COLEGIO DE PROFESORES EXIGE INMEDIATAS MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA ESTUDIANTES Y PROFESORES DE COPIAPÓ EXPUESTOS A GASES EXPLOSIVOS
Directivos del gremio docente presentaron una carta a la Ministra de Educación, Marcela Cubillos, para que entregue una respuesta a la brevedad sobre la grave situación de la Escuela Las Brisas y el Liceo el Palomar de Copiapó que están en riesgo por emanación de gases explosivos.
“La Corte de Apelaciones ordenó la suspensión de clases y además, que las autoridades competentes arbitraran todas medidas necesarias y a la fecha eso no ha ocurrido. Nosotros pedimos que la máxima autoridad en Educación intervenga en este asunto. Mientras se hacen campañas publicitarias respecto a la seguridad, aquí hay un problema concreto y gravísimo de seguridad. Aquí hay un riesgo de una explosión en cualquiera de esos colegios y por lo tanto, la situación es de extrema gravedad”, apuntó Mario Aguilar, Presidente del Colegio de Profesores.
El Magisterio denuncia que el municipio local suspendió las clases sólo tras resolución de la Corte de Apelaciones de Copiapó el lunes 11 de marzo, tres días después de la presentación un recurso de protección por parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) que solicitó no exponer a la comunidad educativa al peligro de explosión y a los efectos de la contaminación.
“Aquí hay dos escuelas públicas prácticamente abandonadas, tal vez, porque son de regiones, porque son escuelas públicas. Nos preguntamos ¿Acaso hubiese sido posible que en un colegio particular pagado del barrio alto de Santiago, el ministerio hubiera permitido durante mucho tiempo que funcionara con gases explosivos y con el peligro que eso significa? Aquí hay un grave caso de discriminación, de centralismo y de desatención de las autoridades de sus obligaciones”, sostuvo Aguilar.
El Colegio de Profesores solicitará que la investigación que presentó el INDH para el recurso de protección a favor de dos establecimientos se extienda al conjunto de establecimientos de la ciudad de Copiapó tanto municipales como particulares. “Es una ciudad que todavía tiene consecuencias no resueltas que dejó el aluvión de 2015, que arrastró material toxico de origen minero y estas situaciones persisten. La medida que ordenó el tribunal fue suspender las clases y de momento eso sería por 90 días, y el municipio está reubicando a los niños, pero eso no es una solución. Lo que pedimos es que las escuelas dejen definitivamente de estar contaminadas con gases explosivos, eso es lo que pedimos a la autoridad y que tome cartas en el asunto”, remató el máximo directivo docente.
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