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Esta semana, como tantas otras veces, ha vuelto a ser noticia el Conservador de Bienes Raíces de Santiago y la extensa red de favores que desarrolla vía contratación de parientes y amigos en sus dependencias, que son un servicio público entregado a la administración de un particular para lograr supuestas ventajas para todos pero que, en la práctica, terminan siendo favores para unos cuantos privados y problemas para todo el público. Esto que no es nuevo en materias de Bienes Raíces pasa también en Educación, y con consecuencias tanto más graves.

La idea de que un particular administre y sostenga un servicio público que provee bienes públicos necesarios para toda la comunidad no solo está a la base del sistema de Notarios y Conservadores en Chile, sino que también se exportó al mundo de la Educación a través de la creación de las Corporaciones Municipales de Educación. La lógica impuesta decía que, en vez de fortalecer y agilizar los Departamentos Municipales de Educación, debían crearse Corporaciones de Derecho Privado que recibieran los fondos públicos municipales destinados a Educación y los administraran con las reglas de cualquier entidad privada, permitiendo con ello más eficiencia, rapidez, ahorro y tantas otras ventajas de lo privado frente a lo estatal, en teoría.

Por supuesto, el resultado de ello ha sido un desastre. Si en Notarios y Conservadores se vive un monopolio legal, tarifas abultadas, mala atención y tramitación lenta, en Educación las consecuencias de este modelo privado sobre un servicio público son bastante más severas. De partida, las Corporaciones Municipales están violando hoy, día a día, derechos fundamentales de trabajadoras y trabajadores de la Educación, en tanto les privan a maestras y maestros de su sueldo y de cotizaciones previsionales, lo que redunda directamente en perjuicio de su derecho a la seguridad social.

Escribo estas líneas desde Chiloé, provincia icónica al respecto, pues prácticamente todas las comunas de la zona convirtieron sus Departamentos de Educación Municipal en Corporaciones, y en prácticamente todas esas comunas hay problemas de pagos de sueldos y, sobre todo, de pago de cotizaciones previsionales, que están afectando ahora mismo a cientos de docentes, pero que les afectarán aún más en los próximos años cuando no puedan jubilar porque lisa y llanamente no tienen fondos en su AFP para hacerlo. Si el sistema de pensiones chileno ya es malo, imagínese como es enfrentarlo con lagunas de años, lagunas producidas por la inoperancia de Corporaciones que basadas en «lo privado» iban a ser más eficientes y terminaron siendo todo lo contrario.

El no pago de cotizaciones es solo uno de tantos problemas de estas Corporaciones, que administran mal la educación de nuestro país, despilfarran fondos y, más encima, cargan con un manto de dudas sobre cómo se las utiliza como aparatos de favores políticos de las autoridades de turno, ya que al ser Corporaciones de Derecho Privado se hace más difícil la fiscalización por parte de la Contraloría, el Concejo Municipal u otras instancias que podrían verificar lo que sucede en cada una de estas instituciones.

En síntesis, la aplicación de la lógica privada en lo que debiese ser un servicio público de excelencia golpea tanto a los Notarios y Conservadores como a las Corporaciones de Educación, generando pésimos resultados. Es hora, pues, de avanzar en una administración y sostenimiento directo del Estado, con las mejores prácticas, las mayores garantías, el financiamiento correcto y todo aquello que constituye un servicio público de excelencia, como debe ser. Si no, seguiremos teniendo favores entre privados y unos gigantescos problemas públicos.

Puedes revisar la columna aquí: https://www.biobiochile.cl/noticias/opinion/tu-voz/2022/12/02/favores-privados-problemas-publicos.shtml