos y asignaciones que esa norma legal establece, no así el personal docente. Más aun, al interior de este último se produce una segunda discriminación, pues aquellos que continuaron trabajando en el Ministerio de Educación realizando tareas administrativas, recibieron el pago de la asignación referida y la siguen recibiendo hasta hoy, mientras que se negó a los docentes traspasados a las municipalidades. La diferencia entre unos y otros es del orden del 30%. Esto último, constituye otra infracción constitucional, la del número 2 del artículo 19 de la Constitución que a la letra establece que “ninguna Ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias”. Por último se configura también  una infracción al N° 16 del mismo artículo 19, que establece que “Toda persona tiene derecho a la libre contratación y a la libre elección de trabajo con su justa retribución”.

11) Los montos involucrados son cuantiosos:

A) De acuerdo a cálculos del Colegio de Profesores de Chile, los docentes afectados serían 93.089, (61.353 de la enseñanza básica y 31.736 de la enseñanza media). Sus pérdidas, por el incumplimiento en el pago de la asignación tantas veces citada, serían del orden del 30% de sus sueldos, por lo que, un cálculo aproximado permitiría concluir que el monto total adeudado a esos docentes, sería del orden de US$ 14.000.000.000 (catorce mil millones de dólares).

 

B) Una Comisión Especial de la Honorable Cámara de Diputados sobre Deudas Históricas, fija el número de docentes afectados en 84.548 y el monto total que se les adeudaría sería de 6,6 billones de pesos, que expresados en dólares alcanzaría a US$ 11.637 millones. Posteriormente, a partir de algunos ajustes y de considerar las estimaciones del Colegio de Profesores, Municipalidades y Ministerio de Educación, concluye que el número de docentes afectados alcanzaría a 84.002 y el monto total de la deuda sería de 5,2 billones de pesos, equivalente a US$ 9.133 millones.

12) El Colegio de Profesores de Chile, comprende la dificultad de que se cancelen íntegramente los montos adeudados, cualquiera que sea el cálculo que en definitiva se aplique, y han estado y siguen estando abiertos a una negociación para buscar fórmulas que permitan compensar, aunque sea en parte, el daño patrimonial causado. En este contexto, existen dos pronunciamientos unánimes del Senado de la República, que expresan su disposición a colaborar en la búsqueda de mecanismos que hagan posible una solución justa y viable. La Cámara de Diputados por su parte, ha constituido, como se señaló anteriormente, una comisión especial abocada al estudio de la deuda histórica de distintos estamentos de nuestra sociedad, entre ellos el Magisterio, y ha hecho llegar al Gobierno un informe amplio y detallado y propuestas de solución, las que lamentablemente éste último ha rechazado y sigue negándose hasta ahora. No es posible silenciar que en estas circunstancias, sin pronunciarse sobre el fondo, los fallos que han acogido el abandono de la instancia en un caso y la prescripción en otro, ratificados con votos disidentes por la Corte Suprema, dificultan en la práctica un proceso de negociación.

13) Son varias las demandas, que se ha entablado con motivo del incumplimiento en el pago de la asignación no imponible tantas veces referida. Existe una jurisprudencia contradictoria a este respecto. Son numerosas las acciones entabladas en contra de diversas municipalidades. Algunas sentencias han rechazado los reclamos de los docentes afectados y otras han acogido sus pretensiones. Existen Municipalidades que han pagado la asignación del artículo 40 del DL 3551 y otras han alcanzado acuerdos extrajudiciales.

14) No se trata de un problema político como algunos pretenden. Es una controversia jurídica en la que se persigue el cabal cumplimiento de la Ley.  Pero es también un problema de justicia en su acepción más amplia y moderna, que la que permitiría un positivismo estricto que el transcurso del tiempo ha ido superando. En esta controversia, inciden también factores éticos y morales que no pueden desconocerse, como no puede tampoco desconocerse el perjuicio real y cuantioso, del que han sido víctimas cerca de 100.000 profesores, en las condiciones de indefensión antes señaladas.

15) Los profesores afectados pueden tener distintas opciones ideológicas y posiciones políticas, pero están unidos, como es lógico, en la defensa de sus legítimos derechos. La circunstancia que hayan prestaron testimonio en numerosos  juicios y hecho público su respaldo a los requerimientos del magisterio, personalidades de distinta militancia y orientación ideológica, entre otros, Mónica Madariaga Gutiérrez, ex Ministra de Educación del régimen militar, el actual Senador Hernán Larraín Fernández, ex Presidente de la UDI, el ex Diputado socialista Felipe Valenzuela Herrera, y Monseñor Alfonso Baeza Donoso, Vicario de la Pastoral Social del Arzobispado de Santiago; los dos acuerdos aprobados por unanimidad en el Senado de la República; y la constitución de la comisión especial de la Cámara de Diputados y su informe aprobado en forma unánime por sus integrantes, constituyen pruebas evidentes de que no se trata de un problema político ni de crítica política, sino de justicia, de equidad, de ética y de moral.

16) En relación a esta materia, debemos reiterar que la asignación prevista en el artículo 40 del DL 3551, se incorporó al patrimonio de los beneficiados por ella, entre los cuales estaba el personal docente del Ministerio de Educación, a partir de su publicación en el Diario Oficial el 2 de enero de 1981. Se trata en consecuencia de un derecho adquirido y no de una mera expectativa, por lo que, el cambio de dependencia desde la administración central a la municipalizada no puede servir de pretexto para desconocerlo. El traspaso al sector privado no implica ni puede implicar tampoco, una derogación legal de la asignación del citado artículo 40 del DL 3551.

17) Habiéndose agotado las instancias judiciales en Chile, se han interpuesto dos denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. La primera,  por 852 profesores patrocinados por el abogado don Ciro Colombara, la que recientemente fue declarada admisible por esa Comisión. La segunda, por 22.593 docentes patrocinados por los abogados señores Enrique Moreno, Miguel Ortega, Aníbal Palma y Roberto Garretón. El Colegio de Profesores de Chile compareció ante la CIDH como parte coadyuvante de esta segunda denuncia, por tener esa institución gremial, el mayor interés en sus resultados y haber prestado apoyo a numerosas demandas en Chile. Esta última denuncia fue enviada con fecha 19 de Diciembre del año 2012, a la citada Comisión, la que acusó recibo el 7 de Marzo de 2013 y se encuentra actualmente en estudio para pronunciarse sobre su admisibilidad.

 

 

DIRECTORIO NACIONAL

COLEGIO DEPROFEORES DE CHILE A.G.

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24 abril 2013.- Ante la declaración de admisibilidad que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a los casos por deuda histórica, una comitiva del Colegio de Profesores sumó estos antecedentes al reclamo ante la Organización Internacional del Trabajo en Santiago.

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18 Abril 2013.- Tras ocho años, la entidad declaró que deuda existe, y a partir de ahora, estableció un paso de tres meses para que se presenten observaciones, poniéndose a disposición de las partes a fin de llegar a una solución. De no ocurrir esto, la Comisión llevaría el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

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3 junio 2013.- Cientos de profesores asistieron a la charla organizada por el Colegio de Profesores y el CENDA.

 

En una actividad que se desarrollará en distintas localidades del país, cientos de profesores de la comuna asistieron a la charla organizada por el Colegio de Profesores y el Centro de Estudios Nacional para el Desarrollo Alternativo, CENDA

Con gran asistencia de profesores, trabajadores y dirigentes sociales, se desarrolló el foro-seminario “Modelos previsionales alternativos”, esta vez en la comuna de San Miguel, con el fin de informar y alertar sobre los abusos que el actual sistema de capitalización individual, administrados por las Aseguradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

El especialista de CENDA, el economista Gonzalo Cid, fue el encargado de entregar a los presentes un acabado análisis de las inconsistencias de un sistema que termina siendo subsidiado por el Estado, y que entrega pensiones miserables que promediarían los 200 mil pesos, una realidad que sorprendió a asistentes de todas las edades.

Por esto, el presidente del Colegio de Profesores de Chile, Jaime Gajardo, llamó a los docentes a estar atentos para impulsar las reformas necesarias al sistema que plantean los entendidos, que van desde la coexistencia del modelo de reparto solidario como el que existía antes de la creación de las AFP, hasta el fin definitivo de este sistema de aseguradoras.

“Debemos estar atentos y unidos para empujar todos en la misma dirección para cambiar este sistema. No puede ser que un profesor que trabaja 40 años de su vida termine recibiendo pensiones de miseria en el momento que más se necesita”, dijo el dirigente de los maestros.  

Esta actividad se repetirá en otras comunas del país con el fin de llevar la información hasta las bases del profesorado, según contó el presidente del gremio: “Estaremos pronto en Valparaíso, Talca y otras regiones para desnudar y denunciar esta delicada situación que afecta a los trabajadores chilenos.”

Ver video aquí https://www.youtube-nocookie.com/embed/GKgCfDwybuk?rel=0

Departamento de Comunicaciones
COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE

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